Ante los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en que 39 migrantes fallecieron y 28 más resultaron heridos, México Unido Contra la Delincuencia se suma a las voces que exigen justicia expedita y con apego a derechos humanos. Consideramos que la respuesta del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido negligente, irresponsable y criminal.
Reportes de prensa revelaron que la delegación estatal del INM estaba a cargo del contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, mismo que presuntamente habría sido responsable de ordenar que la puerta del lugar dentro del que las personas migrantes se encontraban durante el incendio no fuera abierta por ningún motivo, según una demanda presentada por el abogado de víctimas.
Estos terribles hechos nos recuerdan que ningún ámbito de la vida pública del país, incluida la migratoria, debe ser militarizada, pues esto trae graves y lamentables consecuencias. La decisión de mantener bajo la responsabilidad de una persona con formación y carrera militar un centro de detención y control migratorio es un reflejo de la militarización de la vida pública en México de la que tanto hemos advertido y, más específicamente, de la política migratoria.
En los últimos años, el INM ha usado a fuerzas militares para la persecución, detención y traslado de personas migrantes. Múltiples reportes de organizaciones civiles y periodistas han dado cuenta de cómo esto ha devenido en violaciones a sus derechos humanos. Hoy, ante la posibilidad de que un ex militar estuviera directamente implicado en la muerte y afectación a estas personas migrantes, reiteramos que las acciones de funcionarios públicos entrenados militarmente ponen en terrible riesgo a todas las personas pero, en especial, a las poblaciones que viven en vulnerabilidad
Lamentamos esta tragedia y condenamos a una política que criminaliza a las personas migrantes y menosprecia sus vidas, empeorando la violencia que ya de por sí enfrentan. Recordamos que, en principio, su detención no debió haber ocurrido, pues la migración sin documentos es una falta administrativa. Lo que presenciamos es una política excesivamente punitivista y xenófoba.
Exigimos una investigación exhaustiva de lo ocurrido, un procesamiento de los funcionarios responsables y una reparación a las víctimas. Llamamos también a las autoridades a desmilitarizar de manera inmediata la política migratoria y escuchar las voces de la sociedad civil que apuntan a una vía verdaderamente humana y apegada a derechos.
