Este 30 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para incluir el tráfico ilegal de armas al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), bajo el argumento de que “el tráfico ilegal de armas de fuego es el fondo del problema de la violencia en México”.
Ante su futura discusión y votación en la Cámara de Senadores, desde México Unido Contra la Delincuencia recordamos que la PPO es una figura abiertamente violatoria de derechos humanos, reconocida como tal por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, pero, además, que el tema de regulación de armas debe ser abordada desde una perspectiva integral, con base en evidencia, desde un enfoque de seguridad ciudadana y la participación directa de diversos sectores sociales.
El catálogo de delitos que ameritan PPO ya contemplaba a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por tanto, la reforma busca abarcar el tráfico de armas de fuego de uso particular, sobre las cuales no existe información. Las y los diputados aprobaron esta reforma sin analizar si el tráfico de este tipo de armas es siquiera significativo en materia de seguridad pública ni ofrecer evidencia alguna a este respecto.
En México no hay información suficiente sobre el manejo, control, propiedad, trasiego y uso de armas, ya sea para fines lícitos o ilícitos. Además, no existe evidencia de que la PPO reduzca de ninguna manera la comisión de delitos, por el contrario, se ha utilizado como una herramienta que fomenta la impunidad al persuadir a las autoridades de justicia de investigar los crímenes.
Sin duda, el tráfico de armas de fuego y municiones tiene indudables efectos negativos en la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia, especialmente el que ocurre desde Estados Unidos al territorio nacional y se relaciona al fortalecimiento de organizaciones delictivas. Por ello, mostramos nuestra preocupación de que el Poder Legislativo decida abordar esta problemática con una medida no sólo contraria a derechos humanos, sino carente de evidencia, perspectiva e integralidad.
El abordaje de la problemática del tráfico de armas requiere de respuestas de política pública, inteligencia y diplomacia encaminadas a la reducción de la oferta, monitoreo y rastreo de estos artefactos, controles fronterizos, cooperación bilateral, reducción del volumen interno de armas, regulación de empresas, reducción de la demanda, fomento de la seguridad ciudadana, entre otras medidas, por lo que llamamos al Poder Legislativo a no aprobar esta reforma y a abrir espacios de análisis, discusión y construcción de políticas serias para abordar esta problemática.
