Diputados aprueban leyes que garantizan derechos de niñez y juventud

Encauzar y potencializar las cualidades de las y los jóvenes michoacanos; satisfacer sus necesidades y demandas, e impulsar su formación integral en el marco de la igualdad y la equidad, fueron los motivos por los cuales el Pleno de la LXXI Legislatura aprobó la Ley de la Juventud para el Estado de Michoacán de Ocampo.

La Ley en la que fueron consideradas las propuestas presentadas al Congreso local tanto por el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la remitida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, contempla la creación del Programa Estatal de los Jóvenes, como un medio a través del cual se buscará resolver las necesidades más urgentes de este sector; se crean los Consejos juveniles estatal, regionales y municipales, en donde se establecen los mecanismos para la participación activa de los jóvenes, en la promoción, evaluación y ejecución de programas, y acciones que inciden directamente en su sector.

Con la finalidad de establecer los principios rectores de los derechos de niñas, niños y adolescentes michoacanos; procurarles un trato digno; garantizar su identidad, certeza jurídica y familiar; privilegiar el derecho a la salud, alimentación, educación, información y participación, así como la protección de la familia, los legisladores michoacanos aprobaron la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán.

Al derogarse la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Michoacán, se mantiene como supremo el interés superior de la infancia; la solidaridad; la igualdad y no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la seguridad; la integralidad; la participación plena e igualitaria de los derechos humanos. Asimismo, se enuncian y precisan los derechos de niñas, niños y adolescentes a un trato digno y una vida integral; a la identidad; certeza jurídica y familiar; a la salud y alimentación; a la educación, reeducación, información y participación; y a la asistencia y reunirse.

Los diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado y al Código de Desarrollo Urbano, con las que se mandata que las áreas verdes de donación, deberán ser espacios jardinados y que el fraccionador tendrá la obligación de equiparlas para tales efectos mientras, que el Ayuntamiento deberá incorporarlas como áreas de uso común de dominio público.

De acuerdo al nuevo marco normativo, los proyectos de construcción de obras de equipamiento urbano que se pretendan realizar en áreas de donación estatal o municipal, deberán contar con la aprobación mayoritaria de los vecinos del desarrollo que generó el área de donación. Y, que los bienes inmuebles del Estado adquiridos mediante donación de desarrollos habitacionales, sólo podrán ser transferidos o enajenados a favor de los Ayuntamientos y entidades de la administración pública estatal o federal, debiendo destinarse exclusivamente para el usos indicados para las áreas de donación en la Ley Orgánica Municipal.

En otro punto de la orden del día, se votó a favor del Punto de Acuerdo por el cual exhortarán a los titulares de las dependencias de la administración estatal y municipal, a fin de que en la contratación de obra pública, se dé prioridad a las empresas michoacanas y, de manera especial, a las domiciliadas en la región donde se concursa la obra, así como la adquisición de materiales e insumos a fin de generar derrama económica local.

También para que, en la contratación de personal para laborar en instituciones bajo su jurisdicción, se dé prioridad a los solicitantes vecinos y radicados en la región donde opera u operará la institución, bajo criterios estrictamente de valor curricular y de habilidades laborales, eliminando el requisito de afinidad partidista o política. Así mismo, se exhortará al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a fin de que se instruya a las dependencias de la administración estatal a su cargo, para que den cumplimiento al acuerdo votado a favor en la sesión de este día.

Los legisladores avalaron el Dictamen relativo al Tercer Informe que guarda la Administración Pública, emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se estableció que éste no contiene información relativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo o a la Constitucionalidad de iniciativas de leyes y decretos que hayan sido del conocimiento del Pleno  del Congreso del Estado, que puedan ser susceptibles de análisis.

De igual forma, se votó a favor de otorgar el ha lugar para admitir a discusión la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  Michoacán de Ocampo, presentado por el diputad Juan Carlos Campos Ponce, mediante la cual, se pretende incrementar la pena máxima vigente en nuestro Estado para los delitos considerados como graves, los cuales son: secuestro, asalto a una población, homicidio calificado, parricidio y filicidio.

Con 23 votos a favor, Filiberto Zavala Ambriz fue nombrado como tercer regidor de representación proporcional  para el Ayuntamiento de Morelos, Michoacán, por lo que falta del periodo constitucional 2008-2011, en razón del fallecimiento del regidor propietario Francisco Negrete y ante la imposibilidad de José Luis Núñez Méndez, regidor suplente, de tomar el cargo ante su residencia en otro país.

En la sesión legislativa, se dio la primera lectura a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, con la que se pretende actualizar el marco legal vigente en la materia, mejorar la distribución del presupuesto asignado para la ciencia, la tecnología y la innovación, impulsar la competitividad en la entidad y, establecer cadenas productivas en las cuales el estado pueda competir a nivel internacional.

En ella, se establece la obligación del Gobierno Estatal de destinar el 1% de su presupuesto anual para financiar la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología; el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología pasará a ser la Coordinación Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación -(CECTI) por sus siglas-; se crea el Fideicomiso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación.

El diputado Librado Martínez Carranza, presentó la Iniciativa de Ley de Juicio Oral Penal para el Estado de Michoacán, con la que el Ministerio Público deberá mejorar sus actuaciones “porque su desempeño será de mayor relevancia para el sistema acusatorio, tanto en la perspectiva de dejar a salvo los derechos del quejoso, como en la de garantizar el respeto a las garantías individuales del acusado”.

Carranza Martínez propone con esta iniciativa, la posibilidad de que las partes confrontadas en un juicio puedan formular, de viva voz y de cara al juez públicamente, sus percepciones y alegatos sobre un mismo hecho, lo que contribuirá a tener mayor conciencia social sobre la presunción del delito y a que los jueces dispongan de más y mejores elementos para fundamentar la resolución de culpabilidad o inocencia que corresponda en cada caso.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Campos Ponce, sometió a consideración de sus compañeros la Iniciativa de Ley de Juicio Oral para el Estado de Michoacán de Ocampo, con la que se pretende garantizar que las personas que se vean involucradas en hechos delictivos sean procesadas en juicio Oral Público, en donde se respeten sus garantías constitucionales y conforme a las disposiciones legales establecidas en la materia.

En su exposición de motivos, el legislador puntualizó que se requieren soluciones ágiles, no sólo para superar el círculo de los procesos penales viciados, “sino reformas visionarias que nos guíen a la correcta aplicación de la Ley. Esto es lo que propone la Iniciativa: un enfoque para modernizar la procuración y la impartición de justicia penal en nuestro Estado”.

Los integrantes del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen que reforma artículos 1, 2, 3, 9, 19, 31, 32, 33, 38, 40 y 45 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, mediante lo cual, se regulan las relaciones entre los propietarios y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales vínculos.

Asimismo, queda establecido que cada condómino tendrá un derecho exclusivo y singular de propiedad, a la vez que tendrá un derecho de copropiedad sobre los inmuebles comunes necesarios para su adecuado uso y disfrute. De la misma manera, se marca que sobre las obras en los bienes comunes e instalaciones generales, deberán ser sólo las necesarias para mantener en buen estado de seguridad, estabilidad, conservación y para que los servicios funcionen normal y eficazmente.

Luis Manuel Antúnez Oviedo, subió a Tribuna para manifestar que gracias a que el día 18 de marzo del 2009, se votó a favor de su Punto de Acuerdo para que se diera marcha atrás al cobro del Impuesto Sobre la Renta a jubilados y pensionados, la Cámara de Diputados Federal, con 357 votos a favor y 6 en contra, el pasado 6 de abril, reformaron la Ley en la materia, liberando de dicho pago, al señalado sector que percibe hasta 25 salarios mínimos.

“Se estima que con esta reforma, se beneficiarán a más de 2 millones de jubilados y pensionados del país, lo que se traduce en el aumento del poder adquisitivo de la clase trabajadora, con implicaciones benéficas para el mercado interno y la economía nacional”, detalló.

El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su posicionamiento, exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, Leonel Godoy Rangel, para que implemente las acciones necesarias a fin de prevenir y evitar el ingreso de niños, niñas y jóvenes, a las filas de la delincuencia organizada; así como para que se cree un banco de datos que permita a las autoridades identificar a los niños, niñas y jóvenes que se han visto afectados de alguna manera a consecuencia del crimen organizado, y, se les brinde atención, apoyo y seguimiento a fin de lograr el libre desarrollo de su personalidad.

También aprobaron exhortarlo para que mantenga constante comunicación con las instancias federales y municipales que ya estén implementando programas análogos para coordinarse y hacerlos más eficaces y eficientes; y, para que informe al Congreso del Estado sobre las acciones implementadas a fin de prevenir y evitar el ingreso de niños, niñas y jóvenes a la delincuencia organizada, así como para brindar atención a los que han sido víctimas de dicho fenómeno.

La diputada Gabriela Desireé Molina Aguilar, a través de un posicionamiento, señaló que de acuerdo a la SEDENA, 610 menores perdieron la vida de diciembre de 2006 a octubre de 2009, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia en México precisa que fueron 994, pero que la diputada federal Yolanda del Carmen Montalvo López, sostuvo que en el mismo periodo, mil 600 menores fallecieron en la “guerra contra el crimen organizado”.

Precisó que unos 30 mil niños y niñas cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos que van desde el tráfico de drogas, hasta el secuestro de personas.

El legislador Raúl Morón Orozco, subió a Tribuna para llamar al estado y a la sociedad a una reflexión sobre la situación que guarda la inseguridad pública en México, a la vez que exhortó al Gobierno Federal, en especial a instancias como la PGR, Fuerzas Armadas, Policía Federal y al Instituto Nacional de Migración, para que en el ámbito de su competencia, reconsideren y modifiquen su política de seguridad pública, de derechos humanos y de migración.

Agregó que no se puede por un lado defender a nuestros ciudadanos contra la arbitrariedad de los agentes migratrorios y policiales extranjeros, principalmente estadounidenses, y por otro lado, ser omisos e indiferentes con las acciones ejecutadas por nuestras autoridades policiales, migratorias y militares mexicanas, cometidas en contra de los centroamericanos.

Por su parte, Juan Carlos Campos Ponce cuestionó la estrategia de colocar a un militar al frente de las corporaciones policiacas “sin que ello refleje una disminución de los índices delictivos” y señaló que el Secretario de Seguridad en la entidad, realizó varias promesas de reducción de la inseguridad, “sin embargo, hoy no las ha incumplido”.

Los legisladores tuvieron conocimiento de la comunicación remitida por el presidente municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez, quien solicitó al Pleno del Congreso local su autorización para firmar el Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones para conformar la Zona Conurbada Interestatal entre  Lázaro Cárdenas y la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, así como de la comunicación mediante la cual Armando Medina Torres, solicita su reinstalación al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Múgica.