La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la revisión a la Cuenta Pública Federal 2011, y en el caso de los recursos destinados a Michoacán en materia de salud determinó que el gobierno estatal incumplió las disposiciones legales, pues se desviaron 1.1 mil millones de pesos, dejó de ejercer más de 890 millones de pesos, no logró comprobar el destino de más de 310 millones, y de las 74 observaciones que se le realizaron apenas si solventó 27.
Pero además, ese año la Secretaría de Salud del Estado pagó con recursos federales a especialistas que no contaban con cédula profesional, mandó a médicos a realizar labores administrativas, y mantuvo servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza que ocupaban.
En el caso del Seguro Popular, las irregularidades suscitadas en el manejo del programa propiciaron que sólo más de un 60 por ciento de sus beneficiarios no recibieran completo el medicamento previsto en sus recetas, el 24.7 por ciento hayan requerido acudir a un médico privado, y el 88.9 por ciento de los usuarios tuvieran al menos una queja con los servicios recibidos.
Los recursos federales para Salud, fundamentalmente arribaron ese año a través de dos vías, una la del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (con una bolsa de dos mil 161 millones 407 mil 300 pesos), y el Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud de la federación y el estado (por dos mil 91 millones12 mil 200 pesos).
En el caso del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud se efectuaron dos auditorías, una abarcando un muestreo del 94 por ciento del total de recursos, y la otra del 3.7 por ciento. Mientras que en el Acuerdo de Coordinación, la revisión también fue con dos auditorías, una abarcó el 88.2 por ciento del total del dinero destinado, y la otra el 10.8 por ciento.
Fondo de Aportaciones
En la revisión al Fondo de Aportaciones, el máximo órgano fiscalizador nacional determina que el Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Salud del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, y enlista el pago a médicos especialistas que no disponen de la cédula que avala su especialidad, médicos que efectúan funciones administrativas y falta de aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de medicamento.
En las visitas físicas efectuadas a las jurisdicciones, hospitales, centros de salud y módulos de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, se constató que carecen de espacios físicos adecuados, de sistemas de control para identificar los medicamentos de lento y nulo movimiento que propician caducidad; de levantamiento de inventarios semestrales y anuales; tampoco disponen de una adecuada separación de otro tipo de materiales, lo que impide al personal responsable garantizar el cumplimiento y transparencia en el manejo y operación de los almacenes.
La entrega de medicamento a los hospitales y centros de salud del Estado se realizó por medio del proveedor contratado; sin embargo, los insumos médicos y medicamentos fueron insuficientes, por lo que las recetas no se surtieron en su totalidad, lo que propició un desabasto del 60 por ciento.
Sin ser objetivo del programa, la autoridad echó mano de los recursos para atender cuestiones laborales, de manera que atendía el pago de nóminas de personal homologado y regularizado de plazas precarias, se puso a pagar vales de despensa de fin de año a trabajadores o unidades administrativas que no tenían que ver con este programa,
Eso no fue todo, porque la Secretaría optó por contratar a personal que no contaba con el perfil profesionista requerido, ni con la documentación necesaria para la contratación de médicos especialistas. La Auditoría refiere un caso que implicó pagos por más de cien mil pesos.
La autoridad estatal dispuso además de recursos del Fondo para pagar a presunto personal de honorarios, el problema es que no hay ningún contrato que ampare que la existencia una relación laboral, es decir, saber si realmente se contrató a alguien para efectuar actividades específicas. Así se distrajeron 2.2 millones de pesos.
Ese año la Secretaría de Salud utilizó los recursos que tenía disponible para cubrir el pago de medicamentos que no hizo en el 2010 sin que fueran contabilizados, lo que podría implicar un daño a la hacienda pública por 7.3 millones de pesos y sus respectivos intereses.
De todas las irregularidades por el manejo de recursos, la Auditoria estima que probablemente podrán recuperarse mil 448 millones 531 mil 800 pesos.
El gobierno godoyista no cumplió en términos generales -a decir de la ASF-con los objetivos de la política de estado en materia de salud, que de manera coordinada desarrolla con el gobierno Federal, pues al 31 de diciembre de 2011 no había ejercido 216.9 millones de pesos, lo que representa el diez por ciento del total de recursos, con lo que se limitó la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados no fueran con mayor calidad.
De las 33 observaciones hechas, la autoridad local logró solventar nueve, por lo que las 24 restantes dieron paso a dos recomendaciones, dos promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal; otras 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; y 1 una denuncia de hechos.
La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el Gobierno del estado de Michoacán no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan mi 57 millones 449 mil 500 pesos por la transferencia de recursos a otros fondos o programas lo que ocasionó falta de efectivo y de rendimientos financieros en la cuenta bancaria del Fondo utilizada por la Secretaría de Finanzas.
Además falta la comprobación de 147 millones 525 mil 600 pesos por la falta de comprobación del destino y aplicación de los recursos registrados como ejercidos en el capítulo de Servicios personales, y 124 millones 785 mil pesos por ejercer de recursos en los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Acuerdo de Coordinación
En este rubro la Auditoría considera que, en términos generales el gobierno del estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, ya que mil 141 millones 230 mil 900 pesos se transfirieron a otros rubros distintos del Seguro Popular, lo que ocasionó un faltante de efectivo y de rendimientos financieros en la cuenta bancaria respectiva.
Además, por reintegros realizados por los Servicios de Salud de Michoacán que no están disponibles en la cuenta bancaria, se detectaron 163 millones cien mil 700 pesos por el pago al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral, lo que impidió verificar que las actividades contratadas están previstas por el Seguro Popular.
También está el caso de 43 millones 569 mil 300 pesos por pagar el servicio del suministro de medicamentos.
El Gobierno del estado tampoco cumplió de manera adecuada con los objetivos de la política de salud coordinada con la federación, ya que al 31 de diciembre de 2011 no había devengado 673 millones 526 mil 200 pesos, monto que representa el 32.2 por ciento del total de los recursos que por concepto de Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal se destinaron al Sistema de Protección Social en Salud, lo que limitó la atención a la población que no tiene acceso a la seguridad social, al propiciar que los servicios prestados con Seguro Popular no exhibieran mayor oportunidad, calidad y cobertura.
