*JUSTICIA UNIVERSITARIA, REINSTALAN DESPEDIDOS.
*TEPJF ORDENA AL PRI RESOLVER QUEJA.
*EL CONGRESO NO ESTÁ POR ENCIMA DE LOS TRIBUNALES.
Hace algunos días comenté para ustedes, que la rectora de la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ, había tomado la determinación de hacer un minuciosos análisis jurídico a las demandas laborales que trabajadores académicos y manuales habían interpuesto en contra de nuestra máxima casa de estudios ante los tribunales respectivos.
Y es que, para la rectora ÁVILA GONZÁLEZ, era mejor realizar dicho análisis y determinar en qué casos la Universidad perdería irremediablemente los juicios laborales, de manera que anticiparse en la reinstalaciones mediante “convenios” era mejor, que esperar a que se resolvieran jurisdiccionalmente, lo que traería perjuicios económicos fuertes que la institución no podría enfrentar ante la falta de presupuesto para ese fin.
De acuerdo a información obtenida por este columnista, el otrora rector RAÚL CÁRDENAS NAVARRO despidió del 2018 al 2022 al derredor de 19 trabajadores académicos, de los cuales, 10 ya aceptaron firmar el convenio respectivo ante la autoridad laboral, por lo que luego de ello, se procedió a su reinstalación, respectando sus antigüedades, categorías y salarios.
Otros cuatro trabajadores académicos, no aceptaron la propuesta de la rectora y prefirieron continuar con sus juicios laborales, pues hay que hacer notar, que la autoridad universitaria al no disponer de partidas presupuestarias para pagar pasivos laborales, otorgó la reinstalación pero sin cubrir los salarios caídos, de ahí la inconformidad de algunos, cuyos asuntos se resolverán cuando la autoridad laboral los resuelva en definitiva.
En el caso de los 5 restantes académicos despedidos por la administración de CÁRDENAS NAVARRO, las circunstancias especiales y de gravedad en las causales del despido, no permitieron que se les hiciera la propuesta de reinstalación, pues al parecer hacerlo, llevaría a la autoridad universitaria a incumplir normas legales que rigen las relaciones laborales con sus trabajadores.
Mientras sean peras o manzanas, son buenas noticias para la comunidad universitaria el que la rectora YARABÍ ÁVILA, esté optando por el dialogo y la concertación para resolver los problemas de nuestra máxima casa de estudios, en lugar de continuar con el enfrentamiento y pleitos estériles, pero además, previniendo lo que puede ser más costoso.
TEPJF ORDENA AL PRI RESOLVER QUEJA.
Parece que empiezan a complicarse las cosas al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS alias “ALITO”, pues la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le ordenó a la Comisión nacional de Justicia Partidaria del tricolor, resolver lo que en derecho proceda a la queja interpuesta por la expresidenta nacional de ese partido DULCE MARÍA SAURI RIANCHO en contra de las reformas a los estatutos.
Hay que recordar que el pasado 19 de diciembre, MORENO CÁRDENAS citó y desarrolló una asamblea del Consejo Político Nacional de ese partido, en el que propuso una serie de reformas a sus estatutos para permitirle prolongar su permanencia en la dirigencia nacional hasta el 2024, con el objeto de ser él quien maneje el proceso interno de selección de candidatos, incluyendo el presidencial.
Sin embargo, en su queja, la yucateca SAURI RIANCHO señala que no es el Consejo Político la instancia legal para modificar los estatutos, sino lo es la Asamblea Nacional, empero, ALITO fundó su accionar en el Consejo Político alegando “circunstancias especiales de emergencia sanitaria”, que es la única forma en que procedería una reforma estatutaria que no hiciera la Asamblea Nacional o bien por orden de un tribunal.
Así las cosas, ahora la Comisión nacional de Justicia Partidaria del PRI, está obligada a resolver la queja interpuesta por la ex presidente nacional y lo más seguro será que su resolución será a favor de ALITO y en contra de SAURI, de manera que dicha queja seguirá su camino en los tribunales federales y ya fuera de la esfera priista, lo más seguro será que ALITO reciba un serio revés en sus pretensiones de prolongar su periodo estatutario al frente del tricolor.
EL CONGRESO NO ESTÁ POR ENCIMA DE LOS TRIBUNALES.
El apotegma aquel de que los tribunales no están por encima de la soberanía del congreso del estado y que manejan con mucha frecuencia y facilidad algunos legisladores, no siempre es así, por el contrario, han sido tantas las ocasiones que los tribunales del Poder Judicial federal le han corregido la plana al congreso, que deberían de reflexionar un poco más al expresarse así.
Y es que, ahora con el pleito que algunos legisladores han asumido en contra del titular de la auditoría superior de Michoacán, pretenden ignorar varios dispositivos constitucionales y mediante un simple acuerdo de mayoría, intentarán destituir al titular de la auditoría superior MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA.
Y es que, por tontos e ignorantes que fueran sus asesores jurídicos, es claro que para lograr obedecer las instrucciones del gobernador FREDY RAMÍREZ BEDOLLA y destituir a AGUIRRE ABELLANEDA, es necesario realizar un juicio político, para el que se hace necesario que existan y se prueben las faltas graves a que hace alusión nuestra constitución y hasta dónde se ve, tales causas no existen.
Incluso, la rebelión de contralores municipales organizada por la diputada morenista SEYRA ALEMÁN, tampoco tiene fundamentos legales, se trata de una simple maniobra mediática sin futuro alguno, pues el texto constitucional, la propia Ley Orgánica Municipal así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán, instrumentos jurídicos que establecen con claridad la obligación de dichos contralores de rendir informes a la auditoría superior de Michoacán.
En este asunto, como en muchos de interés estatal, es claro que lo que está haciendo falta es hacer política, pues es la política el instrumento ideal para resolver diferendos entre instituciones y entre los hombres mismos, empero, hay una total ausencia de ésta. Es pertinente que alguien le diga al jefe del ejecutivo estatal que si lo que quiere es que el auditor renuncie, que se lo pida personalmente, pero ni siquiera se ha molestado de reunirse con él, así ¿cómo?
Es más, se rumora que los operadores políticos al interior del congreso, están ofreciendo a los diputados de dos millones de pesos para arriba a cambio del voto para destituir al auditor y seguro estoy que en lugar de que gaste tanto dinero del erario en esa empresa, con menos de la mitad que le ofrezca al funcionario, éste acepta y se va, pero señore, hay que hacer política, lo utilizado es el chisme y la diatriba y así no se llega a ningún lado.
