La reforma polÃtica aprobada en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados es un documento incompleto, mocho y cojo que ni por asomo satisface las necesidades y requerimientos expresados en diferentes momentos por los grupos parlamentarios, pero sobre todo por la sociedad mexicana con relación a la toma de decisiones en el terreno legislativo y a la relación entre los poderes de la Unión.
Al dejar fuera temas tan importantes como la reducción del número de diputados, la reelección legislativa y la revocación de mandato como instrumento ciudadano para decidir la permanencia o no de los funcionarios públicos, los legisladores del PRI y sus aliados en turno (PAN-PVEM) desdeñan una vez más las voces ciudadanas que en diferentes momentos se han manifestado en contra de la excesiva concentración de atribuciones de los polÃticos en cuestiones que afectan a todos los habitantes del paÃs.
De igual forma, al permitir entre otras cosas que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda tomarle protesta en cualquier lugar al que sea investido como Presidente de la República, los legisladores priistas demuestran que quieren mantener el mismo régimen presidencialista y concentrador del poder que persiste desde hace décadas al cual por conveniencia polÃtica se niegan a renunciar.
Con lo que los legisladores aprobaron como nueva reforma polÃtica se reitera de nueva cuenta la urgente necesidad de transitar hacia un régimen semi parlamentario que permita concretar los acuerdos polÃticos que se necesitan para avanzar en los temas trascendentales, que permitan al paÃs avanzar en los terrenos económico y social, que aleje cualquier intentona de aquellos que pugnan por dotar de sobrerrepresentación a una sola fuerza polÃtica en detrimento de la pluralidad que supone el actual régimen de partidos.
