Establecer una nueva relación entre el Estado, la sociedad mayoritaria y los pueblos indÃgenas, que se refleje a través de una profunda reforma, es la finalidad por la cual el Pleno de la LXXI Legislatura dio primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artÃculos a la Constitución PolÃtica de Michoacán.
En este sentido, las Comisiones dictaminadoras manifestaron que este es un tema pendiente en la agenda legislativa nacional, con la que se pretende contribuir a garantizar la pluralidad polÃtica y cultural desde las normas constitucionales.
Con esta actualización del sistema jurÃdico michoacano, se conceden los derechos de carácter sustantivo, como la declaración de la composición multicultural, pluriétnica y multilingüe del estado de Michoacán, reconociendo la existencia de los pueblos P’úrhépecha, Nahua, Hñahñú u OtomÃ, Jñatjo o Mazahua y Matlazinca o Pirinda, y a las comunidades que los conforman.
Se reconoce el ejercicio del derecho a la libre determinación a través de la autonomÃa, en los ámbitos comunal regional y a nivel pueblo indÃgena; el derecho a decidir y ejercer sus formas internas de gobierno, estableciendo sus propios sistemas de organización polÃtica, social, económica y cultural.
La ley en la materia establecerá los mecanismos para contribuir a la mejor convivencia humana; será intercultural, indÃgena, multilingüe y multicultural en todos los niveles en las regiones con presencia de pueblos y comunidades indÃgenas, garantizando la incorporación de los conocimientos indÃgenas, bajo modelos y programas apropiados de contenido regional, que reconozcan la historia e identidades indÃgenas.
Tras la primera lectura, fue turnada nuevamente a las comisiones de Cultura IndÃgena y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen.
Una recomendación al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se modifique el formato del Informe de Gobierno con la finalidad que se puedan consignar los datos tanto técnicos como presupuestarios de manera objetiva y de esta forma se pueda dictaminar con mayor certeza, fue el resultado del análisis al Tercer Informe de Gobierno presentado por la Comisión de Salud.
Del estudio realizado, los legisladores explicaron que no se informa con claridad el cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan Estatal de Desarrollo en el rubro.
Asimismo, recomendaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la SecretarÃa de Salud, se dé cumplimiento en lo establecido en la Ley de los no Fumadores del Estado de Michoacán, asà como que instruya a la SecretarÃa de Salud se coordine con la ConsejerÃa JurÃdica del Estado y emitan el reglamento de la Ley de los No Fumadores del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que a tres años de su promulgación no se ha publicado.
Posteriormente, al subir a la tribuna, el diputado Manuel Antúnez Oviedo manifestó la importancia de que las instituciones actúen con legalidad y respeto, y destacó la necesidad de redimensionar la labor de fiscalización, ya que resulta fundamental para fortalecer el sistema democrático del Estado y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Con la intención de lograr una convocatoria objetiva e imparcial para la designación del nuevo titular de la AuditorÃa Superior de Michoacán, señaló que de lograrse, se contará con un grupo multidisciplinario de especialistas en la materia para que a través de pruebas y exámenes estandarizados sean evaluados los candidatos.
La valoración de la importancia y trascendencia de las decisiones tomadas por los legisladores en torno a la AuditorÃa, reconoció Antúnez Oviedo, permitirán la construcción de una institución fiscalizadora sólida, con autonomÃa técnica, de gestión, económica y jurÃdica, altamente especializada y profesionalizada, que eleve la calidad de los servidores públicos que realizan labores de fiscalización e impida cualquier intromisión indebida de los poderes públicos y fácticos, entes fiscalizables y partidos polÃticos.
En su oportunidad, el diputado Sergio SolÃs Suárez presentó un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para incorporar en sentido positivo la reelección de legisladores locales, federales, senadores y ayuntamientos, punto de acuerdo remitido a las comisiones de Gobernación y Fortalecimiento Municipal por el Pleno del Congreso, a fin de que con ello se elimine la prohibición constitucional a la reelección en las entidades federativas.
El legislador consideró que las constituciones locales deberán ser las normas que definan las figuras de representación de cada pueblo y cada estado conforme a sus necesidades.
Con ello, el futuro polÃtico de los legisladores y autoridades municipales dependerá fundamentalmente del voto de la gente, expuso, y por ello, darán prioridad a la opinión e intereses del paÃs y sus electores, por encima de la disciplina y los intereses partidistas
Por parte, el diputado Librado MartÃnez Carranza presentó ante el pleno una recomendación a sumar voluntades y esfuerzos entre gobierno y sociedad, con la finalidad de generar conciencia y tomar medidas pertinentes para la mitigación y adaptación al Cambio Climático.
Lo anterior toda vez que, a decir del legislador, resulta urgente alentar y sensibilizar a todos los agentes urbanos, gobernantes, ciudadanos e instituciones sobre el reto de la urbanización del siglo XXI, alentado a la reflexión para implementar medidas que mejoren la situación y no quede sólo en datos o noticias que generan pánico.
Por otra parte, Juan Manuel DomÃnguez Cruz fue nombrado presidente municipal sustituto del Ayuntamiento de La Huacana, lo anterior en respuesta a las propuestas de la ciudadanÃa, de los diferentes actores polÃticos, atendiendo asà las necesidades y condiciones actuales de ese municipio.
En otro punto del orden del dÃa, fue declarada improcedente la iniciativa de decreto que presenta adiciones al artÃculo 353 del Código Penal del Estado. Dicha propuesta buscaba tipificar el delito del uso indebido de llamadas a los servicios de emergencia que originaran movilización de los cuerpos públicos de reacción; no obstante, las comisiones dictaminadoras consideraron que tipificar este delito resultarÃa complicado desde encontrar a quién lo cometa, asà como realizar una investigación por parte de las autoridades correspondientes, ya que representarÃa un costo muy alto y en la mayorÃa de los casos infructuoso.
