Lorena Cortés
Después del asesinato de cinco agentes de la Guardia Civil en la meseta purépecha y de la detención de Raúl “N” y Jorge Antonio “N”, mandos de la policía de Zacapu señalados por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, volvió a plantearse una salida tan llamativa como desesperada, desaparecer las policías municipales del país y entregar sus funciones a la Guardia Nacional.
El problema es real. En Michoacán hay corporaciones municipales penetradas por el crimen organizado, mandos capturados y territorios donde el Estado llega tarde o no llega. Pero de ahí a concluir que la solución es desaparecer a todas las policías municipales hay una distancia enorme. Implicaría eliminar de un plumazo a un nivel completo de gobierno en materia de seguridad, previsto en el artículo 115 constitucional, desde el desconocimiento de lo que la propia evidencia mexicana e internacional lleva más de una década documentando.
Borrar la primera línea del Estado no es gobernar. Desaparecer policías municipales no es una señal de autoridad si antes no se hizo el trabajo de supervisarlas, profesionalizarlas y defenderlas. Un Estado con capacidades, con talento no borra sus instrumentos, los recupera. Los limpia, los fortalece y castiga a quienes permitieron su captura.
Además, la propuesta ignora un dato elemental; las policías municipales no son un accesorio, son la primera línea del Estado. Como sostiene Bernardo León Olea en Azul Puro, la policía municipal y la justicia cívica son claves para atender la conflictividad cotidiana, porque más del 90% de los delitos que afectan directamente a la población pertenecen al fuero común, desde robos en sus distintas modalidades, extorsiones, violencia contra las mujeres, feminicidios, faltas administrativas y conflictos que ocurren en la calle, en la colonia y en el entorno inmediato de las personas.
León Olea ha sido todavía más claro; si la policía municipal no hiciera nada, al día siguiente el sistema de justicia se quedaría sin buena parte de su materia prima, porque nadie estaría llevando detenidos ante la autoridad. De acuerdo con reportes sobre sus planteamientos, las policías municipales realizan alrededor del 75% de las detenciones en el país, aunque operan con recursos limitados frente al costo y despliegue de corporaciones federales.
Ese es el absurdo de fondo; se pretende desaparecer al nivel policial que más contacto tiene con el ciudadano, que más productividad tiene frente a la justicia cotidiana.
La Guardia Nacional puede contener, reforzar, acompañar y, sobre todo, aportar inteligencia frente a delitos del fuero federal y amenazas de mayor escala. Pero no sustituye la proximidad de la policía municipal. No conoce cada colonia, cada camino, cada mercado, cada esquina caliente, cada familia bajo amenaza ni cada comercio extorsionado. En México, más del 90% de los delitos que afectan directamente a la población pertenecen al fuero común que van desde robos, extorsiones, violencia familiar, violencia contra las mujeres y faltas que ocurren en la calle.
Lo demás es admitir, con lenguaje desesperado, que no hay idea, no hay método y no hay capacidades suficientes. También explica el daño que la partidocracia le ha hecho a las instituciones, mucha lógica de control político y poca construcción institucional.
Por eso la “idea” resulta preocupante. Cuando se afirma que “en un momento dado se debería quizá pensar que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma funciones de policías nacionales”, no se está formulando una política pública seria; se está revelando una enorme pobreza de diagnóstico. Se confunde el síntoma con la institución y la infiltración criminal con la existencia misma del municipio.
México no necesita menos policía municipal; necesita una policía municipal mejor supervisada, profesional, protegida y reconstruida. Desaparecer la institución que atiende la conflictividad cotidiana no produciría más seguridad, sino más distancia entre el Estado y la calle. Si ante la infiltración criminal la respuesta es borrar instituciones en lugar de depurarlas y fortalecerlas, el mensaje al crimen organizado es devastador, basta con corromper lo suficiente para que el propio Estado se retire. Eso no es estrategia; es rendición institucional.
Borrar instituciones no es gobernar. Borrar la policía municipal tampoco es construir seguridad. Es abandonar la primera línea del Estado cuando más se necesita reconstruirla.
La policía municipal no se borra, se depura, se supervisa, se profesionaliza y se defiende. Lo contrario es reconocer que nunca se entendió la función del Estado ni del sistema de seguridad pública. El mensaje es brutal, un gobierno que abandona sus propias instituciones frente al crimen.
