Diputados aprueban minuta que envía el Congreso de la Unión en materia de derechos humanos

A fin de que Michoacán impulse y vincule la legislación estatal a la normatividad federal para gestionar y otorgar el respeto a  los derechos humanos, así como una nueva visión en la procuración de estas garantías, el Pleno de la LXXI Legislatura aprobó diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a tales reformas en materia de derechos humanos, enviados por el Senado, el diputado Samuel Arturo Navarro Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo uso de la tribuna para razonar el voto a favor; aseguró que con esta aprobación, Michoacán se suma siendo una entidad más de la República que con su trabajo legislativo, fortalece el estado de los derechos humanos para las y los mexicanos.

Explicó que con estas reformas, el Capítulo 1 del Título 1 de la Constitución Federal se  denomina “De los derechos y las garantías”. Además, se cambia el término “individuo” al término “personas”, que resulta más acorde con la aplicación y vigencia de los derechos humanos.

Reveló que se incorpora el goce de las garantías de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como las establecidas en todos los Tratados Internacionales que haya firmado México.

Se prohíbe toda discriminación y de manera explícita, la tratada por las preferencias sexuales de las personas.

Se otorga autonomía a los organismos públicos de derechos humanos y la elección tanto del titular como de los integrantes de estas instancias, deberá ajustarse a un procedimiento de consulta pública.

Faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar hechos que sean violaciones graves cuando se juzgue conveniente. Adicional, podrá ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona puede solicitar asilo y recibirá refugio por cuestión humanitaria.

Por lo anterior, el Pleno de la LXXI Legislatura se une al total de entidades federativas que han aprobado estas reformas remitidas por el Congreso de la Unión, manteniendo así su compromiso de mantener el marco legal estatal en la vanguardia legislativa y que permita a las y los michoacanos, ejercer sus derechos fundamentales.

En otro punto del orden del día, el Pleno turnó a las comisiones de Desarrollo Urbano, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa de decreto mediante la cual el titular del Poder Ejecutivo solicitó autorización para desincorporar del patrimonio del estado, el inmueble ubicado en terrenos de la ex escuela central agrícola  La Huerta, de la capital del Estado.

Además, el Ayuntamiento de Tuxpan solicitó autorización para contratar crédito con Banobras para la adquisición de un camión recolector de residuos sólidos, lo que permitirá a dicho municipio contar con recursos extraordinarios para que los ciudadanos puedan acceder a mejores servicios públicos. Para su análisis, se turnó a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública.

A efecto de proponer soluciones y mecanismos que fortalezcan la fiscalización de las cuentas públicas estatales, además de garantizar que el uso de los recursos públicos cumpla con la finalidad para la cual son destinados, la diputada Macarena Chávez Flores presentó Iniciativa de Decreto que contiene proyecto de reforma al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y sus municipios, y al párrafo tercero del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo.

De esta manera, Chávez Flores recordó que en el año de 2007, se aprobó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, con la finalidad de dotar de elementos normativo suficientes  e importantes para el trabajo de la Auditoría Superior del Estado.

En la redacción de su articulado, explicó la legisladora, el artículo 38 en su párrafo tercero, establecía la creación de un Fondo de Fortalecimiento para la Fiscalización Superior.

Este fondo se integra en dos aportaciones; sin embargo, el recurso obtenido por lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, a la fecha no se ha podido ejecutar para integrarlo al Fondo referido, principalmente por la redacción que conserva el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán y sus municipios, que no fue reformado a la par que la Ley de Fiscalización, haciendo inoperante los cambios intentados en 2007.

Por lo anteriormente expuesto, recomendó una reforma urgente que posibilite la ejecución de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización, modificando para ello, el artículo 43 la Ley de Obras Públicas. Para su análisis, esta iniciativa fue turnada a la Comisiones de Fortalecimiento Municipal y a la Inspectora de la Auditoría Superior de  Michoacán.

Por unanimidad, el Pleno aprobó el retiro voluntario del licenciado Luis Alonso Rodríguez Nieto, Magistrado de la Quinta Sala Penal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con derecho a disfrutar de una pensión mensual equivalente a la remuneración que perciban los magistrados, con cargo al Presupuesto del Poder Judicial del Estado.

Dicha solicitud se fundamenta en el artículo 72, párrafo segundo y tercero, de la Constitución Política de Michoacán, vigente, anterior a la reforma realizada en el Decreto Número 44 emitido por el Congreso local y que cita: “Cuando el Magistrado cumpla 70 años de edad, o padezca incapacidad física o mental permanente para desempeñar su cargo, el Supremo Tribunal dictaminará el retiro forzoso… El Magistrado que tenga más de 10 años de servicios efectivos en ese cargo y cuyo retiro forzoso haya sido aprobado, disfrutará de una pensión mensual equivalente a la remuneración que perciban los Magistrados. El que obtenga su retiro voluntario disfrutará de la misma pensión”.

Por otra parte, coadyuvar a una igualdad jurídica entre ambas partes en el proceso penal, civil, o en su caso administrativo, fiscal o laboral, es la finalidad del Congreso local al someter a primera lectura la Ley del Instituto Michoacano de Investigación Forense.

A propuesta de las Comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Gobernación, se expone que el propósito de dicho Instituto es generar investigaciones periciales presentadas en forma de dictámenes que a solicitud tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Pública, sean solicitados ante el Instituto y éste los aporte para reconstruir la verdad legal de los hechos ocurridos motivo de la causa.

Para el efecto, deberá contar con autonomía técnica y de gestión; pues no debe estar sometido en su trabajo ni al Poder Ejecutivo ni al Judicial; esto le dará la independencia para que sus opiniones y criterios tengan la profundidad y puedan ser sometidos al escrutinio científico que se le marque.

Se conformará por una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por autoridades de las más altas envestiduras relacionadas con el sistema de justicia y con entidades netamente académicas. Contará con peritos investigadores en las distintas ramas de la pericia forense; además, tendrá la posibilidad de allegarse los conocimientos de otras personas a través de convenios y contratos específicos para el logro de sus objetivos. Dicha iniciativa de Ley fue turnada a las mismas comisiones dictaminadoras.

Cabe destacar que al diputado Raúl Morón Orozco le fue otorgada licencia indefinida para separarse de su cargo sin goce de sueldo, toda vez que no existe ningún impedimento constitucional, ni legal para que el Pleno del Congreso le conceda dicha licencia.

Para tales efectos, Martín López Ortiz tomó protesta en su calidad de diputado suplente, de manera que a partir de este martes desarrollará su quehacer legislativo.

A propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con 14 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, el Pleno del Congreso local solicitó al Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, informe por escrito sobre las acciones que ha ejercido su administración con relación a los conflictos políticos y sindicales que prevalecen sobre instituciones y autoridades educativas en detrimento de la niñez y juventud michoacana.

Adicionalmente se le solicitó que instruya a la Secretaría de Educación en el Estado para que, previo al inicio del ciclo, se asegure de que en las escuelas públicas de nivel básico no se pidan aportaciones voluntarias como requisito de acceso; asimismo, resuelva la problemática ocasionada por aviadores, comisionados, ilegales y por la entrega de plazas automáticas.

Durante las consideraciones, se expuso que la actual Legislatura debe velar porque el desempeño del Gobierno del Estado sea cada vez más eficiente y eficaz en beneficio de las y los michoacanos, toda vez que en específico, la educación es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la juventud michoacana.

Para razonar el voto a favor, el diputado Librado Martínez Carranza expuso que los indicadores internacionales colocan a México en los últimos lugares en el ámbito de la educación, así como a Michoacán, como una de las entidades con mayores dificultades educativas, lo que día a día menoscaba oportunidades para las y los michoacanos. El problema de la educación en Michoacán, aseguró, es la toma de decisiones particulares de los profesores del magisterio, lo que afecta a las y los educandos michoacanos. Así, reveló, la entidad sobresale por ser uno de los estados “donde se boicotea y rebasa a las instituciones, y pareciera que son despreciadas”.

“No podremos desarrollarnos hasta que dejemos de creer que un ente neoliberal impone un pensamiento”, enfatizó el legislador, por lo que exigió a las autoridades y funcionarios del sector educativo, hacer bien las cosas, dejar de lado intereses particulares, sindicales y personales para priorizar intereses públicos que el Estado debe a la sociedad.

En otro sentido, el diputado Juan Manuel Macedo Negrete exhortó a ser autocríticos al momento de hablar sobre la educación, dado que la Secretaría de Educación “aún cuando es descentralizada,  tiene un eje rector que se llama Federación.”Por ello, conminó a las autoridades tanto federales como estatales, a analizar su accionar y tomar decisiones que permitan el crecimiento y mejora continua del sector.