“El capital no es un mal en sà mismo, el mal radica en su mal uso.†Mahatma Gandhi
Este pasado 14 de febrero el presidente Felipe Calderón anunció, que con base en las facultades que le otorga la Constitución General de la República, las colegiaturas que se paguen en escuelas particulares serán deducibles de impuestos.
Esto ha generado polémica por muy diversas razones entre los que están a favor y los que están en contra de esta medida. Creo importante definir, bien, en qué consiste la propuesta del presidente y sus implicaciones.
Esta medida hará posible deducir las colegiaturas pagadas este 2011 pero hasta la declaración anual del ejercicio, lo cual se efectuará hasta principios del 2012 y se podrá hacer solo por los pagos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o equivalente, es decir no incluye la universidad, ni tampoco inscripciones, material didáctico, libros, útiles o uniformes.
Es requisito que estas escuelas privadas cuenten con reconocimiento y validez oficial y que se trate de los estudios del propio contribuyente, su cónyuge, de sus hijos o de sus padres.
La deducción tiene como lÃmite el equivalente a lo que paga el Estado en promedio por este servicio en las escuelas públicas en cada uno de estos niveles, es decir anualmente pesos más o pesos menos: 14 mil para preescolar, 13 000 para primaria, 20 mil en secundaria, técnico profesional 17 mil y prepa 24 500, siempre que estos dependientes no obtengan ingresos superiores a un salario mÃnimo anual. Estos topes hacen que el impacto sea proporcionalmente mayor para las familias con menores ingresos, al tiempo que acota el beneficio sobre todo de las escuelas caras que beneficiarÃan a pequeño segmento de más altos ingresos de la población.
El costo de esta medida se cubrirá con ahorros que genera la Administración Pública Federal, no afecta las estimaciones de ingresos del presente ejercicio. Además, los recursos que el gobierno destine para este apoyo no afectan, de manera alguna, los programas que se están llevando a cabo para aumentar la cobertura y la calidad de la educación pública. Estos recursos representan más o menos 13 mil millones de pesos, que ciertamente se oyen muchos, pero consideremos que de 2006 que entró Felipe Calderón se gastaban 377 mil millones en el sector educativo y ahora este año se van a gastar 531 mil millones, esto es 40% más, y actualmente el gobierno federal da 7 millones de becas. AsÃ, en diez años el gobierno federal ha entregado a los estados 3.5 billones de pesos para educación, seguridad, salud e infraestructura social, cantidad equivalente al 34 por ciento de lo que recaudó por impuestos en esa misma década.
La medida busca atender a un principio de justicia distributiva ya que los padres o tutores de los alumnos que acuden a escuelas privadas, sin representar un costo para la educación pública, sà aportan a través de sus impuestos con el financiamiento de ésta.
Cabe señalar, que contrario a varios detractores la propuesta no se trata de una decisión exclusiva del Gobierno Federal, es retomada de varias iniciativas de diputados del PRI, Verde Ecologista y PAN.
No pocas han sido las voces que exigen, difiriendo con lo propuesto por el Ejecutivo Federal, que los recursos que se van a destinar a este programa deberÃan sumarse a lo invertido en la educación pública. Sin embargo el problema de la educación pública no pasa sólo por la ampliación de sus ingresos, sino también, y primero, por hacer más eficiente lo ya presupuestado. El más reciente estudio elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la PolÃtica de Desarrollo Social (Coneval), reveló que en los dos últimos sexenios estos recursos enviados a las entidades por medio de ocho fondos del Ramo 33 para obras sociales han sido ineficientes. La falta de transparencia en el uso y destino del dinero que reciben, por parte del gobierno federal, ha sido la constante de los gobiernos estatales.
Ejemplo de lo anterior son las recientes observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal entregado al Gobierno del Estado de Michoacán en el 2009, donde se destaca que el Gobierno Estatal “no se cuenta con una identificación que permita la transparencia en la aplicación del recurso proveniente del FAEB; los recursos y sus rendimientos no son transferidos en tiempo y en su totalidad dentro del ejercicio; se incumple la normativa vigente… existen deficiencias en el control de nómina debido a que se encontraron centros de trabajo no autorizados o clausurados con pagos realizadosâ€.
Creo que esta medida representa en términos de paÃs una buena noticia y de ninguna manera algo que perjudique a los que estudian en escuelas públicas. De ninguna manera se trata de trazar un camino para privatizar la educación, pero sà se contribuye a fomentar la competencia y evitar que el monopolio de la educación se lo arrogue el Estado. El beneficio directo va a ser para más de 3 millones de niños y jóvenes de todo México, quienes asisten a poco más de 32, 800 escuelas, y va a contribuir que el gasto en muchos hogares rinda más.
La deducción contribuirá a evitar que la educación de niños y jóvenes se vea interrumpida por falta de recursos. Permitirá a las familias contar con recursos adicionales para realizar otro tipo de gastos. AsÃ, por una parte contribuimos a mejorar la calidad de vida de las familias y por otra liberamos recursos de las familias para el consumo, en beneficio de la reactivación de nuestra economÃa. En el largo plazo, un paÃs con mayor educación y capital humano tiene más productividad, mayor ingreso y por lo tanto –en el muy largo plazo- se fortalecen las finanzas públicas.
Se trata de una medida largamente esperada por miles y miles de familias en todo el paÃs, que se esfuerzan todos los dÃas en sacar adelante a los suyos y en cubrir su educación con enormes esfuerzos.
