El concepto de soberanía se refiere al uso del poder de mando o del control político que se ejerce e implica la existencia de algún tipo de gobierno independiente que se apoya en la racionalización jurídica del poder. La soberanía incorpora la noción de legitimidad en oposición al uso arbitrario del poder por parte de los actores que se amparan en la fuerza y en la coerción para imponerse sobre los demás. Implica entonces la transformación de la fuerza en poder legítimo. El paso del poder de hecho al poder de derecho.

Asimismo, implica la capacidad de autodeterminación que tiene un Estado frente a otros, es decir de tomar sus propias decisiones políticas, económicas y sociales, además de la implementación legal e institucional para cumplimentar sus objetivos.

Entonces, cuando un Estado condiciona, coacciona o provoca la inestabilidad política, económica, social o jurídica de otro Estado invade su ámbito de decisión.

Bajo estos argumentos es indudable que la introducción de armas con el consentimiento del Estado norteamericano en territorio mexicano, con el objetivo de equipar a la delincuencia organizada, es un ataque a la soberanía mexicana.

La semana pasada se dio a conocer que entraron a México provenientes de Estados Unidos cerca de 2000 armas de alto poder, el dato de por si preocupante resulta más cuando es sabido que este contrabando fue patrocinado por la Oficina de alcohol, tabaco y armas del gobierno EUA, este operativo denominado “Rápido y Furioso” buscaba seguir la ruta de las armas ilegales que llegan a México, pero algo falló en el camino y muchas de estas armas fueron a parar a manos de las delincuencia organizada contribuyendo a incrementar el número de muertes en nuestro país.

El caso fue descubierto, luego de que una cadena de noticias (CBS News) publicó las revelaciones del agente federal norteamericano John Dodson, quien denunció que él y sus compañeros recibieron órdenes de sus superiores de dejar pasar armas a México como parte de la operación Rápido y furioso. Los operativos del gobierno de Estados Unidos en los que se permitió el tráfico de armas a México comenzaron en 2008, de acuerdo con un nuevo reporte de la cadena de televisión estadounidense.

Esto, que parece confirmarse por diversas fuentes es resulta, sin duda, un agravio inadmisible desde cualquier punto de vista para todos los que vivimos en este país.

Esta operación oficial del gobierno de E.U.A constituye un escándalo pues se hizo en forma encubierta sin que el gobierno Mexicano estuviera informado y viola las propias normas del aquel país que prohíben la exportación de este tipo de armas.

La CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, firmada y ratificada por México y E.U.A., fue aprobada en la primera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos celebrada el 13 de noviembre de 1997 y señala con claridad que todos los Estados Partes están conscientes de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, pues ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz.

Por su parte el artículo IX establece que los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta que el Estado Parte receptor expida la licencia o autorización correspondiente; situación que en este operativo no aconteció.

De igual forma se violentó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional Asimismo aprobada por la ONU en el 2000, también la denominada Convención de Palermo de 2003 y sus protocolos, incluyendo el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que entró en vigor en 2005.

Así, se trata de una acción que rompe no solo con las normas internacionales que regulan las relaciones entre países, sin que también y mucho más grave, vulnera principios de ética elemental.

Por más que nos digan que el fin que se pretendía era bueno, es decir, que se pretendía con este plan identificar tanto a contrabandistas de armamento como a los líderes de bandas que las comprarían, lo cual en teoría permitiría importantes detenciones, cosa que por cierto no ocurrió, pero aunque en este sentido se hubiera alcanzado éxito, no se puede justificar que se hayan valido de una estrategia que por sí misma significaba un riesgo para la vida de inocentes.

Hoy nos unimos sin vacilar y con gran indignación a las voces que protestan por esta acción unilateral y ofensiva de los Estados Unidos. Creo que el acaso bien ameritaría la exigencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores para elevar el reclamo y enviar una nota diplomática a la Casa Blanca.

Finalmente, esperamos que en esta ocasión, como en otras, nuestras autoridades mantengan una posición firme y digna, haciendo ver a nuestro vecino del norte que no estamos dispuestos a consentir este tipo de acciones que son una ofensa a todo México.