Esta última cifra de dinero desviado, extraviado o usado fuera de la ley durante un solo año es tan grande que, como punto de referencia, equivale a 45 veces el tope de gastos máximo que puede utilizar una candidata a la presidencia de México durante su campaña electoral (que es de 660 millones de pesos). También equivale a 152 veces el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera o a 10 veces el presupuesto de toda la ASF. Sería un ritmo de 3.4 millones de pesos usados fuera de ley cada hora.
Si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay 242,064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley. Esto sin contar los hallazgos que haya en el gasto de 2023 —que se está revisando en estos momentos— y los que resulten de 2024, los cuales tendremos hasta 2026.
En conjunto, con estos poco más de 242 mil millones de pesos se podrían multiplicar por 5 los montos de todas las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez o financiar el costo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por 220 años. Pero, en su lugar, ese dinero se usó de manera inadecuada e ilegal.
Cada peso y cada centavo de irregularidades detectadas por la ASF se desprende de alguna de las 2,153 auditorías individuales con que revisaron una parte del gasto (es importante destacar que no se revisa todo el presupuesto, sino solo una muestra representativa). Para tratar de facilitar la comprensión de esta gran cantidad de información, a continuación analizaremos los principales resultados para mostrar un panorama general de quiénes son los principales responsables de estas irregularidades y algunos de los problemas más destacados
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