Armando Alfonzo Jiménez
Constitucionalista
Los medios de comunicación dan cuenta diaria, no pocas veces con sensacionalismo, de hechos de carácter ilícito.
Frente a la aparente simplicidad de esas noticias, los gobiernos se enfrentan a una delicada función de combatir a la delincuencia.
Grave tarea enfrentan las fiscalías que, por mandato constitucional, son las encargadas de llevar a cabo la investigación de los crímenes y su judicialización.
Son muchas las exigencias normativas y operativas para que sus indagatorias lleguen a buen puerto.
También gravitan, en muchas ocasiones, intereses económicos y políticos que pueden incidir en el desarrollo de las diligencias tendientes a esclarecer los hechos presuntamente delictivos.
La mayoría de los ciudadanos en México no confían en las autoridades ministeriales y judiciales.
Muchas ocasiones las personas afectadas prefieren abstenerse de presentar denuncia de delitos cometidos en su contra, debido al desafío que representa el laberinto burocrático de la procuración de la justicia.
A nivel federal, la Fiscalía General de la República es la responsable de investigar y judicializar los delitos federales.
Desde hace alguno años, la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, es decir, no está sujeto a autoridad alguna de ninguna de las ramas del poder público.
Su antecesora, la Procuraduría General de la República durante mucho tiempo fue una dependencia más del Ejecutivo Federal y un breve tiempo dejo de tener ese carácter pero siguió situada en la órbita de ese poder aunque con autonomía técnica.
La regulación constitucional de la Fiscalía General de la República la encontramos en el artículo 102, apartado A.
En el ámbito local, las instancias encargadas de la investigación y persecución de los delitos son las fiscalías o las procuradurías.
El personal sustantivo de las fiscalías son los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos.
También se auxilia de las secretarias de seguridad pública. La procuración de justicia es un eslabón de la cadena de lo que comprende la seguridad pública.
Es menester que los gobiernos inviertan más en el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, lo que implica no sólo tener mejor infraestructura sino que el personal a su servicio cuente con condiciones laborales dignas y con la debida capacitación.
Los titulares de las fiscalías también deben contar con un estatuto que les garantice permanencia, autonomía y credibilidad en su actuar.
Sin lugar a dudas, en la medida de que exista una buena procuración de justicia también se avanzará en una mejor administración de la justicia, y con ello se fortalecerá nuestro Estado de Derecho.
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