En España la certificación de no tener antecedentes penales por normativa sólo puede ser solicitada por los jueces en su ejercicio jurisdiccional y en los casos que señala la ley, considerando las leyes tanto del estado y como de las comunidades autónomas, como lo es para ingresar a la función pública. Sin embargo, en tanto que son los interesados quienes solicitan este certificado, salvo en el caso de los jueces, ocurre que los particulares y las empresas también los solicitan como condición de contratación.
Por tanto, “esta facultad se vuelve en contra de las personas en muchas ocasionesâ€, señaló Arturo Beltrán Núñez, en la última conferencia del “Encuentro sobre ejecución de sanciones y medidas judicialesâ€, intitulada “Los antecedentes penales: desde la presunción de inocencia hasta la reinserción social del sentenciadoâ€. Ante esta situación, el magistrado español sugirió que lo ideal es que fueran los propios ministerios del Estado los que solicitaran al Ministerio de Justicia la certificación de no antecedentes penales.
Asimismo, comentó que no sólo deberÃa solicitarse el antecedente, sino la sentencia en su totalidad, la cual es pública, ya que es en este documento en el cual se señala con detalle el delito cometido.
Un punto que llamó la atención de los asistentes es que en España los antecedentes penales se cancelan automáticamente, salvo algún error del sistema, de seis meses a 5 años después del cumplimiento de la pena, en caso de que la persona no haya reincidido. Esto sin excepción, incluyendo por tanto los delitos relacionados con terrorismo. Beltrán Núñez señaló que la polémica se ha dado con los antecedentes policiales, los cuales no desaparecen automáticamente en tanto que son fundamentales para la investigación de delitos.
Con esta conferencia dio por terminado el encuentro, realizado en las instalaciones del ITESM (campus Morelia), que se llevó a cabo del lunes 6 al miércoles 8 de junio, contando con la presencia de interesados en el nuevo sistema de justicia penal, particularmente en lo relativo a la ejecución de sanciones, cuyos jueces habrán de entrar en vigor a partir del próximo 18 de junio.
Durante tres dÃas se realizaron siete conferencias a cargo de Héctor Talamantes, Juez de ejecución, Distrito Morelos, Chihuahua; Arturo Beltrán Núñez, Magistrado, Presidente de la sección V, Audiencia Provincial de Madrid, España; David Wexler, catedrático de derecho penal y director de la Red Internacional sobre derecho terapéutico, Universidad de Puerto Rico; y SofÃa Magdalena Cobo, doctora en Derecho por la Universidad de Puebla. Â
La clausura estuvo a cargo del Secretario ejecutivo del Consejo, Juan Pedro Patiño Moreno.
