En el Congreso del Estado y con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, este día iniciaron los trabajos del foro para analizar el anteproyecto del Código de Procedimientos Penales de Michoacán, organizado por el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal.

Durante la inauguración y en representación del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado y consejero Samuel Arturo Navarro Sánchez comentó que con este foro se tiene la expectativa de que el Código sea un cuerpo normativo modelo, “tanto por quienes conforman el grupo que lo analiza, como por su experiencia; así que al trabajar en conjunto se crea un poderoso instrumento al servicio del estado de Michoacán”, comentó.

Al declarar formalmente inaugurado el foro de análisis, Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial y del Consejo, comentó que la idea de este ejercicio es socializar, discutir y abrir al análisis los trabajos que se están haciendo de revisión del anteproyecto del Código de Procedimientos Penales, que es el eje rector del Nuevo sistema. De esta forma, se fortalece el contenido y se tendrá legitimidad de los tres poderes y facilitará su aprobación cuando llegue al Congreso del Estado.

Por su parte, Mario Alberto García Herrera, en representación del Procurador del Estado y del Secretario de Gobierno, comentó que el trabajo que se realizará en este foro de análisis, sin precedente, enriquecerá el trabajo legislativo y permitirá contar con un instrumento jurídico con el sustento para la implementación de este nuevo modelo de justicia penal.

Posteriormente dieron pie a la primera conferencia del día, a cargo de Rogelio Rueda de León Ordóñez, director general adjunto de implementación de SETEC, quien compartió la experiencia vivida en la Secretaría Técnica Federal durante la construcción del Código de Procedimientos Penales.

Comentó que el trabajo inició con la estructuración de los roles de cada uno de los operadores del Nuevo sistema y que realizaron un código modelo donde se establecieron circunstancias y experiencias vividas por otros países. Asimismo, identificaron tres necesidades para fortalecer el modelo: organización institucional para pasar del sistema actual al nuevo, equipamiento de los operadores e infraestructura de cada uno de los espacios; también levantaron información, tanto de los que ya operaban el sistema acusatorio, como de los que tenían buenas prácticas.