Si que el Instituto Electoral de Michoacán trae arrastrando un problema legal por falta de pago a la empresa Talleres Gráficos de México que realizó la impresión de documentación, boletas y otros materiales para el organismo electoral durante el proceso electoral del 2021, por lo que terminó demandando al IEM por 12 millones de pesos ante el incumplimiento al Contrato abierto de Prestación de Servicios para la Impresión y Producción de Documentación y Material Electoral para el proceso electoral pasado, esto mediante oficio IEM-DEVySPE-251/2021 del 24 de marzo de 2021, signado por la Lic. Erandi Reyes Pérez Casado Directora Ejecutiva de Vinculación y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, donde se da cuenta de este tipo de contrato, y los tiempos que se tenían para entregar materiales; pero esto que implica, en un inicio el contrato se firmó inicialmente por 28 millones de pesos, que fue lo que calculó la autoridad electoral se gastarían para la impresión de la documentación electoral, sin embargo, por las características del contrato abierto, este implica que tiene como propósito facilitar el suministro de bienes o servicios durante la vigencia del contrato cuando no se tiene conocimiento cierto de la cantidad que habrá de necesitarse, por lo tanto esos suministros se pueden ir solicitando conforme se vayan requiriendo, y es obvio que los costos de elaboración se incrementan, o bien los requerimientos aumentan por las situaciones extraordinarias que se presentan, como fueron los yerros cometidos por el Instituto Electoral al autorizar la impresión de boletas electorales donde un partido político se vio perjudicado como fue Fuerza por México en el Distrito de Tacámbaro o en el municipio de Maravatío, esos detalles hacen que un contrato abierto facilite la elaboración de mayor material documental, así que contrario a lo dicho por el Presidente del IEM Ignacio Hurtado Gómez, no puede caerse en la ignorancia cuando se debe conocer los alcances de un contrato con ese propósito, lo que hace que la empresa a su cierre de producción erogó 40 millones de pesos. Sólo para poner como antecedente es que Talleres Gráficos de México, es la empresa donde los órganos electorales OPLES e INE, contratar la elaboración de todo tipo de material gráfico para los procesos electorales locales y federal, se ha dedicado a la impresión de las Artes Gráficas, tras la conclusión de la Revolución Mexicana, y durante la reorganización y reestructuración de las diversas dependencias gubernamentales, surgió la necesidad ineludible de contar con equipo que divulgara los principios, objetivos y logros del nuevo Estado, por lo que se crea en 1920 los Talleres Gráficos de la Nación. Para el año de 1925, por mandato del entonces Presidente Plutarco Elías Calles, se llevó a cabo la concentración en los Talleres Gráficos de la Nación la imprenta editorial de educación pública, las imprentas del Diario Oficial, dependiente de la Secretaria de Gobernación y la imprenta de Relaciones Exteriores, en función de lo cual se toma la idea de contar con una imprenta gubernamental que tuviera la capacidad de absorber la demanda de impresos del gobierno, siendo hasta el año de 1932 cuando se planteó al ejecutivo federal que Talleres Gráficos de la Nación pasara a ser el modelo de las artes gráficas en México, modernizando sus procesos, sin embargo en año de 1938 se realizó la reestructuración de la Entidad a partir de la política obrerista del General Lázaro Cárdenas, por lo que se establece como Cooperativa de Participación Estatal. En 1989 se constituye como Órgano Desconcentrado de la secretaria de Gobernación y para el año de 1999 a la fecha opera como Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal. El organismo tiene por objeto ofrecer y prestar servicios editoriales en el campo de las artes gráficas a los sectores público, social y privado. Con el propósito de obtener una mejor coordinación, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y metas que se impone el Estado, Talleres Gráficos de México, se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobernación, su operación es vía captación de ingresos propios, no recibe subsidios ni transferencias de recursos por parte de la Federación, es decir, su operación e inversiones son financiadas por las ventas e ingresos que capta durante cada ejercicio fiscal. De ahí que por su naturaleza de ser una empresa paraestatal del gobierno federal, el adeudo lo arrastrará el Instituto Electoral para el 2023, donde lo que evidencia el presidente del IEM es un desconocimiento de los tiempos que tuvo el ejercicio fiscal 2022 para hacer un cierre sin pasivos, o bien comprometer el recurso para pagar en este año que inicia, o bien que dentro del presupuesto que le autorizó el congreso del estado vaya una partida para pagar ese adeudo, pero pretendió justificar el “indebido cobro” que dice es que concluido el proceso electoral, le llega Talleres Gráficos con el cobro de la factura por 12 millones más, esto conforme al contrato abierto, por lo que inconforme con ello dijo que “entonces dijimos, espérate no te puedo pagar ese dinero, es recurso público, yo te lo pago y termino en el bote”. Ante lo dicho por el árbitro Ignacio Hurtado su área administrativa le metió gol, pues quiere llegar a negociar lo que es un adeudo derivado de un contrato abierto que tiene amplia facilidad para que la oferta y la demanda se ajuste a las necesidades del cliente, es decir es un cheque en blanco, y más cuando señala que “No ha habido comunicación para ver, oye pues yo nada más te doy cuatro y ahí muere, o que ellos digan ah, pues ahora te voy a demandar, y pues nos demandamos y ahí nos vemos”. No es la primera vez que anda en estos entuertos el Consejero Presidente que también sigue un proceso ante la Auditoria Superior de Michoacán que se mantiene ante las instancias federales, y otros procedimientos administrativos ante la contraloría del Tribunal Electoral que siguen durmiendo el sueño de los justos, y que la malversación de fondos públicos sigue siendo un factor de cuestionamiento a las autoridades electorales, que con la reforma electoral debe revisarse el tema administrativo de estos organismos públicos.
