Ciudad de México, 10 de abril de 2024. A las 15:10 horas de este día, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores comenzó la discusión del proyecto de dictamen de la propuesta una peligrosa reforma de Ley de Amparo.
Se trata de una iniciativa presentada en esa Cámara el 3 de abril por parte de Ricardo Monreal Ávila, que plantea reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, con la que propone eliminar la posibilidad de que las y los jueces otorguen suspensiones con efectos generales de leyes, es decir, buscan evitar que las autoridades judiciales puedan detener temporalmente leyes con el fin de evitar que causen daños graves e irreversibles a los derechos humanos.
El amparo es un recurso legal que la ciudadanía, organizaciones, comunidades y víctimas usan para defender los derechos humanos ante la impunidad, violencia y autoritarismo estatal, es decir, para defenderse contra toda norma o acto de gobierno que cause algún daño a sus derechos. Cuando las y los jueces encuentran que el posible daño reclamado por la/s persona/s que se amparan de hecho podría afectar los derechos de la colectividad, pueden otorgar suspensiones generales para detener temporalmente aquello violatorio de derechos: ya sea un megaproyecto, una ley, una norma, un decreto o cualquier otra acción de autoridad que esté siendo reclamada.
Si las y los jueces no pudieran más otorgar este tipo de suspensiones cuando se afectan los derechos de la ciudadanía en colectivo significaría que cada uno de las y los ciudadanos afectados tendría que acudir uno por uno a contravenir normas, un mecanismo que amerita una alta especialidad jurídica y altos recursos económicos.
La eventual aprobación de esta iniciativa impactaría negativamente en el derecho de las personas víctimas a contar con un proceso de justicia accesible y adecuado, así como de la ciudadanía a ver garantizados sus derechos humanos. Además, significaría una regresión en las facultades de los jueces y juezas de amparo, que ya no podrían detener, por ejemplo, leyes que potencialmente pongan en peligro los derechos humanos y la vigencia de la Constitución.
La Comisión de Justicia del Senado tiene previsto analizar la iniciativa este 10 de abril, de manera expedita y sin discusión ni análisis. Además de tratarse de una propuesta de reforma regresiva, un trámite de esta naturaleza impide un debido procedimiento parlamentario que posibilite la discusión democrática y el escrutinio público.
Rechazamos cualquier práctica que tenga como finalidad eliminar el diálogo y el disenso, así como limitar el uso de los recursos jurídicos disponibles para la defensa y protección de los derechos humanos ante los abusos de las autoridades, particularmente en un contexto de ataques a la independencia judicial.
Llamamos a las y los legisladores del Senado de la República, particularmente a las y los integrantes de la Comisión de Justicia –en la que se encuentra turnada la iniciativa–, a que detengan esta iniciativa y a que cumplan a cabalidad con los requisitos legales del procedimiento legislativo. La gravedad del impacto de esta propuesta en los derechos humanos, sobre todo los de los grupos en situación de vulnerabilidad, exige una discusión democrática, amplia y profunda que incluya a la sociedad civil, a personas expertas y a todas las partes interesadas.
