MORELIA, Mich., 21 de agosto de 2026.— Colectivos ambientales y ciudadanos organizados demandaron la suspensión inmediata de la tala de árboles vinculada a las obras del proyecto de transporte “Morebús”, tras denunciar que las labores continúan bajo presuntos actos de intimidación y al margen de los principios de precaución ambiental previstos en el marco jurídico nacional e internacional.
A través de un pronunciamiento emitido en la capital michoacana, la agrupación Ciudadanos Preocupados por la Defensa Ambiental de Morelia emplazó a dependencias estatales y municipales —entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente (SECMA), la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PROAM), la Secretaría de Movilidad y Accesibilidad Sustentable (SEMAS), el Consejo Estatal de Ecología (COEECO), la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Morelia— a respetar de manera estricta el mandato constitucional que consagra el derecho humano a un medio ambiente sano.
En el documento, los firmantes recordaron que tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán obligan a las instituciones públicas a anteponer la prevención frente a cualquier daño ecológico irreversible. En ese sentido, advirtieron que la falta de un decreto de Área Natural Protegida en las zonas de intervención no exime a los ejecutores de la obra de evaluar el impacto sistémico del arbolado urbano ni de cumplir cabalmente con la normatividad ambiental aplicable.
El colectivo denunció asimismo un incidente ocurrido durante la madrugada del pasado jueves 20 de agosto, cerca de las 12:50 horas, cuando un grupo de civiles no identificados ni uniformados arribó a los puntos de intervención para restringir el libre tránsito, amedrentar y burlarse de las personas que vigilaban el sitio, con la finalidad de forzar el avance de la maquinaria pesada y la tala nocturna de ejemplares.
Ante estos hechos, las organizaciones presentaron una serie de exigencias puntuales a las autoridades involucradas: la suspensión precautoria e inmediata de todo derribo o afectación a la masa arbórea; la instalación de una mesa de diálogo formal y vinculante integrada por autoridades, especialistas académicos y defensores ambientales; el rediseño técnico del trazo del “Morebús” para priorizar la conservación in situ y restringir los trasplantes únicamente a casos indispensables; así como el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades legales por los actos de intimidación reportados.
Finalmente, los activistas convocaron a la población a respaldar la recolección de firmas ciudadanas y urgieron a los tres órdenes de gobierno a brindar una respuesta formal bajo el derecho de petición garantizado por el artículo 8° constitucional, sentenciando que la preservación del patrimonio arbóreo de Morelia no constituye un obstáculo al desarrollo urbano, sino un requisito imprescindible para su viabilidad y legitimidad.
