La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité de Derechos para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, criticó la incapacidad de México para perseguir y procesar a los responsables del tráfico de personas y lidiar con efectividad con el negocio de la inmigración.
“Los migrantes que se encuentran en tránsito en México sufren extorsiones y secuestros por parte de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. Está claro que en México existe el llamado negocio de la migración y resulta altamente preocupante que el gobierno no haya hecho progresos evidentes para procesar a los responsables del delito de tráfico de personasâ€, señaló el relator del informe sobre México, Francisco Carrión Mena.
Quejas de ONG
Organizaciones civiles denunciaron ante la ONU la supuesta negligencia de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia mexicanas a la hora de prevenir e investigar secuestros y agresiones contra migrantes, y denunciaron que el desdén de algunos funcionarios los hace cómplices de los delincuentes.
Las ONG que acudieron también ante el Comité para la Protección de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, donde señalaron que los responsables de secuestrar indocumentados en México son Los Zetas, organización delictiva que también domina el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres centroamericanas.
En la reunión con expertos de ese comité de Naciones Unidas, el representante de AmnistÃa Internacional, Robert Knox, afirmó que la justicia en México para los migrantes es “muy débilâ€, de ahà que haya pocas denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Ante las violaciones y los secuestros, el Estado mexicano “estaba ciegoâ€, indicó.
“¿Cuántos funcionarios públicos habrán tenido que rendir cuentas por su complicidad en esos crÃmenes?â€, cuestionó. Además, dijo que se requiere datos sobre coordinación, rendición de cuentas y lÃneas de control para combatir a las bandas del crimen organizado que agraden a los migrantes, asà como datos confiables sobre procesamientos y condenas de los delincuentes.
Destacó que los defensores de derechos humanos también están en riesgo y las medidas puestas en marcha por el Estado mexicano para protegerlos son insuficientes. Las resoluciones que ha tomado son sólo para “consumo internacional†y carecen de eficacia, sostuvo Knox.
El sacerdote Alejandro Solalinde, de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que los crÃmenes contra los migrantes a menudo son considerados de poca importancia, y debido a la falta de coordinación de las autoridades estatales y federales los datos oficiales son incompletos.
