Ciudad de México a 10 de diciembre de 2024. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presenta su nueva edición del Atlas de Homicidios México 2023 con la temática: Perspectiva local, una vía para la paz. La investigación presenta un detallado análisis del comportamiento de la violencia letal en el país, con base en las últimas cifras de defunciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2023.

Entre los hallazgos de la edición, destacan que:

La violencia letal sigue siendo un fenómeno sumamente concentrado en el espacio. En 939 de los 2,474 municipios que conforman la república mexicana no ocurrió ningún homicidio; en 1,134 sucedieron 10 casos o menos durante el año y en 401 ocurrieron 10 o más. Lo alarmante es que tan sólo cinco municipios acumularon el 18% de toda la violencia letal del país (Tijuana, Juárez, León, Acapulco de Juárez y Celaya).

Podemos identificar dos regiones de alta concentración de homicidios. La región noreste, particularmente la zona fronteriza de Tamaulipas con los Estados Unidos y el norte de Nuevo León; y la región noroeste, conformada por los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California.

Las tasas de homicidios tienen un comportamiento heterogéneo. Las cifras oficiales muestran que de 2022 a 2023 a nivel nacional se presentó una reducción en 18.8%. Visto por estado, 17 entidades presentaron una disminución en la tasa de homicidios de entre -0.7% (Estado de México) y -56.3% (Baja California Sur), mientras que 15 entidades vieron un aumento de la violencia letal en ese año de entre +3.2% (Puebla) hasta +47.9% (Sonora).

Se observan aumentos y estancamientos preocupantes en algunos estados. Los incrementos más elevados por entidad de 2022 a 2023 son: Morelos con +31%, Chiapas con +28%, Guerrero +24%, Aguascalientes +21% y Tamaulipas con + 20%. Por otro lado, en algunos estados la violencia letal no varía significativamente ni logra bajar de determinado nivel de homicidios: es el caso de Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato.

Es latente la necesidad de atender el fenómeno con perspectiva de género y de infancias. Las niñas y adolescentes mujeres (menores de 15 años) fueron cinco veces más víctimas de homicidio que sus homólogos hombres. Además, sobre el espacio físico en que ocurrieron las agresiones, se observa que las mujeres fueron dos veces más asesinadas en viviendas que los hombres (24% contra 11% respectivamente), por lo que urge atender la violencia doméstica.

Es imposible frenar la crisis de homicidios sin una política de control de armas. En el país, el 71% del total de los asesinatos cometidos se llevan a cabo por disparo de algún arma de fuego. Del total de 21,927 homicidios perpetrados con armas de fuego en 2023, únicamente se conoce el tipo de arma utilizada para el 1.1% de los casos (0.8% fueron registrados como agresiones con disparo de arma corta y 0.3% de arma larga), mientras que para el 98.9% restante la autoridad no recopila datos sobre el arma utilizada.

El Atlas de Homicidios 2023 ha centrado su análisis temático de este año en tres entidades que concentraron una gran cantidad de víctimas de homicidios de 2018 a 2023: Guanajuato, Baja California y Chihuahua, sin duda, entidades de atención prioritaria y urgente para reducir este fenómeno, pues las tres registraron aumentos de víctimas letales tras la implementación de la llamada “guerra contra las drogas”.

La magnitud de la violencia letal en México continúa siendo grave, y se configura como un reto de primer orden para el nuevo sexenio, encabezado por Claudia Sheinbaum quien, en su estrategia nacional de seguridad, anunció la intención de virar hacia una atención focalizada y prioritaria tanto para los delitos de alto impacto como de las entidades con mayor incidencia delictiva.

La estrategia presentada por la presidenta podría ser efectiva si se implementa con enfoque civil, amplia participación ciudadana y respeto irrestricto a los derechos humanos. De lo contrario, no podrá dar los resultados esperados, en especial si se apoya preponderantemente de las fuerzas militares y retoma categorías -ya anunciadas- como los llamados “homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada”, un enfoque que recuerda mucho a las que en su momento fueron entendidas como “muertes por rivalidad delincuencial” entre supuestos integrantes de la delincuencia organizada, durante el gobierno de Felipe Calderón. Estas víctimas eran presentadas de esa manera para criminalizar a la población civil y dejar en la impunidad estos delitos, sin las investigaciones pertinentes.

Contar con una perspectiva local basada en evidencia es fundamental para avanzar hacia la pacificación del país. Avanzar en este camino implica 1) profundizar la coordinación entre órdenes de gobierno para reducir eficazmente los asesinatos, 2) impulsar políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y garanticen el acceso a la justicia de las víctimas 3) comprender que cada entidad enfrenta desafíos únicos que requieren enfoques adaptados a sus contextos sociales, económicos y demográficos, 4) reforzar políticas de largo plazo que trasciendan las administraciones, 5) impulsar una política de control de armas de la mano con las víctimas y la sociedad civil, así como 6) poner el foco en las poblaciones desproporcionadamente afectadas por los homicidios, como las niñas.

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