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Es una prioridad impulsar el feminicidio como tipo penal: Gabriela Molina

Se debe impulsar la aprobación del tipo penal del  feminicidio al aprobar en el estado la  iniciativa Decreto que reforma el Capítulo VI  artículo 284 del Código Penal del Estado de Michoacán, demandó  la diputada Gabriela Molina Aguilar.

La legisladora explicó que debe ser una prioridad que el feminicidio se tipifique como tipo penal, así como lograr la aplicación de las órdenes de protección, así como propuestas de articulación y acciones civiles, políticas y académicas para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.

Molina Aguilar, consideró fundamental el impulsar el tipo penal de feminicidio en todo el país como instrumento vital para un diagnóstico profundo y así poder consolidar las políticas de prevención, ya que en todo el territorio nacional se ha incrementado el número de mujeres asesinadas violentamente.

“México concentra el 24% de los homicidios femeninos ocurridos en el país y el Distrito Federal uno de cada diez suicidios, pero la incidencia de muertes violentas muestra que la frecuencia de estos hechos es más alta en Chihuahua, donde ocurren 31 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, le siguen Zacatecas con 30; Michoacán con 27; Jalisco, Nayarit y Sonora con 26 decesos cada uno; y en Baja California, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala ocurren 25 muertes femeninas por causas violentas.

“Mientras que las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar en el país se concentran principalmente en 10 entidades: “Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, Edomex, Colima, Nayarit y Baja California”.

Por ello, ante este problema social –dijo la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género de la LXXI Legislatura- resulta trascendental lograr transitar hacia dos vías como consenso mínimo para erradicar la violencia feminicida, “centradas en intensificar un modelo legislativo que se traduzca en mecanismo jurídicos género-específicos con los que se supere la neutralidad que legitima el sexismo, la discriminación y el ejercicio del poder en los que se presenta la impunidad y la corrupción.