Diputados aprueban Ley de Turismo en Michoacán

En un hecho sin precedentes, el Pleno de la LXXI Legislatura aprobó la Ley de Fomento y Promoción Turística del Estado de Michoacán, con el propósito de hacer del turismo michoacano una industria rentable y atractiva para los empresarios locales, nacionales y extranjeros, así como permitir el mejoramiento de las condiciones en las que se desarrolla la actividad turística en la Entidad.

Por lo anterior, se crea un marco normativo viable, innovador y que realmente responde a las necesidades estatales, que brinda seguridad y sirve como herramienta de desarrollo, catalizador de los esfuerzos que en este sector se están realizando por todos los actores involucrados tanto privados como públicos.

Con esta Ley, se definen y amplían las facultades y responsabilidades de la Secretaría para fortalecer su trabajo; se elabora un ordenamiento turístico del territorio del Estado para conocer y proponer la zonificación, planificación y preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos; se crean Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en aquellos lugares que por sus características constituyen un atractivo turístico y son susceptibles proporcionarles el apoyo para su desarrollo turístico preferente.

Además, se crea el Consejo Consultivo Turístico de Michoacán, en el que se integra a la iniciativa privada a través de Cámaras y Asociaciones relacionadas con la actividad turística, a fin de fomentar e incentivar la participación de los prestadores de servicios turísticos en la toma de decisiones en las políticas turísticas que ejerce el Estado.

Se instituye la entrega de una Condecoración al Mérito Turístico, por parte del Congreso, en el espíritu de coadyuvar a la promoción y el fomento de la inversión en infraestructura y desarrollo turístico en el Estado; se crea el Fondo Estatal Turístico, con la finalidad de generar recursos para facilitar y apoyar las tareas que lleve a cabo la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán en el marco del Programa Estatal de Turismo.

Para la construcción de esta Ley, los legisladores tomaron en consideración las observaciones, ideas y propuestas de las diferentes cámaras, asociaciones, autoridades municipales que tuvieron a bien analizar la iniciativa y compartir sus inquietudes durante foros y reuniones que durante meses se realizaron en todo el territorio del estado, propiciando la participación de todos en la construcción de un mejor instrumento normativo.

Cabe señalar que se adicionó al artículo 69 la integración del director de la Casa de las Artesanías en el Consejo Consultivo propuesto, toda vez que las políticas aplicadas en turismo, consideró, inciden directamente en todo el sector artesanal.

Por otra parte, el diputado Enrique Bautista Villegas, solicitó licencia por tiempo indefinido, sin goce de sueldo, para separarse de su cargo a partir del día 07 de abril del año en curso, con fundamento en los artículos 44 fracción 24 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, 10 fracción 4 y 113 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.

En este sentido, el legislador agradeció a los integrantes del Legislativo local el apoyo y trabajo solidario que durante estos tres años se realizó, y los exhortó a mantener los esfuerzos que permitan la construcción de acuerdos.

En otro punto del orden del día, y ante la amenaza de que crezca a niveles graves un proceso de especulación del maíz, cuyas consecuencias serían negativas para el país, especialmente para Michoacán, la LXXI Legislatura exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que establezca un plan integral que permita asegurar el consumo de maíz a nivel nacional.

Así, la Comisión de Desarrollo Rural a manera de propuesta, presentó dicho punto de acuerdo con la finalidad de que el Congreso del Estado conmine al Gobierno federal a que no sólo se persiga a los especuladores de dicho grano o se asegure el consumo en el corto plazo mediante la compra de maíz, sino que fortalezca la producción nacional y privilegie el desarrollo del mercado interno, mediante acciones que puedan revertir directamente los niveles de importación.

En el mismo sentido, exhortó al Congreso de la Unión, a los Congresos locales del país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reconozcan el derecho de alimentación como un derecho humano.

Derivado de la negativa del Titular del Ejecutivo para publicar el Decreto 301, el diputado Samuel Arturo Navarro Sánchez, presentó Iniciativa de Decreto para reformar la fracción V del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo con la finalidad de fijar un plazo concreto al Ejecutivo Estatal a publicar dentro de los siguientes diez días hábiles las adiciones o reformas constitucionales que fueren aprobadas por el Congreso del Estado; la propuesta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se autorizó al Ayuntamiento de Marcos Castellanos, a formalizar contrato de apertura de crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), esto con el propósito de adquirir un inmueble para el establecimiento de las oficinas municipales y con lo cual, se ofrezcan servicios públicos de calidad.

A fin de celebrar sesión solemne el día 11 de abril de la presente anualidad, a las 12 horas del día, se aprobó habilitar como recinto oficial la explanada Nicolás de Régules en la ciudad de Tacámbaro, a fin de celebrar por única ocasión el nombramiento de la ciudad de Tacámbaro como Heroica Tacámbaro de Codallos.

El diputado Heriberto Lugo Contreras, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, subió a Tribuna para someter a consideración del Pleno un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al ISSSTE y a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado a cubrir los requerimientos del pago total de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la Sección XVIII del SNTE en Michoacán.

De igual forma, en él se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado para que realice las gestiones necesarias para obtener los recursos adicionales, para que se cumplan las demandas; al titular del Ejecutivo Federal para que se adecúe y revise, la estructura presupuestaria del ISSSTE, “dadas las irregularidades existentes al interior de este instituto, tocantes específicamente a los trabajadores pensionados y jubilados de la sección XVIII del SNTE”.

También se exhorta a las instituciones y niveles de gobierno involucradas para que se cubra de forma rápida y expedita el pago retroactivo a la primera quincena de mayo de 2002 a los jubilados y pensionados en conceptos como bono sexenal, de apoyo a la economía familiar, incremento en pago de bono anual por el día del jubilado, pago retroactivo del mismo número de días de aguinaldo que han recibido los activos, el pago de la prima por antigüedad y el bono universal a todos los ex trabajadores del ISSSTE y de Pensiones Civiles del Estado.

Finalmente, a través del mismo, se hace un llamado a los distintos órdenes de gobierno, para que cumplan con los acuerdos para la atención de los jubilados, pensionados y activos del Sistema Estado por parte de las instituciones de seguridad social; realicen una metódica revisión de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, que elabore el departamento jurídico de la SEE junto con los del IMSS e ISSSTE, un convenio con las dependencias e instituciones involucradas en el tema, que fortalezca el marco normativo en materia de seguridad social.

Cabe señalar que dicho punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la LXXI Legislatura.

Finalmente, el diputado Raúl Morón Orozco exhortó a los legisladores locales reactivar las actividades parlamentarias de análisis y discusión de las iniciativas pendientes en materia de participación ciudadana, a fin de construir consensos en aquellos asuntos donde permanecen aún algunas divergencias o diferencias de opinión.

Recomendó hacer un esfuerzo importante para no concluir el periodo constitucional sin haber instalado en Michoacán un nuevo sistema de democracia participativa que permita a la ciudadanía contar con mecanismos, vías y procedimientos participativos, que le permitan tomar decisiones corresponsables con el poder público, en aras de lograr un sano equilibrio de poder y decisión entre quienes administran el Estado y quienes les han otorgado el mandato de administrarlo.