La razón del florecimiento de los denominados movimientos ciudadanos que cuestionan el desempeño del gobierno y promueven cambios en distintas polÃticas gubernamentales, como la polÃtica de seguridad nacional, guerra contra las drogas y delincuencia organizada, se explica por el pobre desempeño de los gobernantes, nuestra democracia representativa, y a una carencia importante dentro de nuestra ingenierÃa constitucional: la falta de mecanismos de participación ciudadana que sirvan de cauce legal para que los ciudadanos puedan desafiar de manera democrática las decisiones, acciones u omisiones de nuestros representantes populares.
Mecanismos con los cuales la ciudadanÃa, al margen de los partidos polÃticos, puede echar a andar o detener al gobierno y las legislaturas, en temas que, desde su perspectiva, las cosas se pueden hacer mejor.
Este vacÃo se debe a que el legado del sistema de partido hegemónico en México es una democracia incompleta: abierta a la competencia entre partidos, pero cerrada a la participación de la gente en la toma de decisiones públicas al margen de estos institutos ungidos como los supremos representantes de la voluntad popular.
Es un sistema que frente a los cuestionamientos permanentes de fraude electoral decidió avanzar en el ámbito de la democracia representativa pero dejo al margen su complemento: la democracia participativa. La parte de la historia que corresponsabiliza a los ciudadanos en la construcción de un mejor paÃs, cuestionando abiertamente a sus autoridades para que convenzan a la opinión pública y la voluntad general que se están llevando a cabo las mejores polÃticas posibles, y presentando leyes y polÃticas públicas alternas a las promovidas por sus representantes populares.
Dicho de otro modo, la razón por la que hoy en dÃa han surgido tantos movimientos ciudadanos que cuestionan las polÃticas públicas federales, estatales y municipales, se debe en gran medida, a que las reformas electorales que se dieron en el paÃs, a partir de las distintas crisis de legitimidad que ha enfrentado nuestro sistema polÃtico desde 1968, fueron hechas por los partidos y para los partidos. Y estuvieron orientadas a satisfacer los intereses de los partidos de oposición, a premiar su participación en las elecciones, y constituir, poco a poco, un árbitro independiente que garantizara la equidad e imparcialidad en la contienda electoral.
Nunca, hasta el dÃa de hoy, han estado orientadas a darle a los ciudadanos herramientas para pronunciarse de manera directa sobre las polÃticas públicas y leyes, como sucede en otras democracias plenas donde sus habitantes cuentan con mecanismo institucionales para elegir a sus representantes populares y destituirlos, pero también tienen un camino para votar por aspectos más concretos y puntuales que afectan su vida diaria, temas que en la mayorÃa de los casos, trascienden la filiación partidista porque son ignorados por los lÃderes de opinión de dichos institutos polÃticos.
Conforme ha transcurrido este proceso que vivimos de normalización democrática, y se ha dado la alternancia en el poder en el ámbito federal, estatal y municipal, ha quedado cada vez más claro para millones de mexicanos, que detrás de nuestra democracia hay un pacto para repartirse los espacios de manera civilizada y formalmente democrática que excluye y relega a quien no simpatiza con partido alguno y se niega a votar por sus candidatos. De ahà el mal sabor de boca que ha dejado, hasta ahora, nuestra incipiente democracia.
Más aún cuando la percepción generalizada de los mexicanos es que el dinero y los acuerdos entre las elites que controlan y apoyan a estos partidos, y sus lÃderes, son factores determinantes para acceder a los puestos de elección popular. Elementos, casi tan importantes como la capacidad de estos actores para caminar en el margen de la Ley electoral, de jugar en el lÃmite, e invertir fuertes cantidades de dinero para movilizar electores, comprar votos, hacer convenios secretos con los medios de comunicación, y hacer campañas polÃticas basadas en esquemas de la mercadotecnia electoral que rayan en la publicidad fraudulenta.
En este sistema que homologa la democracia con el sistema electoral, con una regla para traducir los votos en espacios de representación popular, quien encuentra repulsivo votar por algún partido polÃtico no tiene cabida. Es un ciudadano marginal e irrelevante, y los partidos y las elecciones no son relevantes para millones de ciudadanos.
Millones de Mexicanos, cerca del 60 por ciento, no votan de manera sistemática. Comparten interés y preocupación en resolver los problemas que vivimos y están dispuestos a participar en la solución de ellos, pero no confÃan en los partidos, sus lÃderes, propuestas y, mucho menos, en los gobernantes. Y por ello se mantienen fuera de toda actividad polÃtica, pero pueden ser convocados fácilmente para manifestar su descontento con asuntos tan puntales como la inseguridad en el paÃs. Son los militantes potenciales de muchos movimientos ciudadanos.
Justamente porque desde su óptica, la democracia representativa no está funcionando. No genera resultados. Cada dÃa es menos democrática y representativa. Pues lo que importa en ella son las victorias electorales, no construir un mejor paÃs.
Y en este sistema de pesos y contrapesos, al que le hemos apostado como paÃs para acotar el poder y mantenerlo permanentemente bajo supervisión para evitar sus excesos, la maquinaria estará incompleta hasta que no se incluya a la ciudadanÃa, a toda, a la que vota y la que ha decidido jamás sufragar por un partido polÃtico.
Por ello, el gran reto que enfrenta la democracia mexicana, más allá de hacer las reformas electorales que permitan vincular más a los electores con sus representantes –reelección inmediata-, es abrir una ruta para que los ciudadanos, incluidos estos millones que no votan, estén fuertemente ligados con su gobierno y legislatura, gracias a una Ley de Participación Ciudadana que les permita expresarse puntualmente sobre la legislación, polÃticas públicas y la permanencia de los representantes populares en su cargo hasta el último dÃa de su mandato.
Y con ello, estos movimientos ciudadanos puedan tomar acciones legales, ir más allá de una marcha, un diálogo para señalar los defectos de la polÃtica o ley impugnada y esperar una graciosa consideración desde el poder.
Para dar un paso más en el camino para construir un paÃs más justo, moderno y equitativo, y sobretodo democrático, debemos constituir a la sociedad civil en un poder real desde nuestra legislación.
Debemos empoderarla. Hacer soberana a la ciudadanÃa. Darle poder a la gente con mecanismos de democracia participativa con los cuales los ciudadanos tengamos la facultad de echar atrás leyes y actos de gobierno, promover polÃticas y leyes que resuelvan las inequidades e injusticias en distintos ámbitos de nuestra vida, y destituir a los representantes que han dejado de ser confiables.
Ese es el gran reto que tenemos frente a nuestra democracia incompleta, darle un nuevo sentido a la participación ciudadana y reformar con ello esta partidocracia en que vivimos. Lo cual puede lograrse a través de una Ley de Participación Ciudadana de avanzada que incluya las figuras de Referéndum, Plebiscito, Iniciativa Popular y Revocación de Mandato y acote su uso a los ciudadanos y vuelva vinculantes sus resultados bajo las condiciones que analizaremos en nuestro próximo artÃculo.
Publicado en la Revista Gurú PolÃtico (http://www.gurupolitico.com) y reproducido con la autorización de su Director.
Politólogo. LÃder nacional de Insurgencia Participativa. Estudió la licenciatura en ciencia polÃtica y la maestrÃa en PolÃticas Públicas en el ITAM. Asesor polÃtico en el ámbito federal, estatal y municipal desde 2001. Fue primer regidor del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. http://www.facebook.com/zanabar Twitter: @RobertoEstradaM
