Miguel Mendoza Barajas, Sara MartÃnez Gutiérrez, Gilberto Guerra Calderón y Héctor Plancarte Esquivel tomaron protesta al cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con la finalidad de garantizar y privilegiar el equilibrio en la toma de decisiones de este organismo.
Cabe destacar que los ciudadanos electos desempeñarán el encargo con carácter honorÃfico por un periodo de dos años a partir de su elección.
Durante la exposición de motivos, las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, aseguraron que en el análisis de los expedientes, se privilegió a quienes acreditaron plena experiencia en investigación, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, y de igual forma, tener conocimiento en materia contable a fin de que en su momento, vigilen la correcta aplicación de los recursos financieros.
La convocatoria fue dada a conocer a la sociedad michoacana mediante su publicación en los periódicos de mayor circulación en el estado, en la misma que se establecieron las bases y requisitos con la finalidad de allegarse de propuestas para ocupar los cargos.
Ya que esta trata de otorgar oportunidades de alfabetización que procuren herramientas para una mejor calidad de vida para las y los michoacanos. El Pleno del Congreso local autorizó a los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS), impartir los estudios del nivel de preparatoria o bachillerato.
Con lo anterior, se responde a la necesidad concreta de los alumnos de CEBAS por continuar con su proceso de aprendizaje y por ende, se trabaja en un esfuerzo conjunto para luchar contra el analfabetismo.
En este sentido, Wilfrido Lázaro Medina reconoció el empeño de la actual Legislatura en el fenómeno educativo, ello por ser el conducto eficaz a través del cual se ha podido coadyuvar en la resolución pronta y sólida de muchos problemas que aquejan al sector.
El consenso entre las fracciones parlamentarias para la aprobación de dicha iniciativa, aseguró, fue la constante que permitió el enriquecimiento en el contenido de ésta, lo que refrenda justificar la trascendencia del actuar de los integrantes de la LXXI Legislatura.
Los diputados Epigmenio Jiménez Rojas y ArquÃmides Oseguera Solorio solicitaron licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo. Para tales efectos, EfraÃn Bustos Solano tomó protesta en suplencia de Oseguera Solorio.
En el caso del diputado Jiménez Rojas, la licencia iniciará a partir del dÃa 1º de agosto del presente año. Â
En el mismo sentido, el diputado Librado MartÃnez Carranza fue autorizado para tomar licencia en su cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a partir del 31 de julio del año en curso.
El Ayuntamiento de Morelia solicitó la instrucción del Poder Legislativo para designar a un regidor propietario del cargo ante la renuncia de Rodolfo Gutiérrez Castañeda y la negativa del suplente Erick Alberto Acuña, ello a fin de asumir el cargo. Para su estudio y análisis, la comunicación fue turnada a la Comisión de Gobernación.
Omar Francisco Gudiño Magaña tomó protesta ante el Pleno como secretario de Administración y Finanzas del Congreso local, en suplencia de quien fungiera en el cargo, Ignacio Alvarado Laris.
La falta de disposición legal de un procedimiento que permita a la AuditorÃa Superior de Michoacán la ejecución de sus propias resoluciones, dado que no es autoridad ejecutora, fue el motivo por el cual el diputado Gonzalo Elvira Cabrera propuso la iniciativa de decreto que contiene proyecto que reforma y adiciona diversos artÃculos a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán publicada en 2003 y la vigente.
Lo anterior pretende impulsar un procedimiento sencillo, pronto y eficaz que, garantizando los derechos debidos a todo proceso, permitan la imposición de las sanciones a que está facultada la AuditorÃa Superior de Michoacán.
En este sentido, el legislador explicó que la ASM llega a determinar inconsistencias tales que ameritan la imposición de sanciones a los funcionarios públicos y que van desde amonestaciones, suspensiones y hasta la inhabilitación del cargo. Todas ellas pueden ser determinadas por la AuditorÃa, mas no pueden ser ejecutadas por dicho órgano.
Por ello, Elvira Cabrera calificó de “impostergable†legislar en este sentido, para lo cual propuso reformar la Ley de Fiscalización Superior para disponer que se haga del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado las resoluciones que tengan como finalidad suspender, destituir o inhabilitar a los servidores públicos; posteriormente, se reformarÃan las Leyes Orgánicas del Congreso local, a fin de insertar la facultad del Pleno del Congreso a dar trámite a las resoluciones de la AuditorÃa Superior a través de la Comisión Inspectora. Para su estudio, análisis y dictamen fue turnada a las Comisiones de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, asà como a la Inspectora de la AuditorÃa Superior de Michoacán.
Ante la falta de un catálogo de derechos fundamentales para los ciudadanos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometió a consideración del Pleno la iniciativa que reforma el TÃtulo Primero de la Constitución PolÃtica del Estado.
Esta propuesta tiene la finalidad de acrecentar los derechos de las y los michoacanos, además de responder la necesidad de establecer lÃmites a los Poderes del Estado y ganarle derechos al Estado.
Presentada en voz del diputado Juan Carlos Campos Ponce, éste aseguró que la reforma busca la configuración de un estado democrático mediante el establecimiento del catálogo de derechos fundamentales, sobre todo el relativo a la seguridad social. La importancia de estos derechos, justificará los esfuerzos realizados para lograr una interpretación ajustada a los valores que encarna el Estado social de derecho.
Para determinar si ha lugar a admitir a discusión, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para determinar si ha lugar a admitir a discusión.
En Michoacán, la impunidad es del orden del 98 por ciento; del total de delitos cometidos, ya que sólo se denuncia el 16 por ciento ante el Ministerio Público, de los cuales únicamente el 10 por ciento se investiga y el 4 por ciento llegan ante el juez y sólo 1.6 por ciento tiene una sentencia condenatoria.
Por ello, Juan Carlos Campos Ponce aseguró que existe una ineficiencia en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, lo que plantea un reto mayor al siguiente gobierno en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
La problemática sobre la actuación de las autoridades al frente de las corporaciones policiacas, resulta evidente ante la creciente desconfianza de las vÃctimas hacia las autoridades, lo que ha derivado en una tendencia ciudadana por la no denuncia.
AsÃ, el legislador reconoció la urgente necesidad de redireccionar el uso de los recursos públicos y eficientar la labor de las autoridades procuradoras de justicia en la entidad.
Por otro lado, medidas de polÃtica económica que incentiven la producción y el empleo acordes a la realidad social mexicana, fue la demanda del diputado MartÃn López Ortiz con relación al incremento del precio de la gasolina.
Lo anterior, toda vez que a consideración del legislador, la homologación de los precios del petróleo no van acordes al salario de la ciudadanÃa.
Requirió de urgente que en Michoacán se apoye, además, el desarrollo del campo, de la infraestructura urbana y de la economÃa social; una polÃtica económica que fortalezca el consumo, “no que lo inhiba con la cascada de incrementos en los precios de bienes de consumo y servicios que dependan de la gasolina y sus derivadosâ€.
Por ello, exhortó al Gobierno Federal apostar al desarrollo económico interno sin depender de la polÃtica de importaciones de energéticos y mejor aún, fortalecer la industria energética nacional.
En este sentido, el diputado Sergio SolÃs Suárez reconoció que de los años 1980 a 1990 se registró una inflación del 66 por ciento en el precio del combustible antes referido; de 1990 al 2000 fue del 19 por ciento; mientras que del 2001 al 2010 ha sido sólo del 5 por ciento.
A pesar de los precios internacionales del petróleo, el gobierno de la República ha subsidiado la gasolina con más de 100 mil millones de pesos, por lo que recomendó hacer un análisis puntual sobre la situación real del tema más allá de apreciaciones personales o partidistas.
Contribuir a que la función pública sea ejercida con absoluta transparencia, con trato imparcial para todos los grupos sociales y ciudadanos, a fin de combatir la corrupción e impunidad que son reclamos permanentes de la sociedad, fue el objetivo por el cual el Pleno del Congreso local dio primera lectura a la reforma al segundo párrafo del artÃculo 95 de la Constitución PolÃtica del Estado de Michoacán.
En éste, se estipula que el Tribunal de Justicia Administrativa “Tendrá competencia para dirimir, resolviendo en forma definitiva, la controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos, de los organismos autónomos, de las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipalesâ€.
Con esta redacción, se eliminarÃa el conflicto existente por su antigua redacción, toda vez que se faculta al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de actos emitidos por la AuditorÃa Superior en contra de particulares o servidores públicos, desvirtuando asà la naturaleza del ente fiscalizador.
AsÃ, el objetivo de la propuesta es mantener inherente la función de fiscalización del Poder Legislativo, que procura salvaguardar el interés de la normatividad constitucional y legal en el uso del Poder Público, dado que la función de fiscalización es una actividad eminentemente técnica y para su desarrollo requiere de imparcialidad y profesionalismo.
El Pleno del Congreso local otorgó el ha lugar a admitir a discusión la iniciativa de Decreto que propone adicionar un artÃculo 33 Bis de la Constitución PolÃtica del Estado de Michoacán, presentada por las diputadas MarÃa Macarena Chávez Flores y Lourdes Esperanza Torres Vargas.
Ello, en razón a la pretensión de adicionar un artÃculo 33 Bis a la Constitución local, en virtud de que tanto en el actual texto constitucional como en las reformas constitucionales aprobadas para entrar en vigor el primero de enero del 2015, la obligación del gobernador de presentar su Informe de Gobierno se establece claramente, pero ninguno hace referencia a los requerimientos mÃnimos que deben caracterizar.
Toda vez que no se contravienen los principios contenidos en la Constitución PolÃtica de los Estados Unidos Mexicanos, para su estudio, análisis y dictamen fue turnado a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para su publicación, al titular del Poder Ejecutivo fue remitida la comunicación que contiene declaratoria por medio de la cual, se informa el sentido de la votación de los municipios del estado respecto a la minuta de decreto 335.
Conforme a lo establecido por la ley, la Mesa Directiva del Congreso remitió a los ayuntamientos dicha minuta que reforma diversas disposiciones de la Constitución PolÃtica del Estado a efecto de que en el lapso de un mes expresaran el sentido de su voto.
Vencido el plazo, los municipios de Pajacuarán, TarÃmbaro, Uruapan y Jacona expresaron su sentido aprobatorio a dicha minuta, a excepción de Churintzio que votó en contra. Los demás ayuntamientos pasaron el tiempo estipulado para remitir sus consideraciones, por lo que de facto se entiende su sentir aprobatorio.
La Comisión de Desarrollo Económico reconoció los logros alcanzados en este rubro por el Poder Ejecutivo en el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno, advirtiendo asà la necesidad de que cada año se dupliquen los esfuerzos para el apoyo al desarrollo económico del estado en todas sus vertientes.
Exhortó a la SecretarÃa de Desarrollo Económico para que aporte mayores esfuerzos para atraer inversiones con otros estados vecinos a través de mejores marcos jurÃdicos y estÃmulos como la exención y/o reducción de impuestos, financiamientos, apoyos y otros en lo general para que se puedan atraer mayor número de empleos para paliar la crisis económica por la que atraviesa no sólo Michoacán, sino México.
En el mismo análisis, la Comisión de Gobernación hizo una llamado al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que atienda las observaciones y requerimientos que en los acuerdos derivados de los informes de gobierno anteriores, se han presentado y que han sido desatendidos por la autoridad, y para que, además, en lo que resta de la administración estatal, haga lo conducente para avanzar en los temas integrados en las consideraciones contenidas en dicho acuerdo.
Los resultados, evaluación de desempeño y la eficacia de los programas ejecutados, asà como la aplicación oportuna de los recursos ministrados, deberán ser fiscalizados por la AuditorÃa Superior de Michoacán en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al ejercicio del año 2010.
Ante la expedición de leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos, el diputado Antonio GarcÃa Conejo solicitó al Congreso local exhortó al Congreso local pronunciarse en contra de los marcos aprobados en este sentido.
Adicional, un llamado al Gobierno mexicano para busque los mecanismos de polÃtica internacional a fin de generar un consenso en contra de estas leyes ante instancias internacionales.
Jaime RodrÃguez López y Sergio SolÃs Suárez coincidieron con la propuesta del legislador, por lo que se acordó establecer una mesa de trabajo entre las Comisiones de Asuntos Migratorios y Derechos Humanos, a fin de entablar un plan de acciones que permitan un alcance de grande dimensiones a tal propuesta.
