El Pleno de la Cámara de Senadores avaló los cambios que realizó la colegisladora a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual plantea crear un sistema de control de confianza para que servidores públicos de la Profeco estén sujetos a controles más rigurosos de probidad, de honestidad y de condición patrimonial, con el fin de evitar actos de corrupción en los métodos de verificación de productos o servicios.
La propuesta que fue presentada por el vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo, pretende implementar la evaluación a los mandos que coordinen estas actividades, el cual consistirá en exámenes patrimoniales y de entorno social; psicométricos, psicológicos y toxicológicos.
Aureoles Conejo expuso que, según el Ãndice de Percepción de Corrupción 2008, de Transparencia Internacional, señaló que México forma parte de las 22 naciones del Continente Americano con problemas “preocupantes†de corrupción.
Al subir a Tribuna para hablar al respecto, comentó que hay quejas recurrentes en temas como: costos de los energéticos, con la gasolina, con el gas y otros productos que permanente presentan cambios en el precio o que no se recibe la cantidad que el consumidor paga por ese producto o servicio.
Dijo que también existen inconformidades en los porcicultores mexicanos, ya que las “carnes que ingresan al paÃs vienen de dudosa calidad y que en las verificaciones no hay certidumbre ni mecanismos de seguimiento para revisar que esos productos cumplan con la calidad deseadaâ€.
El legislador por Michoacán subrayó la urgencia de evitar “nichos de oportunidad para la corrupción†y proteger a los consumidores de abusos provenientes de la iniciativa privada y las propias autoridades.
Al aplicar los controles de confianza, dijo, “lograrÃamos que los servidores públicos que realicen esta importante tarea para la economÃa mexicana no se dejen corromper y cumplan con su deberâ€, sostuvo.
El senador del PRD, destacó que la evaluación de los servidores públicos se justifica en la necesidad de cumplir con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad.
“Los servidores públicos deberán ser citados a la práctica de los exámenes respectivos y en caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aptosâ€, abundó Silvano Aureoles.
