Dos policías de Procuración de Justicia del Estado que fueron detenidos en febrero por la Secretaría de Marina Armada de México y arraigados en la SIEDO fueron liberados al no comprobárseles ninguna relación con el crimen organizado, con lo cual suman 44 de 46 elementos de la corporación que han obtenido su libertad.

El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, confirmó que el viernes los judiciales Sergio Magaña Cárdenas y Rafael Romero, que fueron detenidos el pasado 17 y 18 de febrero, lograron su libertad “pues no les encontraron pruebas suficientes sobre los delitos de delincuencia organizada que se les imputaban”.
El ombudsman estatal aseguró que se tenía de lapso para la resolución final hasta el 15 de mayo; sin embargo, la semana pasada en el término constitucional se desvaneció el vínculo de los dos elementos judiciales con la delincuencia organizada y solamente permanecen imputaciones por posesión de arma y droga para consumo personal, de lo cual alcanzaron fianza y se encuentra en libertad.

Insistió en que la detención de los elementos policiacos fue un acto “arbitrario e ilegal”, ya que las acusaciones carecieron de sustento.

Explicó que al momento de efectuar detenciones que no se desarrollan en “flagrancia”, debe existir orden de aprehensión para garantizar de esta manera el respeto a los derechos humanos.

Ratificó que estos dos últimos elementos, al igual que los otros 42 que fueron arraigados y puestos en libertad posteriormente, “también fueron torturados” y de los cual existen pruebas irrefutables y periciales que les practicaron visitadores de la CNDH y la propia Comisión Estatal.

Hasta la fecha, todos los policías y sus familiares han presentado quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y se ha procedido a remitir el asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes han constatado las lesiones físicas contra los judiciales.

Ratificó que la Comisión a su cargo ha emitido recomendaciones correspondientes, y aprovecho para exhortar a las autoridades castrenses y de procuración de justicia “a que no utilicen la tortura como método de investigación, que se capacite a los elementos para que cada día tengan mejores métodos de prueba y no (solamente) a través de la confesión. Ni que los policías torturen civiles, ni que los militares torturen policías”, dijo Chapula de la Mora.

Por último, informó que únicamente a dos policías se les ha decretado prisión por otros delitos y se encuentran recluidos en la actualidad en el Penal de Puente Grande en el estado de Jalisco.