¿Michoacanazo financiero o Sospechosismo Financiero?

Solo el 52% ha podido comprobar el Gobierno del Estado del ejercicio 2010 en el Seguro Popular.
No se sabe en dónde quedaron casi 800 millones de pesos
Un programa enfocado a garantizar la atención médica a los grupos vulnerables y a la población en general que no tiene acceso a la seguridad social, el llamado Seguro Popular, enfrenta una severa crisis en Michoacán, luego de la auditoría practicada por la Federación a los mil 590 millones de pesos que entregó al Estado para el ejercicio fiscal 2010. La revisión arrojó, de entrada, 41 irregularidades graves; el gobierno estatal apenas ha comprobado alrededor del 52% de esos recursos; además están en entredicho más de 800 millones en adquisición de medicamentos, con una crisis de desabasto que afecta a todas las unidades médicas; personal médico y de enfermería acusa la mala calidad de los fármacos y el material de curación.

Las irregularidades detectadas, como pagos inexplicables, gastos incomprobables y demás justificaciones presentadas, son consideradas por la Auditoría Superior de la Federación como información “no confiable”. El recurso compromete a la administración de Román Armando Luna Escalante, entonces secretario de Salud en el Estado y hoy candidato a diputado por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Electoral 17 (Morelia Sureste) de la capital michoacana; quien es además concuño de otro candidato de ese mismo instituto político, pero para la presidencia municipal de Morelia, Genovevo Figueroa Zamudio.

Otro protagonista de estas irregularidades marcadas, por ser entonces director operativo del programa del Seguro Popular, es el ex-dirigente del PRD en Michoacán y actual secretario de Salud -al sustituir en el cargo a Luna Escalante-, J. Guadalupe Hernández Alcalá.

Es precisamente J. Guadalupe Hernández Alcalá, quien el pasado 6 de septiembre del año en curso, da respuesta en un documento de aproximadamente 35 hojas membretadas de la Secretaría de Salud en Michoacán, con número de oficio 5009/48449, al informe de irregularidades que le remitió José Pilar Jesús Tristán Torres, titular de la dirección general de Auditorías a los recursos descentralizados, reasignados, subsidios y otros, en base a la Auditoría 452/2010 que le fue practicada al Estado entre los meses de abril y mayo.

 

La historia

Aún y cuando el Seguro Popular es una estrategia del Gobierno Federal, son los estados los que se encargan de la administración de los recursos. La Federación se limita a entregar el presupuesto anual, depositándolo en una cuenta bancaria de la que sólo puede hacer uso, en este caso, la Tesorería General del Estado de Michoacán.

De acuerdo al documento a la vista de esta editora, en el 2010, la Federación radica al Estado un presupuesto de aproximadamente mil 590 millones de pesos, que queda en poder de la Secretaría de Finanzas (Tesorería) del Gobierno del Estado.

El documento detalla, entre otros puntos, los depósitos llevados a cabo, seis, de dichos recursos; una primera parte, entre el 24 de mayo y el 29 de noviembre del 2010, y luego una segunda tanda, entre el 31 de enero y el 16 de marzo del 2010, para un total de mil 590 millones, centavos más, centavos menos.

De acuerdo al informe de respuesta a la revisión ejecutada por el personal de la Auditoría Superior de la Federación, (que es ordenada y aplicada entre los meses de abril y mayo), la Secretaría de Salud “explica”, de entrada a la Federación, que de los mil 590 millones de pesos asignados para el ejercicio fiscal 2010 a Michoacán, la Secretaría de Finanzas estatal sólo le entregó un recurso de alrededor de mil 300 millones de pesos. Ahí empiezan los problemas.

En la auditoría aplicada al Seguro Popular, se encontraron 41 irregularidades documentadas, en una revisión al equivalente al 10% del universo total del programa, y notifica a la Secretaría de Salud sobre los resultados obtenidos; destacándo que de acuerdo a la norma de la Ley de Coordinación Fiscal y las reglas de operación del programa Seguro Popular, la información entregada “no es confiable”.

El 6 de septiembre del año en curso, en el documento de alrededor de 35 hojas que hizo llegar a la ASF, detalla que aún y cuando sólo se dispuso de los mil 300 millones de pesos de los mil 590 que radicó la Federación, la SSE en Michoacán sólo pudo comprobar, al 30 de abril del presente año, el gasto de 823 millones 488 mil 797 pesos, (sin comprobar gastos en medicamentos), monto que representa el 52% del total depositado en la cuenta especial que exigen las reglas de operación del programa.

Entre los gastos que comprobó la Secretaría de Salud en el Estado, están 615 millones 399 mil pesos en pago de personal (no especifica número de trabajadores devengados, periodos de pago, sueldos ni categorías); 17 millones 984 mil 440 pesos, aplicados en infraestructura hospitalaria (tampoco detalla); la SSE no gastó nada en promoción del programa; tiene un gasto marcado en medicamentos y material de curación del orden de los 42 millones de pesos; se erogaron 350 mil pesos en caravanas de la salud y poco menos de 70 millones de pesos en gastos de operación, que es la administración en sí del programa.

Afirma además la dependencia michoacana, que al cierre del mes de agosto de este 2011 (dos meses después de la auditoría), se incrementó la cantidad ejercida o gastada a 865 millones 977 mil 541.70 pesos y que hay 182 millones 71 mil 461 pesos con 80 centavos, a disposición “de lo que se ocupe”.

 

Primer escándalo

La acusación más dura que se hace sin lugar a dudas, es en cuanto a la adquisición de medicamentos y material de curación; algo que no es nuevo: el 29 de noviembre de 2010, EL SOL DE MORELIA dio cuenta de una primera denuncia por las irregularidades en la licitación de la compra de medicamentos. Destaca la nota de la compañera Elida Ochoa Isais, que el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal practicó una licitación “a modo” para beneficiar a la proveedora El Fénix, en la compra de medicamentos básicos por 270 millones de pesos, de julio a diciembre del 2010.

Las empresas inconformes, que además son michoacanas y proveedoras en varios estados de la República, precisan que la ley en la materia, así como su reglamento, en ningún apartado menciona requisitos como los señalados, por lo que consideraron que se contraviene el artículo 10 de la legislación referida, que indica que “no se podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por la ley y este reglamento”.

Por todo ello, los concursantes denunciaron, en la queja, que los requerimientos solamente los podía completar farmacias El Fénix, cuyo dueño es Javier González Torres. Aunado a ello, se denunció un sobreprecio de los medicamentos de hasta un 63%.

 

Rememoran hazaña

El Estado minimizó entonces dicha acusación; la Federación revira y la retoma en la revisión aplicada, hace referencia a la licitación a modo, que llevó a cabo con número CADPE-EM-LPE-002/2010-1, publicada el 24 de mayo del 2010, para la adquisición de medicamentos y productivos farmacéuticos, adjudicada a farmacias El Fénix del Centro, S.A. de C.V., de acuerdo al contrato firmado el 2 de junio del 2010, en el que se convinieron compras por 270 millones de pesos.

Fue cuando PIHCSA, Santa Fe, Distribuidora Internacional de Medicamentos, Farmacias Especializadas y Casa Saba, pusieron el grito en el cielo porque sus propuestas ni siquiera fueron abiertas; ni tampoco explicó qué sucedió con esos sobres cerrados y porqué no fueron considerados a la hora de tomar decisiones.

De acuerdo a la revisión federal, no existen documentos que justifiquen el desecho de tales propuestas ni el porqué decidió, unilateralmente, entregar el millonario contrato a El Fénix en una licitación directa.

 

Hilos que se rompen

El caso no pasó del escándalo público; con la licitación, El Fénix logró además el beneficio de abrir farmacias en todas las unidades médicas y hospitales de la Secretaría de Salud donde opera el programa del Seguro Popular; una de ellas, en el Hospital Civil de Morelia Dr. Miguel Silva, donde por cierto, la farmacia ahí instalada cerró por varios días hace poco más de un mes, sin justificación alguna. Personal médico y enfermeras de la institución acusan la baja calidad de los productos que se manejan, “hilos para sutura que se rompen continuamente y jeringas que no ´jalan´ aire”.

En la auditoría practicada al azar y que tocó farmacias de los hospitales de La Piedad y Uruapan, así como el Centro de Salud de Zacapu, además de encontrar anaqueles de medicamentos vacíos, fueron identificadas 150 recetas médicas, de las cuales se comprobó que 61 de ellas no fueron surtidas en su totalidad a los usuarios del servicio, pero sí fueron cobradas íntegramente por la farmacia a la Secretaría de Salud.

El Seguro Popular maneja alrededor de 480 claves de medicamentos y material de curación, al menos de membrete y no en la práctica. El desabasto en la actualidad no tiene precedente; en el Centro de Salud de Morelia, por ejemplo, se dejó de surtir recetas médicas a población abierta, llegaron a poner las cartulinas de aviso a la vista de los usuarios, a pesar de la gratuidad en fármacos que tanto se ha presumido en atención médica de primer nivel.

A pesar del fuerte dispositivo de seguridad que prevalece en este vetusto Centro de Salud, situado en inmediaciones de la plaza de El Carmen, cuyos policías impiden a toda costa la labor de reporteros y gráficos, “por órdenes del Área de Comunicación Social”, se logró conocer la condicionante para el surtido de las dichosas recetas: la trampa radica en que si el usuario quiere que se le surta el medicamento de manera gratuita, tiene que inscribirse al Seguro Popular; así, la farmacia justifica la salida del medicamento y pasa factura a la Secretaría de Salud.

 

Punta del iceberg

Lo más delicado es lo que acontece precisamente en el gasto en medicamentos, injustificado, pero sobre todo, inexistente, toda vez que el Seguro Popular enfrenta actualmente uno de sus peores desabastos.

La cosa ha llegado a grado tal, que a lo largo de las 35 fojas numeradas, se puede leer todo un rosario de justificaciones a las irregularidades marcadas en gastos no comprobados o que no están normados por las reglas de operación del programa o bien, por la Ley de Coordinación fiscal, la leyenda de “se hizo la reposición de tanto recurso vía SPEI”, es común a lo largo y ancho del documento.

Dos ejemplos entre muchos: de los justificantes que presentó la SSE en el oficio con número 5009/48449, está el pago de 634 mil 810 pesos por sueldos a personal sindicalizado; el mismo monto fue devuelto luego de la auditoría. Michoacán reintegró asimismo 16 millones de pesos por otros cobros que no debería haber efectuado.

Tras las irregularidades marcadas por la Federación y que han sido guardadas bajo llave, se obliga al Estado a ejecutar su propia contabilidad al programa con más detalle y a un espectro más amplio, por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.

A decir de un especialista consultado de la propia Secretaría de Finanzas, que se negó a abordar al tema por temor a represalias, lo que sucede con el Seguro Popular es apenas la punta del iceberg de lo que acontece con todos los recursos que destinó el gobierno de la República a nuestra entidad, que no han sido comprobados en tiempo y forma. “Aquí no hay más “michoacanazo financiero”, que la Federación cobrándose a lo chino lo que por derecho le corresponde”. (J)