A 40 años de los lamentables sucesos de la Matanza del Jueves de Corpus, en la que decenas de jóvenes estudiantes y maestros que de manera pacÃfica se manifestaban exigiendo apertura democrática; educación de calidad y garantÃas para que el pueblo ejerciera sus derechos civiles fueran asesinados por órdenes del expresidente priista Luis EcheverrÃa Alvarez, es doloroso reconocer que la etapa de represión, tortura, desaparición y asesinatos de luchadores sociales, entre ellos estudiantes preparatorianos y universitarios, no ha desaparecido.
A pesar de las promesas del cambio enarboladas por polÃticos de diversos partidos, los jóvenes se ha convertido en las principales vÃctimas de las erráticas polÃticas públicas tomadas desde hace una década por los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y de gobiernos priistas como el de Enrique Peña Nieto, que siguen condenando a la juventud a sufrir los estragos de la violencia y la inseguridad en sus múltiples manifestaciones.
Basta mencionar la brutal represión coordinada entre el gobierno federal de Vicente Fox y el Estatal de Peña Nieto contra los ejidatarios de San Salvador Atenco y contra muchos jóvenes que acudieron en su auxilio el 5 mayo del 2006, represión donde la policÃa violó a las manifestantes y asesinó a dos menores de edad.
Las pésimas decisiones en materia económica y social instrumentadas por los gobiernos priistas a lo largo de 72 años que detentaron el poder presidencial, se han recrudecido lastimosamente en la última década. Peor aún, en los primeros cuatro años del sexenio calderonista, las posibilidades de progreso de las actuales y las futuras generaciones han sido canceladas, dejando en su lugar una vorágine de violencia y asesinatos generalizada a la que las autoridades nos quieren acostumbrar y que categóricamente nos negamos a aceptar.
Por encima del bienestar económico y la creación de empleos, Felipe Calderón ha privilegiado una guerra personal contra los sicarios que operan en el paÃs, cuyos resultados están a la vista.
Hoy en dÃa, por lo menos siete millones de jóvenes entre los 15 y los 29 años no tienen oportunidades de desarrollo intelectual ni profesional, lo que los ha convertido en mano de obra que las bandas del narcotráfico ha aprovechado para alimentar un negocio que sigue gozando de cabal salud, ante la reiterada incapacidad y complicidad de los gobiernos priistas y panistas que por conveniencia polÃtica han preferido convivir y pactar con ellas antes que atacarlas y tratar de erradicarlas.
En su afán de supervivencia, gran parte de nuestra juventud ha tenido que tomar la dolorosa decisión de convertirse en sicarios de las bandas del crimen organizado, haciendo las veces de modernos halcones contratados para ejecutar a muchos otros jóvenes enrolados en los cárteles de la droga, lo que constituye un cÃrculo vicioso cuya única puerta de salida es la muerte prematura.
Frente a esta cruda realidad, que constituye un reconocimiento explÃcito del fracaso de su gobierno ante las expectativas de la sociedad mexicana, la única alternativa que Felipe Calderón ha atinado a ofrecer a nuestros jóvenes, la mayorÃa estudiantes universitarios, es integrarse a los cuerpos policiacos que cada vez crecen más en número pero que no han sido factor para disminuir los Ãndices de asesinatos que se cometen en nuestro territorio, como lo demuestran los 40 mil civiles que han sido masacrados bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
La promulgación de la ley de derechos humanos, que eleva a rango constitucional la protección de las prerrogativas de los ciudadanos de nuestro paÃs e incluso de aquellos que se encuentran en tránsito en nuestro territorio, debe servir para llamar a cuentas a todos aquellos integrantes de las fuerzas armadas y policiacas que a lo largo de los últimos cuatro años han sido señalados como responsables de abusos y asesinatos contra civiles en retenes y en supuestos enfrentamientos armados.
El gobierno de la República seguirá en deuda con la sociedad mexicana mientras los verdaderos responsables de la matanza de jóvenes como las que sucedieron en 1968 y 1971 continúen gozando de la impunidad que les han conferido las comisiones que se han constituido recientemente para investigar los delitos cometidos, en las que el PRI y el PAN, haciendo uso de sus mayorÃas legislativas y con meros cálculos polÃticos y afanes electorales, se han encargado de obstaculizar y de encubrir.
Nuestra solidaridad con las familias de aquellos luchadores sociales que siguen esperando justicia por la muerte y desaparición de cientos de jóvenes.
