Avisados como fueron los del crimen organizado que la Confederación Nacional de Gobernadores movilizará 310 mil elementos policiacos y ministeriales, del 13 al 19 de junio, para atacar de 65 a 70 por ciento de los delitos del fuero común, se imponen seis dÃas de repliegue o, de plano, de vacaciones de las bandas delincuenciales.
Sólo el afán de aparecer como muy sensibles a las exigencias de la caravana de Cuernavaca a Ciudad Juárez, con un encuentro en El Paso, Texas, podrÃa explicar la pifia de los ejecutivos de las entidades del paÃs, en voz de Marcelo Ebrard y a quien le vino como anillo al dedo. En tanto usuario de la estación del metro Normal desde 1972, registro la remodelación que hizo de los exteriores, pero manoseando a las 42 vÃctimas mortales del 10 de junio de 1971.
Naturalmente que todo tiene una justificación y ésta la expresó César Duarte, el gobernador de la desangrada y mártir Chihuahua. “El objetivo –dijo– es alentar a la población a que en esta acción estemos coordinadosâ€. ¡Ah!
Judith Torrea, periodista vasca que 14 años después retorna a vivir a la ciudad más insegura del planeta, enseguida de presentar Juárez en la sombra: crónica de una ciudad que se resiste a morir, lo explica mejor. “No es una guerra contra el narcotráfico es una guerra para el control del narcotráfico, uno de los mayores negocios del mundo, no sólo en Méxicoâ€. Y pregunta a los adictos del norte: “¿Cuántos muertos se necesitan en mi querida Juaritos para que una persona en Nueva York consuma en paz un gramo de cocaÃna?â€
En contrapartida, el señor de las cinco estrellas castrenses hizo honor a ellas como adolescente, durante la cuarta visita a Estados Unidos en lo que va del año. “No tienen armas muy poderosas (los narcotraficantes). Nosotros tenemos más poderosasâ€, dijo para defender ante mexicanos de San José, California, su impugnada y cada dÃa más rechazada estrategia militar y policiaca que supera los 41 mil asesinados. Y valiente como es él en los discursos, pero siempre rodeado por elementos del Estado Mayor Presidencial, como ninguno de sus antecesores, sentenció: “Acuso a la industria armamentista americana (sic) de los miles de muertos en Méxicoâ€.
Acusaciones que no impactan porque en las manos de Felipe Calderón está renegociar algunos de los términos de la subordinación a la estrategia de Washington frente a las drogas –rechazada incluso por Naciones Unidas–, a las que se opone siquiera a debatir como su despenalización, con actitudes obtusas. En este caso se trata del restablecimiento de la prohibición de la venta de armas de asalto, aprobada durante la gestión presidencial de Clinton.
La reacción presidencial y la de los gobernadores tienen como telón de fondo los lineamientos del Pacto Nacional con Justicia y Dignidad que plantea “el fin inmediato de la estrategia de guerra y la desmilitarización de las funciones policiacas, asà como el regreso de los soldados a los cuartelesâ€.
Los firmantes demandan, también, cancelar la Iniciativa Mérida y otros instrumentos de cooperación con Estados Unidos en polÃticas castrenses.
Y por si lo anterior no fuera suficiente. “Juicio polÃtico a Felipe Calderón, Genaro GarcÃa Luna y Javier Lozanoâ€, es otra de las exigencias concertadas por los firmantes, entre los que destacan artistas, dirigentes empresariales, sindicalistas, ministros de diversos cultos, organizaciones sociales, agricultores y muchos activistas que promueven que el dolor por los deudos trascienda y ocupe la plaza.
Con tal diversidad es natural que los disensos tengan amplio espacio, pero convergen en algo esencial, la autonomÃa del movimiento respecto a los poderes institucionales y facticos.
