Regionalizar la justicia penal en Michoacán, propone el Poder Judicial

Para el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, se tiene previsto dejar de operar a partir de distritos judiciales y hacerlo mediante regiones, informó el presidente del Poder Judicial, Alejandro González Gómez, quien apuntó que en la previsión presupuestal para dicho poder, el próximo año se contemplan 200 millones de pesos adicionales para proyectos específicos.
De acuerdo con González Gómez, en el anteproyecto que se está trabajando del nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado, en los artículos transitorios se plantea la creación de regiones judiciales.

“Seguramente existirá una agrupación de distritos para que haya regiones, por ejemplo, Guanajuato dividió su estado, que más o menos es la misma proporción que Michoacán, en cuatro regiones, aquí pueden ser cuatro, cinco o las que determine el Congreso, nosotros vamos a hacer la propuesta”.

Señaló que es claro que en la propuesta de anteproyecto del Consejo Implementador hay un amplio consenso en que sea regional, es decir, que se agrupen distritos judiciales para hacer regiones.

En ese sentido refirió que la idea es arrancar con dichas regiones de manera escalonada, “esa es una de las mejores opciones y que también se ha propuesto en otros estado, porque el personal que inicia en una región es el que posteriormente va a inaugurar la otra y así sucesivamente, pero se van jueces, fiscales, ministerios públicos y defensorías, ojalá logremos una medida de esa naturaleza porque garantiza experiencia”.

Por lo que toca al tema presupuestal, González Gómez apuntó que el Poder Judicial está solicitando alrededor de 200 millones de pesos para proyectos específicos, que derivan de nuevas competencias que se le han asignado vía reformas constitucionales o reformas federales.

“Hay una transferencia de competencias y retos constitucionales, como el Nuevo Sistema de Justicia Penal, narcomenudeo, jueces de ejecución, oralidad mercantil, todas esas son nuevas competencias, es un trabajo que no hacíamos y que tendremos por mandato constitucional que afrontar, por ejemplo, tan pronto como en enero aplique la oralidad mercantil”.

Sobre las versiones acerca de que su propuesta económica era mayor, a lo que el gobernador respondió negativamente por insuficiencia de recursos, González Gómez refirió que desde el 2002 en Michoacán el Ejecutivo ha enviado la propuesta que le da el Poder Judicial de Michoacán tal cual se le presenta, y así fue enviada en esta ocasión.

“Aquí hay que tener previsto lo que establece la Constitución, que dice que el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al del año anterior, nosotros partimos de ahí, aunque evidentemente la determinación final es del Congreso y él dirá sí o no.

“Por eso nosotros en el presupuesto separamos nuestra parte operativa y esta cantidad para proyectos específicos, que tienen que ver con estas nuevas competencias. Esos 200 millones son para empezar, parte se destinaría a una central de medios alternativos de solución de controversias que puede incluir también algunas otras cuestiones operativas, como una central de actuarios y una de seguimiento de medidas cautelares, esa es una parte, otra es para los juzgados de oralidad mercantil, otra para los jueces de ejecución y una más para narcomenudeo, tenemos previstos alrededor de once juzgados”.