Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán se van a huelga

Este jueves de manera histórica, fue emplazado a huelga el Poder Judicial del Estado de Michoacán, por diversas violaciones a las condiciones generales de los trabajadores sindicalizados, entre ellas, la falta de capacitación, pago de prestaciones, inseguridad en juzgados, salas y áreas administrativas y falta de herramientas de trabajo. Tras la admisión correspondiente, las banderas rojinegras podrían colocarse el 16 de agosto próximo, paralizando las labores en 190 juzgados y 16 salas de todo el estado y con ello la impartición de justicia.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Lic. Fernando Javier Gámez Piñón, se presentó en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y entregó el documento respectivo a la Oficialía de Partes del citado Tribunal, y en ese marco destacó que nunca antes el Sindicato que agremia a mil 41 trabajadores había emplazado a huelga por violaciones a las condiciones generales de trabajo.

Añadió que los sindicalizados nunca han recibido la capacitación correspondiente para realizar sus diversas funciones, en la actualidad solo los jueces reciben tal beneficio, incluso en el extranjero. Asimismo, se han inconformado por la falta del pago de becas a sus hijos, pues el Tribunal sólo ofrece esta prestación a un hijo por cada trabajador, pero las condiciones generales de trabajo señalan que las becas se otorgarán a los hijos en general.

También demandan, seguridad en las dependencias del tribunal, como juzgados, salas y áreas administrativas, debido al delicado trabajo que realizan los empleados y la necesaria protección que requieren. No hay extinguidores ni botiquines en los juzgados del interior del estado.

En los Juzgados menores que no son de cabecera municipal, tampoco cuentan con instrumentos ni herramientas de trabajo tan necesarios como computadoras y escáners. El equipo se encuentra obsoleto y además, no tienen acceso a internet, a pesar de que por ley, deben subir listas a la web y hacer órdenes de pago de fianzas, entre otras cuestiones.

Por obligación, los trabajadores cuentan con un seguro de vida, pero hasta la fecha no se les han proporcionado las pólizas correspondientes, por lo que ni siquiera saben si cuentan con ese beneficio que está estipulado en la ley.

Gámez Piñón dejó ver que las condiciones de trabajo de mil 41 empleados del Poder Judicial se encuentran muy por debajo de los agremiados del Poder Ejecutivo, siendo que hay bonos que deben pagarse en la misma forma y cantidad, pero para los miembros del SUTASPJEM, estos apoyos están congelados. Se trata de bonos de ayuda dental, previsión social y útiles escolares, entre otros.

Actualmente, los trabajadores de los juzgados ubicados en el cereso “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “mil Cumbres” están padeciendo el cierre del estacionamiento al que tenían acceso, debido a la construcción de salas para los Juicios Orales y se ven obligados a estacionar sus vehículos en la carretera federal exponiéndose a multas e incluso vandalismo. Pero los jueces sí tienen acceso al estacionamiento. Si bien, hay transporte público para los empleados, este termina a las 18:00 horas, pero el trabajo de los sindicalizados en ocasiones frecuentes se extiende hasta altas horas de la madrugada y la inseguridad para ellos y sus vehículos es inminente.

Y precisamente el tema de los Juicios Orales tiene preocupados a los miembros del SUTASPJEM, pues tras una plática del dirigente Fernando Javier Gámez Piñón con el presidente del Supremo Tribunal Alejandro González Gómez, se conoció que tras un acuerdo del Consejo del Poder Judicial se cerrarían diversos juzgados que consideran no tienen suficiente carga de trabajo y se abrirían otros , cambiando en el mejor de los casos a los trabajadores, no sólo de adscripción sino también de materia judicial. Añadiendo a esto, que los agremiados no han recibido capacitación alguna para realizar estas nuevas funciones, si es que acaso puedan ser considerados en las mismas. El Sindicato cuestiona, cómo se busca implementar un nuevo sistema si no hay capacidad económica, ni personal, ni capacitación, mucho menos instalaciones suficientes.

Otra de las violaciones demandadas en el emplazamiento a huelga es que los trabajadores no cuentan con ningún recurso ordinario para inconformarse ante algún procedimiento sancionador por parte del Consejo del Poder Judicial, una vez que ha salido una resolución, sin pasar desapercibido que actúan como juez y parte.

Ahora procede la admisión del emplazamiento y posteriormente se emplazará a la parte patronal y se señalará fecha para la mesa de conciliación correspondiente, en la que el Sindicato espera se llegue a un convenio adecuado y si no, se llegaría a paralizar la impartición de justicia en el estado, al colocarse las banderas rojinegras en todas las salas y juzgados del Poder Judicial.