Elaborada por la consultora KPMG, la semana pasada se nos han dado a conocer los resultados de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2011. Con base en ella se identifica que a diferencia del año pasado existe mayor confianza en la recuperación de la economÃa mexicana. Desde la perspectiva de la iniciativa privada, la mayor preocupación para que se logre un crecimiento económico sostenido en nuestro paÃs, sorprendentemente, no es la inseguridad pública y la violencia relacionada con la delincuencia organizada, como muchos hubieran supuesto, sino que el principal problema que hace dudar que alcancemos cifras significativas en este rubro lo constituye, nada más y nada menos, la corrupción. El 43% de los 500 altos directivos de empresas dijo que este fenómeno le perjudica directamente y 82% consideró prioritario su combate.
Esta percepción concuerda bien con el Indice de Libertad Económica 2011 -estudio realizado por The Heritage Foundation- donde México bajó su calificación, ubicándonos en el lugar 48 de entre 183 naciones evaluadas. La razón de este insuficiente desempeño se atribuye, en este análisis, a la considerable prevalencia de la corrupción en nuestro paÃs, asà como a la debilidad fiscal y a la rigidez del mercado laboral (por cierto reformas, en estas dos últimas cuestiones, atoradas en el Congreso Federal).
No obstante, de entre los aspectos evaluados, en dicho estudio, en libertad para hacer negocios México mejoró en 4.3 puntos respecto al año pasado al registrar una puntuación de 87.3, por encima de la media de 64.3. El reporte reconoce que establecer una empresa en México lleva menos que la media mundial de 34 dÃas. En cuanto a la libertad para comerciar con el exterior, la economÃa logró una puntuación de 81.2, con un descenso de 0.8.
En esta perspectiva, la encuesta Fraude y Corrupción México 2008 reveló que el 77% de las empresas que operan en nuestro paÃs ha tenido cuando menos un fraude en el último año. De estos casos, el 46% fue cometido por personal de las propias empresas. Los fraudes más comunes cometidos por empleados de las propias empresas han sido el robo de inventarios y la asociación fraudulenta con proveedores y clientes. En uno de cada cuatro casos, el monto defraudado fue superior al millón de pesos (aproximadamente 90,000 dólares americanos) y en uno de cada diez la cifra llegó a superar los 5 millones de pesos (aproximadamente 455,000 dólares americanos). Las empresas defraudadas enfrentaron, como consecuencia del ilÃcito, problemas como incrementos en costos de operación, pérdida de confianza entre empleados y daños a la imagen de la empresa. Los principales factores que contribuyeron a que se cometieran los fraudes fueron: fallas en la supervisión del personal, la falta de controles internos y una deficiente infraestructura ética. El 44% de las empresas que operan en México ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos. En promedio las empresas destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos. El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal.
Para darnos una idea del tamaño y costos económicos que implica la corrupción que se da en la relación de ciudadanos con el gobierno, se estima, según la Confederación de Cámaras Industriales del paÃs, que se pagan más de 27 mil millones de pesos anualmente en prácticas relacionadas con la corrupción, como por ejemplo el soborno, dentro de toda una gama de ilÃcitos, como el peculado, el nepotismo, el tráfico de influencias y los privilegios injustificados. Esto es algo asà como el equivalente a entre 7 y 9 puntos porcentuales del PIB.
Con frecuencia y con fuerza se oyen quejas sobre la corrupción generalizada que presentan tanto gobiernos nacionales, regionales, como locales. Si a eso se les agrega el descrédito de que goza en la actualidad la clase polÃtica, de donde se eligen los gobernantes, pareciera que estamos ante un monstruo de cien cabezas que no se puede abatir. Sin embargo, experiencias llevadas a cabo en varios paÃses, tanto europeos como latinoamericanos en niveles nacionales y locales, demuestran que sà es posible transitar caminos de esperanza en la lucha contra la corrupción.
Intentando combatir de una manera más eficaz este grave problema, el Presidente Felipe Calderón ha enviado en dÃas pasados una iniciativa de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y otra iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Con estas reformas se pretende sancionar severamente no sólo a quien recibe un acto o una dádiva para corromperse, sino a quienes pretenden corromper a las autoridades para obtener beneficios. Se trata de establecer sanciones que representen un verdadero costo para quien corrompa a la autoridad, la multa que contempla la ley podrá alcanzar hasta 30 por ciento del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular. Y no sólo eso, los particulares que violen la ley podrán estar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo de hasta de ocho años. Se proponen atribuciones claras, asà como procedimientos simples y expeditos para combatir la corrupción con eficacia en todos los ámbitos del servicio público.
Esta iniciativa es la primera en su tipo en facultar a los tres Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México, entre otras instituciones, para sustanciar y resolver las investigaciones, asà como para imponer sanciones. Hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción. Mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos. Se trata de impedir que existan incrementos inexplicables en el patrimonio de los mismos y, recompensar a los ciudadanos honestos, y comprometidos, que denuncien actos de corrupción.
Ojalá el Congreso de la Unión apruebe pronto estas iniciativas y, por otro lado, esperamos también que los ciudadanos, como usted y yo, comprendamos que es urgente que contribuyamos, en lo personal y en lo familiar, a crear una nueva cultura de la honestidad y de la denuncia. De alguna manera la corrupción se ha instalado tanto en el ámbito privado como en el público y no basta con exigir a las autoridades mayor transparencia y rendición de cuentas, es imprescindible que la población ponga el ejemplo y no seamos más parte fundamental en los actos de corrupción.
