La posibilidad de que se instrumenten cambios legislativos en materia energética antes de que termine el actual sexenio, como los que ayer ventiló Felipe Calderón ante medios de comunicación de Estados Unidos, suena poco probable, aunque en caso de aprobarse constituiría un nuevo atentado en contra de la soberanía de nuestro país.

Las reformas en el ramo energético que se aprobaron en 2008 han demostrado ser ineficaces para la modernización del sector, pues entre otras cosas, los contratos incentivados, que tenían como finalidad combatir el rezago existente en exploración y producción, sólo han beneficiado a los inversionistas privados, a los que se les paga puntualmente por sus “servicios”, independiente mente de si se obtienen ganancias o no para Petróleos Mexicanos del proyecto en cuestión.

Claro ejemplo es el caso de Chicontepec, en donde durante 2009 se contrató a seis empresas transnacionales para perforar mil 150 pozos por los que se cobraron 2 mil 892 millones de dólares, pero de los cuales no hay noticias sobre sus beneficios a la paraestatal.

Además, el modelo que desde hace décadas las autoridades hacendarias han diseñado para Pemex, que durante el año pasado pagó 650 mil millones de pesos por concepto de impuestos, equivalentes al 96 por ciento del total de sus ingresos por ventas internas (677 mil 280.4 millones de pesos), sigue intacta y continúa sirviendo para pagar a la ineficiente burocracia de la que se compone el actual gobierno calderonista.

Mientras no se deje de ver a la paraestatal como la caja chica del gobierno en turno, cualquier proyecto que se pretenda poner en marcha estará condenado al fracaso. En tanto no se castigue la corrupción imperante, no sólo en el sector petrolífero, sino en toda la administración pública, no se podrá modernizar una industria que, en efecto, necesita ser palanca del desarrollo y el progreso del país.

La adopción de un modelo energético como el que se propone para Petróleos Mexicanos, que ha permitido avances para Petrobras o la noruega Statoil ASA, sólo será posible con un régimen político diferente al que actualmente detenta el PAN, y con un modelo económico como el que propuesto el Partido de la Revolución Democrática, que permita la reconversión del país y se pase de ser simples exportadores de crudo a constituirnos en productores propios de sus derivados, para evitar así la importación de gasolinas y aceites, que actualmente alcanzan el 50 por ciento del consumo interno.