¿Si un “capo” muere, se acaba su organización delictiva? No, se reorganiza o sus “lugartenientes” se independizan. ¿Por qué? Las drogas son rentables porque: 1) son “productos con demanda inelástica”: los consumidores están dispuestos a pagar más del precio de mercado por consumirlas; y 2) tienen “oferta elástica”: cuentan con productos suplementarios (v.gr. la cocaína puede sustituir al crack).

Quienes participan en negocios ilegales son amantes al riesgo, están dispuestos a perder la vida y la libertad con tal de enriquecerse rápidamente y su probabilidad de lograrlo aumenta en la medida en que persista un contexto de corrupción e impunidad, que al mismo tiempo hace menos probable que sean detenidos.

Menor probabilidad de ser detenido y más de enriquecerse aumenta el número de personas dispuestas a participar en actividades delictivas y reduce la eficacia de medidas disuasorias (v.gr. prisión). Desde la óptica del análisis económico, la despenalización de drogas es una política más eficaz que la prohibición que debe analizarse en diversos ámbitos; a continuación los tres puntos que dejé pendientes en la entrega anterior:

IV.- CUERPOS DE SEGURIDAD. “O te lleno de oro, o te lleno de plomo”, es la frase que resume la extorsión que muchos servidores públicos padecen por no admitir sobornos. Enfrentamientos entre agentes que combaten el narcotráfico y agentes que protegen criminales son prueba de la infiltración de la delincuencia en los cuerpos de seguridad; la consecuencia de ello es la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades. Además, la experiencia internacional nos ha enseñado que cuando la legitimidad del Estado queda en entredicho pueden surgir grupos subversivos financiados por la delincuencia organizada (v.gr. las FARC).

Podríamos categorizar que existen dos clases de policías y militares: aquellos que se benefician y cooperan con el narcotráfico y quienes cumplen con su deber aún cuando ello les cueste la vida. Con la despenalización, los perdedores serían los policías y militares inmersos en el mundo de la corrupción; mientras quienes cumplen con su deber reducirían sus probabilidades de morir en acción.
V.- FINANZAS PÚBLICAS. Ante la inseguridad, el gobierno pierde legitimidad de cobrar impuestos porque pierde sentido pagar contribuciones a un gobierno incapaz de brindar seguridad a los ciudadanos (bien público por excelencia). Además, la inseguridad inhibe la inversión y la corrupción impide el desarrollo competitivo de un país. Por el contrario, la legalización se traduciría en un aumento en la recaudación del gobierno por impuestos a la producción, distribución y consumo de drogas; y permitiría redistribuir recursos que ahora son destinados al combate del narcotráfico, a otras necesidades de la población (v.gr. combate a la pobreza, inversiones en salud, educación, combate a otros delitos, o a la prevención y rehabilitación de las adicciones).

VI.- CONTEXTO INTERNACIONAL. Esta situación nos plantea dos consideraciones importantes: 1) Presión internacional; implementar una política que ha sido rechazada por la ONU y por el gobierno de Estados Unidos -principal mercado de consumo de drogas ilícitas y principal socio comercial de México- conllevaría costos políticos. 2) Externalidades interjuridiccionales; si todas las jurisdicciones regionales no legalizan el consumo de drogas simultáneamente, el tráfico de drogas seguiría siendo un gran negocio en aquellas jurisdicciones donde sea ilegal. El riesgo para las jurisdicciones que legalicen es atraer narcotraficantes que operen legalmente en su territorio y pretendan exportar ilegalmente. Lo ideal sería que la despenalización se diera de manera simultánea en países vecinos, en este sentido será importante ver qué sucede en California con la propuesta de legalizar la producción de mariguana.

Para la organización Poder Cívico A.C. el balance del debate favorece la despenalización, mas no se trata sólo de eliminar la prohibición, antes se requiere discutir “el cómo”. Se debe considerar la complejidad de implementar un esquema regulatorio eficiente, (reforma constitucional, expedición de leyes, reglamentos, normas oficiales, impuestos, programas, permisos, etc.); costos de sanción y de instituciones que vigilen la aplicación de la Ley. Desde la perspectiva sociológica y del desarrollo humano, sin una adecuada campaña de educación y de conciencia colectiva, legalizar este mercado puede generar un aumento en su consumo por los adolescentes y derivar en desintegración familiar lo que afectaría a la economía nacional. Bajo este escenario ¿debe el Estado dejar en manos de los ciudadanos el consumo de drogas? En la entrega final nos ocuparemos de esta cuestión.

La otrora llamada guerra contra el narcotráfico no puede ser ganada porque mientras haya quien pague por consumir drogas, habrá quién las produzca y venda. Tarde o temprano los políticos y sobretodo los estadistas tendrán que visualizar esta realidad.

Autor de más de 18 libros de diversos temas, como: felicidad, arte, sexualidad, amor, agua, futbol, derecho, economía, crimen y psicología evolutiva, entre otros. Ha sido merecedor de varios premios incluyendo el Don K. Price Award por distinción académica en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y las becas Fulbright, Harvard, Ford, ITAM, SEP y Conacyt; recientemente la Fundación de Microsoft, ha establecido el “Premio Andrés Roemer para el Desarrollo de Derecho y Economía por Distinción en el Servicio a la Comunidad Académica”. Ha creado más de 1,000 programas de televisión; actualmente, es el fundador y presidente del Think Tank “Poder Cívico A.C.”; asimismo, es el curador del festival internacional La Ciudad de las Ideas. Twitter: @andruka http://www.andresroemer.com

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