La corrupción en México es uno de los principales males que afectan el tejido social y obstaculizan el crecimiento económico del país. Es un problema público que permea en prácticamente todos los ámbitos, tanto de lo público como de lo privado. De ahí que este fenómeno se sitúe en la lista de principales problemas para los ciudadanos, así como de múltiples mensajes electorales y gubernamentales. Sin embargo, el discurso anticorrupción nunca había tenido tal protagonismo como el que le ha dado el presidente López Obrador.La corrupción no tiene una sola cara ni puede enfrentarse solo con discursos. El abuso de poder y la corrupción no ocurren de manera aislada ni responden a un único factor. Se trata de un proceso complejo de retroalimentación mutua que vulnera el Estado de derecho. La corrupción provoca otros problemas sociales como inseguridad, desigualdad e impunidad, los cuales a su vez facilitan que sucedan más actos de corrupción.En este sentido, cuando hablamos de combatir la corrupción nos referimos a buscar soluciones asertivas a un fenómeno complejo ya que, así como sus causas son multifactoriales, su atención requiere acciones coordinadas y sistemáticas. Hasta la fecha, las medidas implementadas a nivel nacional para combatir la corrupción no han dado los resultados esperados por la ciudadanía y, pese a un mayor escrutinio público, la corrupción no ha cedido terreno y la impunidad no ha disminuido de manera significativa.
Si bien este problema no ha desaparecido, durante las últimas décadas ciertas instituciones del Estado mexicano han dado pasos para avanzar en esta lucha. Un ejemplo de esto es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que nació en 2016 gracias al empuje de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, haciendo eco de una exigencia generalizada en la sociedad mexicana. La apuesta del Sistema era construir una mejor coordinación entre instancias de gobierno que ya existían, en lugar de crear un nuevo aparato burocrático. De esta manera, el Sistema se conformó por la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (que representan al gobierno federal), la Auditoría Superior de la Federación (del Poder Legislativo), una representación del Consejo de la Judicatura Federal (del Poder Judicial), el INAI y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Finalmente, fue incorporada una representación ciudadana, que preside el comité coordinador del sistema.La misión del Sistema fue ofrecer alternativas y soluciones ante el malestar generalizado provocado por la corrupción, sentando en la misma mesa y coordinando a todos los actores relacionados con la prevención, investigación y sanción de la corrupción, bajo un esquema de gobernanza para crear políticas efectivas para enfrentarla. Es importante enfatizar que el Sistema representa a instituciones de todo el Estado mexicano y no solo a una parte.
