En un hecho sin precedentes, y con el objetivo de otorgar garantÃas a la sociedad de un actuar justo por parte de las autoridades judiciales, asà como la transparencia y el desarrollo equitativo en la impartición de justicia, el Pleno de la LXXI Legislatura aprobó diversas reformas a la Constitución PolÃtica del Estado de Michoacán, en respuesta a las propuestas presentadas por los Integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, asà como a la Iniciativa de Decreto que sobre la materia presentó el titular del Poder Ejecutivo.
Con ello, se armoniza la Constitución PolÃtica del Estado de Michoacán con la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en materia penal, de seguridad pública y procuración de justicia,
Por lo anterior, se reforman y adicionan diversos artÃculos de la Constitución PolÃtica del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de dar base constitucional al sistema procesal acusatorio, para que a partir de su adopción e incorporación, se encaucen las reformas para la implementación de un paquete legislativo integral y armónico, compuesto de la visión de un nuevo Código de Procedimientos Penales para la entidad.
En este sentido, el diputado Samuel Arturo Navarro Sánchez, aseguró que este nuevo sistema permitirá una procuración de justicia e impartición de seguridad pública más eficaz, profesional y coordinada, lo que ofrece una convivencia pacÃfica a la ciudadanÃa y atendiendo la situación que actualmente se vive tanto en las entidades como en las instituciones.
En tanto, el diputado Juan Carlos Campos Ponce resaltó que dichas reformas han sido debatidas por todos los actores involucrados; no obstante, recomendó la apertura de un catálogo de derechos en la Constitución PolÃtica del Estado que ensanche los derechos de las y los michoacanos.
Por su parte, la diputada Gabriela Molina Aguilar destacó que dentro de las bondades de este nuevo sistema, es la transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio; oralidad, publicidad e inmediatez en los juicios; hacer válido la presunción de inocencia, participación y protección de la vÃctima; solución de los conflictos mediante la conciliación o mecanismos alternativos; unificación de las policÃas, entre otras.
