La semana pasada con desencanto se dio a conocer la noticia de que el Grupo Parlamentario del PRI, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dio carpetazo a la reforma electoral consensuada hace varias semanas en el Senado, evitando asà a que avance durante el próximo perÃodo parlamentario y por lo tanto privándonos a todos los mexicanos de una muy buena actualización -en esta materia- para el proceso federal del año entrante. Es lamentable que por cálculos polÃticos electorales, nuevamente México se quede esperando reformas que necesita.
El concepto de Reforma del Estado es muy extenso, ya que incluye gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de polÃtica económica, polÃtica social, administración pública, polÃtica electoral, a la naturaleza del Estado.
Las reformas al Estado son procesos inducidos cuyos objetivos esenciales buscan que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, polÃticos y sociales de cada paÃs. La referencia a reformas estatales en otros paÃses permite identificar logros, fracasos y deficiencias.
Nuestro paÃs ha vivido diversas crisis polÃticas que a la postre han desencadenado distintas reformas al Estado mexicano.
En 1973 el Presidente Luis EcheverrÃa Ãlvarez, en medio de una crisis producto de las continuas represiones sociales de los años 60´s impulsa la Ley Federal Electoral para buscar adquirir legitimidad, con ello se mantienen los diputados de partido; la obligación de concluir los cargos de elección popular para poder ser elegible para diputado federal o senadores; por primera vez se otorga el derecho a los partidos polÃticos a nombrar representantes de casillas en las mesas directivas; y, el acceso a radio y televisión durante el periodo de campañas electorales, aprovechando el tiempo asignado al Estado.
En 1977 con José López Portillo, bajo una crisis de legitimación por haber sido el único candidato a la presidencia de la república, se elaborará la Ley Federal de Organizaciones PolÃticas y Procesos Electorales, la cual sin duda constituyen el horizonte mexicano para la implantación de los principios de un sistema electoral democrático al decretarse: la incorporación de un mecanismo de representación proporcional para integrar la cámara de diputados, es decir se paso a un sistema de elección mixto; el registro condicionado de agrupaciones polÃticas; acceso de los partidos a financiamiento público y a espacios oficiales en medios de comunicación y; la posibilidad de que partidos polÃticos nacionales participaran en elecciones locales.
En 1988, la famosa “caÃda del sistema†es el detonante de una nueva crisis de legitimidad que genera la desconfianza absoluta de los colegios electorales y de todo el sistema electoral administrativo, demostrando el agotamiento del modelo polÃtico de la auto-calificación. Esto conlleva la creación del IFE y Tribunal Electoral Federal y una nueva reforma en 1993 prohÃbe el financiamiento privado para las campañas electorales. En ella, se suprime la cláusula de gobernabilidad y el sistema de auto-calificación para la elección de diputados y senadores ya que faculta al IFE para hacerlo, a través de Consejeros Electorales ciudadanos. La última reforma electoral 2007-2008 obedece, en forma semejante, a la inestabilidad e incertidumbre que habÃa dejado el proceso presidencial meses atrás.
AsÃ, históricamente la Reforma del Estado en México se ha venido desarrollando por una serie de circunstancias, pero sobre todo de forma reactiva a las crisis sociales y polÃticas. Luego, en esta ocasión se ha dejado pasar una oportunidad en que por primera vez se podÃa hacer una reforma polÃtica de manera preventiva, una reforma que se construyó con las propuestas de toda la ciudadanÃa y los actores polÃticos, pero que el PRI se negó a impulsar so pretexto de “no conocerla†cuando en su mayor parte ésta tiene en los escritorios de los diputados desde el 2008 y en los últimos meses les fue compartida y aprobada por legisladores de la Cámara Alta de su propio partido.
La Reforma del Estado, no puede ser vista como una mera alteración del organigrama, pero sà como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes económicos, polÃticos, y administrativos. El dictamen que ya estaba listo, involucra una reforma polÃtica garante de mayor gobernabilidad, buscaba la adecuación de las instituciones polÃticas para hacerlas capaces de intermediar intereses dentro del Estado y la sociedad civil a través de figuras como el referéndum, el plebiscito, las candidaturas ciudadanas y las iniciativa popular, asà como preveÃa, entre otras bondades, la disminución en el número de los diputados y senadores.
El gran desafió de la reforma del Estado es tener partidos polÃticos que correspondan a orientaciones ideológicas y no a coyunturas polÃtico-electorales. Tendremos que esperar todavÃa más para desarrollar un sistema electoral que permita la formación de gobiernos que sean más representativos y que cuenten con mayorÃas estables.
La actual reforma del Estado mexicano ha sido un largo proceso en el cual no se han visto grandes frutos, pero a pesar de todo debemos seguir impulsándola exigiendo a los diputados priistas que no rehúyan la discusión y posterior aprobación de la misma sólo por intereses partidistas; no esperemos a que una nueva crisis social nos obligue a modificar las reglas de juego polÃtico.
