Garantizar el desarrollo integral estatal es una obligación del poder público por lo que Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo podría fomentar el crecimiento económico al evitar las concentraciones o acaparamientos que impidan la distribución adecuada de bienes y servicios a la población michoacana.

Wilfrido Lázaro Medina, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado estableció que de aprobarse la iniciativa que actualmente se trabaja en las comisiones de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, así como en Hacienda y Deuda Pública, la entidad contará con un marco legal que permita erradicar actos de corrupción, que no sólo afectan  a la administración pública estatal sino al mismo Estado y a sus habitantes.

“Es importante frenar  las irregularidades, conscientes o inconscientes, que cometen las autoridades encargadas de estas tareas, por ello es necesario establecer nuevas normas jurídicas, que permitan mejorar los órganos y los procedimientos en esta materia”, destacó el legislador.

Para el también Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la ley vigente se encuentra rebasada por lo que es necesario brindar un nuevo marco jurídico que resuelva los problemas actuales en la materia, sobre todo los que tienen que ver con actos de corrupción.

“Se requiere una ley de adquisiciones que brinde transparencia, certidumbre, legalidad y honradez, ya que una Ley de esta naturaleza no debe servir para seguir cubriendo las irregularidades, conscientes o inconscientes, que cometen las autoridades encargadas de estas tareas, por lo que tenemos que mejorar con normas jurídicas los órganos y los procedimientos en esta materia”, detalló.

Lázaro Medina resaltó que los procedimientos en la materia deben ser ágiles, sin burocratismos que pudieran generar corrupción; y que actualmente trabajan en comisiones para que el nuevo ordenamiento los precise de manera clara y eficiente, teniendo como base la seguridad jurídica.

Para ello, dijo, el ordenamiento en mención, dejará en claro, en materia de bienes muebles e inmuebles debe observarse primero que lo que se adquiera, contrate, arriende, y los servicios, sean de calidad, que respondan a las necesidades del Gobierno, pero valorando el precio, cuidando de no caer en “lo barato cuesta caro”.

Sobre el avance que se tiene actualmente en la elaboración del dictamen, el diputado príista precisó que tanto su iniciativa como las que en su momento presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, se encuentra en análisis, por lo que en fechas próximas se espera contar con el documento final.

Para Lázaro Medina, es obligación del poder público garantizar el desarrollo integral estatal, mediante el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución de la riqueza y el ingreso de la  población estatal, evitando concentraciones o acaparamientos que impidan la distribución adecuada de bienes y servicios a la población y en el estado.

El legislador agregó que se han arrastrado vicios del pasado, pero que lo que se pretende es la erradicación de los mismos. Con la iniciativa se busca que en el desarrollo económico estatal, concurran los sectores público, social y privado.

“Con la nueva Ley se pretende que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, adelantó.