Michoacán y el resto de México son narcoeconomías, consideró el especialista Guillermo Vargas Uribe. Aunque no existe una estimación actual sobre la incidencia del narco en la economía del estado, en un trabajo realizado por este investigador en 1993 estimó el valor de la producción de esta actividad ilícita, que representaba una quinta parte del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), sin embargo, con la evolución de este sector, conformado ya en el crimen organizado con una diversidad de actividades relacionadas, su influencia en el estado es mucho mayor, al nivel de que las principales entradas de divisas a la entidad se derivan de las remesas y del narco.
Para Vargas Uribe la economía de una región o un país se pude dividir en economía formal, economía informal y economía criminal, según un artículo publicado por él, titulado “Economía criminal y reorganización territorial en México”, en colaboración con Janeth Cristina Valdez Rivera.

Y señala: “Paulatinamente la economía criminal empezó a diversificarse a un gran número de actividades delictivas, además del tráfico de drogas y de armas, tales como el secuestro, la extorción, el tráfico de migrantes, la trata de infantes, el tráfico de órganos y la pornografía infantil, entre muchos otros delitos que han convertido a este tipo de economía en una de las más florecientes en los años recientes en nuestro país”.

Y ambos concluyen que “las políticas neoliberales… han provocado la multiplicación de las evidencias del Estado fallido en México y en otros países, generando un vacío de poder por el ‘adelgazamiento del Estado’ y con ello el aumento del poderío de los grupos criminales, expresado a través del incremento extraordinario de las ganancias de la economía criminal y el decremento del control territorial del Estado mexicano y su restructuración en beneficio de las mafias y en perjuicio de la sociedad civil”.

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