La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá menos margen fiscal para implementar nuevas políticas públicas para educación, salud, seguridad y medio ambiente. La causa: la deuda y el aumento en el gasto de pensiones que heredó de la administración de López Obrador. En agosto, el margen fiscal —los recursos disponibles sin compromisos previos— cayó un 10.7% con respecto a 2018, lo que afectó la capacidad del gobierno para crear programas, enfrentar crisis o mejorar servicios públicos. En agosto 2024, el gobierno destinó el 58% de los ingresos a obligaciones financieras y de gasto, como intereses de la deuda y pensiones. Las pensiones (sobre todo las del Bienestar) son de hecho el principal factor de la reducción del margen fiscal. Un análisis del Programa de Gasto Público.

Mariana Campos, directora de México Evalúa, en esta columna alerta que la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y transferir sus funciones a la recién anunciada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, amenaza el derecho a saber sobre las acciones del gobierno en México, y afecta incluso otros derechos. La nueva Secretaría —por definición— no tendría la autonomía ni las facultades necesarias para garantizar transparencia en todas las entidades gubernamentales. La independencia, especialización y andamiaje legislativo del INAI son esenciales para exigir transparencia a todos los niveles de gobierno, y están respaldadas por normas internacionales. Sin el INAI, la transparencia se convierte en una prerrogativa del gobierno en turno, y no en un derecho garantizado para todos.

Los datos son alarmantes: en México, 69% de las personas abogadas litigantes y 21% del personal judicial han sufrido amenazas, acoso, violencia física e intimidación hacia sus familias. No sólo eso, entre 2012 y 2023 se registraron 23 asesinatos de personal judicial. Las causas varían según el rol: las personas juzgadoras suelen ser atacadas por el sentido de sus resoluciones, mientras que el personal actuario es vulnerable durante las notificaciones. Sin embargo, las medidas de protección son escasas y la respuesta institucional es muy insuficiente. Urge implementar políticas de protección con perspectiva de género, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la seguridad del personal judicial. Un artículo del Programa de Justicia.

En la narrativa oficial, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional continuará utilizándose como la principal métrica de la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, dicho dato no informa sobre la situación que atraviesa cada una de las entidades e invisibiliza las dinámicas locales de la violencia, sus causas e impactos. Para contribuir a realizar diagnósticos precisos, presentaremos mensualmente un balance integral sobre el comportamiento del homicidio doloso a nivel estatal, lo que permite detectar de forma clara y sencilla procesos de violencia o pacificación a nivel local, que propicien recomendaciones de política pública con base en evidencia. Un monitoreo del Programa de Seguridad.