Finanzas michoacanas, hipotecadas por 30 años: PAN

Las finanzas estatales de Michoacán se encuentran hipotecadas para los próximos 20 ó 30 años, como producto de la irresponsabilidad en el manejo de los recursos por parte de los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática PRD), advirtió el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Julio Castellanos Ramírez

Julio Castellanos, quien también es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que cuando el gobierno de Michoacán adquirió su último endeudamiento por 4 mil 800 millones de pesos puso como garantía de pago ante las instituciones financieras el 90 por ciento de sus participaciones federales para los próximos más de 20 años, lo que compromete seriamente el presupuesto estatal por décadas.

Asimismo, el ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal explicó que antes de concluir el sexenio del también perredista Lázaro Cárdenas Batel, se le autorizó un crédito por 1 mil 500 millones de pesos, con la promesa de la administración estatal de que ello permitiría el saneamiento de las finanzas públicas.

Para ello, recordó Castellanos Ramírez, se inventó un nuevo tributo, el denominado Impuesto sobre la Nómina, del 2 por ciento a cargo de todos los empleadores formales de Michoacán, mismo que se comprometió en su totalidad para los próximos 30 años, por lo que son recursos que en todo ese tiempo no verá la población del estado.

Si a lo anterior, detalló el diputado federal del PAN, se le suma el crédito que solicitó Leonel Godoy por 1 mil 500 millones de pesos al inicio de su administración, también para sanear las finanzas y los más recientes 4 mil 800 millones de pesos, ello da como resultado el quebranto financiero en que se encuentra la entidad.

El representante popular aseguró que por la falta de cumplimiento de sus obligaciones financieras respecto del pago de la deuda y del depósito de las cuotas del ISSSTE a sus trabajadores, es que se han debido retener participaciones federales, lo que es lamentable, sobre todo para un estado en el cual alrededor del 70 por ciento del presupuesto anual se invierte en gasto corriente y no en obra pública, como debiera ser.