El ejército mexicano, del que el señor Fox alegó “no figura” para la guerra, sigue destinado, en el tercer mes del primer año del régimen de Enrique Peña, a realizar labores de policía, sobre todo en aquellas regiones en donde la imagen de las corporaciones de seguridad está por los suelos o en fase de reestructuración profunda. Ello significa, entre otras cosas, que el prestigio de esta institución, en las fuentes del poder se entiende, está muy por encima; sin embargo, hay evidencias muy claras sobre la contaminación sufrida, por mandos y tropas, por parte de las grandes mafias del narcotráfico.
A diferencia de los agentes policíacos, cuya imagen sigue siendo deplorable pese a las múltiples acciones tomadas para vindicarlos, los militares no han sido, hasta hoy, motivo de indagatorias severas –salvo en los casos de fragancia delictiva-, ni de un saneamiento a fondo como consecuencia de las evidentes infiltraciones por ellos sufridas. Al contrario, sencillamente se ha sobrellevado la álgida cuestión bajo el prurito de no alterar las interrelaciones con el gobierno civil por el temor evidente de los usufructuarios del poder a las reacciones y amagos de los mandos castrenses. El respeto proverbial no es otra cosa que miedo.
Todos los mandatarios de filiación priísta se sirvieron honrar al ejército mediante conmovidas sentencias laudatorias. Fox lo hizo también y no se diga el señor Calderón quien, con frecuencia, compartió mesa con el entonces secretario del ramo, el general Guillermo Galván Galván, de quien poco conocía antes de resolver, mediando una apretada lista, quien sería exaltado como tal. Es esta, desde luego, otra de las diferencias sustantivas: el nombramiento no es del todo discrecional por parte del titular del Ejecutivo federal sino depende, en buena medida, de las propias jerarquías militares aun cuando Fox optara por romper el escalafón para proyectar como secretario a un general de menor jerarquía a los “diplomados de Estado Mayor”, Clemente Vega García. No pasó nada sobre la superficie pero, desde luego, ello tuvo un costo importante debajo de la mesa de los acuerdos.
Y así ha sido desde la década de los setenta, tras las convulsiones de 1968 que posibilitaron al entonces ministro del ramo, el general Marcelino García Barragán, la toma del poder sin que éste, de acendrada lealtad institucional, cayera en la tentación de alterar el orden constitucional arrinconando al mandatario en funciones, Gustavo Díaz Ordaz. El ejército había ganado la calle, tras la represión descocada en Tlaltelolco, y podría haber impuesto, con la mayor facilidad, la ley marcial para atajar la emergencia. Pero, al fin, salió triunfante el presidencialismo.
Con Echeverría se inició la escalada del miedo. Poco se ha escrito de la condición medrosa de este personaje cuyos desplantes histriónicos y locuacidad perfilan, más bien, una personalidad mediocre que intenta ocultar sus limitaciones con la escenografía del poder reflejo. Por ello ha sido protagonista de algunos episodios en los que, desde luego, ha perdido la serenidad –lo mismo de gira por Washington que en las afueras de la “fiscalía especial” en donde se escudriñaba en el magnicidio de la Plaza de las Tres Culturas-, al confrontar la protesta pública, incluso los insultos, de muchos de quienes fueron afrentados por su régimen y aún claman justicia. Las imágenes del rostro demudado del ex mandatario, ahogando gritos de pánico, son suficientemente ilustrativas.
Y así, a través de cada sexenio, las concesiones a los mandos militares formaron parte de la “consolidación” de cada uno de los pasajeros usufructuarios de Los Pinos. López Portillo debió negociar tras el intento de asonada de noviembre de 1976; ni qué decir Miguel de la Madrid, puesto en el filo de la navaja durante su primer año de actuación, esto es desde diciembre de 1982, lo mismo que los ex presidentes del neoliberalismo que “dejaron hacer y dejaron pasar” las presiones de los altos mandos para que se les dejaran espacios libres y territorios para compensarse por los sueldos insuficientes. Subrayo: no puede generalizarse porque sería injusto para no pocos militares patriotas que defienden vocación e institución con el alma; pero, por desgracia, la infección no ha dejado de avanzar.
Debate
Algunos amables lectores me preguntan si mi “encono” respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional deviene de los sucesos que fueron determinantes para el crimen contra Carlos Loret de Mola Mediz en febrero de 1986. Recuerdo que, al respecto, el general Antonio Riviello Bazán, quien fuera titular del ramo durante la gestión presidencial de Carlos Salinas, llegó a decirme que, para él, este columnista era considerado “parte agraviada” aun cuando poco aportó para deslindar las responsabilidades del tremendo episodio. (El periodista y político yucateco fue interceptado en el retén militar de “El Güirindalito”, en la carretera entre Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, la noche del 5 de febrero del año mencionado. Después todo se volvió confuso por el burdo montaje de la escenografía de un “accidente” insostenible).
Si bien es difícil, lo reconozco, hacer a un lado al subconsciente para evitar prejuicios y rencores, cuanto expongo sobre los riesgos, erosiones y amafiamientos de elementos de alta graduación militar, por ejemplo algunos ex titulares de la Defensa como el extinto Juan Arévalo Gardoqui y el muy protegido Enrique Cervantes Aguirre –quienes encabezaron a la institución durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, los menos señalados como predadores y acaso los más ponzoñosos del listado-, tiene bases y, en no pocos casos, la fe pública que deviene de no haber sido jamás desmentido. La posición del periodista es siempre débil ante la parafernalia oficial salvo cuando la razón tiene tal fuerza que desmantela cualquier intento represivo.
Los hechos están a la vista y cada vez es más complejo desarrollar alianzas en los sótanos de la vida institucional, esto es tratando de ocultar intenciones de cara a la opinión pública, aun cuando todavía prevalezcan algunas tendencias en pro de la reverencia hacia las fuentes del poder en medios de información con coberturas importantes, sobre todo los electrónicos. Siempre queda alguna hebra para desenredar la madeja.
De allí que, en la actualidad, se extienda la preocupación, incluso entre algunos legisladores que ven mas allá de las disputas partidistas y las reformas energéticas en cierne, por el papel preponderante de las jerarquías militares a lo largo de los doce años anteriores y que no acaba de aterrizar, ni mucho menos consolidarse, aun cuando se exalten las encuestas sobre los altos niveles de contaminación de las instituciones con fuerza pública.
Es evidente, sí, que el gobierno de la República se cierne, en materia de seguridad, a las versiones de la Defensa Nacional. Por ello buena parte de las decisiones tomadas se fundamenta en la urgencia de “sanear a fondo” a las corporaciones de policía pero sin siquiera meditar sobre la urgencia de hacer lo propio en las castrenses. “Ni lo mande el presidente”, he escuchado decir al respecto como demostración fehaciente de las nuevas condiciones institucionales. Y tal complica, enormemente, la perspectiva del presente convulso.
El Reto
Sería por demás adecuado que, al final de cada sexenio, se hiciera un recuento de hechos para medir los niveles de contaminación de las instituciones relacionadas con la seguridad pública y la del Estado. Nos hemos acostumbrado a que el ejército, por ejemplo, se cierne a labores de rescate y de policía aun cuando, como se evidenció en enero de 1994, sus efectivos no cuente con preparación ni pertrechos suficientes ante la posibilidad de enfrentamientos bélicos. Constantemente se menciona a “un ejército para la paz” para subrayar tales deficiencias.
En Costa Rica, por ejemplo, se optó por cortar por lo sano. No hay ejército allí bajo el prurito de que es mejor defensa la de la razón y ante la evidencia de la propia debilidad estructural. No tiene sentido para el gobierno de esta nación centroamericana gastar tanto en mantener costosos destacamentos militares para que ni siquiera “figuren” frente al gran poder universal de nuestra era. Vale la pena, creemos, reflexionar sobre el punto… sin llegar a los extremos.
En el “día del ejército” hay mucho que debe honrarse. Por ejemplo, el sacrificio de centenares de soldados, destinados a enfrentamientos a veces desiguales, y la lealtad de éstos, pese a tantas tentaciones, a las instituciones. Pero también debiera privilegiarse la razón y no permitirse que la impunidad se extienda sobre los mandos contaminados.
La Anécdota
Sólo para sonreír. Bien se sabe que no pocos comandantes destinados a jefaturar las zonas militares suelen recibir igualas de los gobernadores que dicen cuidarse así las espaldas. Uno de tantos, y hace años, proveniente de las trincheras revolucionarias y poco dado a la lectura, solicitó un día la nómina de la corporación a su mando, la revisó cuidadosamente y no pudo evitar un profundo agobio interior cuando llamó a un subordinado en demanda de explicaciones:
–A ver tú, quiero que me expliques una cosa que me tiene muy cabreado.
–Usted dirá, mi general.
–Pues ahí te va. ¿Quién es este tal por cual “total” que gana bastante más que yo?
El oficial requerido tardó en responder por temor a ser enviado al paredón.
