México muestra síntomas de descomposición: la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad pública genera tal grado de violencia que en algunas regiones alcanza rango de guerra civil; un Poder Judicial obtuso induce a hacer justicia por mano propia, socava las transacciones y el progreso; un IFE podrido afecta la transmisión pacífica del poder; leyes y reglas corruptoras propician disputas entre los supra-monopolios que ponen en riesgo la estabilidad económica; un Poder Ejecutivo menguado y sin incentivos para mejorar la gobernación; un Poder Legislativo que rechaza vigilar a los otros poderes, confunde diarrea legislativa con productividad y renuncia al estudio del derecho comparado para legislar mejor; los gobernadores manejan a su estado como feudo; una banca disfuncional; ausencia de política industrial, educativa y sanitaria, ecológica, agropecuaria…

A este bosquejo de la mala arquitectura institucional se suman factores de coyuntura que ennegrecen más el panorama: la carestía alimentaria puede detonar una revuelta social dados los altos grados desigualdad y pobreza; riesgo de recaída económica global, tanto por el encarecimiento del petróleo como por la mala gestión de la crisis financiera global que, al saturar de liquidez a la banca y regatear recursos al sector productivo y a la seguridad social, crea burbujas financieras y de materias primas, que pueden desbocar la inflación. La lista sigue: conflicto diplomático con Estados Unidos; temeraria política de libertad total al capital golondrino que revalúa al peso. Toda esta sintomatología sugiere que vamos hacia un Estado fallido.

En suma, la disfuncionalidad institucional, el encarecimiento de la comida, el riesgo de recaída económica, el malestar de las clases medias con sus gobernantes, el pleito entre los grandes empresarios de las telecomunicaciones, el patrioterismo de Estados Unidos y la fatídica guerra contra el narcotráfico son mezcla explosiva que puede salirse de control y causar un sismo social de pronóstico reservado. México está asentado sobre una colosal montaña de dinamita.
A nadie conviene una explosión social. Para evitar este mal se requieren dos cosas: a) un líder que impulse un pacto político para reconstruir el Estado y la política exterior, reformar la hacienda pública, diseñar una política industrial antimonopólica, centrada en innovar y formar cadenas productivas, orientar los recursos públicos al bienestar social; y, b) la magnanimidad de políticos y del gran capital para sujetarse al interés general en aras de salvar el piso común, que es México, nuestra patria. Es una tarea difícil, pero hay que intentarla.