Mensaje del diputado Enrique Bautista Villegas, en la sesión solemne del congreso de estado, para conmemorar el 197 aniversario de la constitución de Apatzingán de 1814

Señoras y señores:

Hoy se cumplen 197 años de que en esta ciudad se promulgara la primera Constitución Política de la América Mexicana. Nos encontramos en el umbral de su Bicentenario. Este documento estableció los principios jurídicos fundamentales que habrían de normar la vida del México Independiente, a cuyo nacimiento convocará la madrugada del 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, del vecino Estado de Guanajuato.

El texto inscrito en el documento que nos ocupa refleja fielmente las expectativas de los mexicanos de aquel entonces y de sus ideólogos respecto a la Independencia y la emancipación de los territorios ocupados, del autoritarismo y explotación a que durante los tres siglos previos habían sido sometidos nuestros ancestros, naturales de estas tierras, por la Corona Española.

Quienes contribuyeron a este esfuerzo fueron numerosos mexicanos, aunque una parte importante de ellos ni siquiera conocieron el texto del también llamado “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, por haber sido privados de su existencia tiempo antes de haber concretado el sueño de darle vida jurídica a la Independencia de la Patria por la que lucharon. Tal  fue el caso del cura Hidalgo y de muchos valientes que sucumbieron en la lucha ante con el colonizador.
Otros, con mayor fortuna, participaron de manera directa e intensa con sus puntos de vista e ideas, surgidas de sus experiencias personales, tragedias vividas, reflexiones y ambiciones, por ser actores principales y testigos de las injusticias y la explotación que ejercían los emisarios de la Corona Española sobre la población nativa, la mestiza, la negra  y en general las llamadas castas.

Entre ellos estuvieron: Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, José María Coss, José Manuel de Herrera, José Sotero de Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate,  Manuel de Aldrete y Soria, Antonio José Moctezuma, José María Ponce de León y Francisco Argándar, José María Liceaga, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, Manuel Sabino Crespo, Antonio de Sesma, pero sobre todo y de manera especialmente importante, José María Morelos y Pavón.

Morelos no solo enarboló las banderas libertarias de Hidalgo, también las llevó al campo de la acción y las puso en práctica.
Su pensamiento quedó manifiesto en el profundo sentido social del texto de la Constitución de Apatzingán al incluir los enunciados contenidos  en “los Sentimientos de la Nación”, mismos que habían resultado de las siguientes observaciones: la inequidad en la distribución de la riqueza, que disfrutaban, por un lado, los españoles peninsulares y sus descendientes, y padecían, por  otro, los naturales de México, los criollos y las castas; el abuso que ejercían los primeros sobre los segundos,  prácticamente en todos los ámbitos; y el contraste en el horizonte de esperanza y rumbo, promisorio para unos y obscuro para otros.

El “Siervo de la Nación” no sólo fue fuente de inspiración en las cartas Constitucionales de 1814 y 1824; también lo fue en la Constitución de 1917.

Así, los enunciados del pensamiento de Morelos quedaron establecidos como principios esenciales: Estos son (cito):
“Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo,
“Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados.
“Que la Esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de Castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un Americano de otro el vicio y la virtud.
“Que en la nueva legislación no se admita la tortura.
Y desde luego el memorable y célebre enunciado:

“Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.” (termina la cita)

La Constitución de Apatzingán también incluía los enunciados para que México se erigiera como una nación con una forma de gobierno claramente definida: una República libre e independiente de cualquier gobierno extranjero, representativa, popular y federal, bajo la dirección de tres poderes diferentes que articularían esfuerzos en pos de la justicia social y económica, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, respetando derechos fundamentales, como la libertad de sufragio, el derecho a un trabajo digno y la libertad de expresión, de escribir y publicar ideas políticas sin censura previa.

Debe reconocerse que los principios libertarios y las bases jurídicas para la conformación de una república federada e independiente expresadas por Morelos y los constituyentes de Apatzingán, no adquirieron obligatoriedad jurídica hasta que fue consumada la Independencia y promulgada  la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 24 de octubre de 1824.

A pesar de lo anterior, nadie puede negar que después de casi dos siglos de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, los grandes lastres que nos heredaron trescientos años de colonialismo militar español, continúan vigentes, si no es que agravados, aunque sus manifestaciones seguramente se han diversificado y adecuado a los tiempos, como virus mutantes.

Si bien el levantamiento insurgente, iniciado con el grito de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y la promulgación de la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, fueron etapas fundamentales para erigirnos como una Nación soberana políticamente,  todavía no logramos asumir esta soberanía a plenitud y hoy nos encontramos atados a intereses económicos ajenos a nuestra patria: dejamos de estar colonizados políticamente para convertirnos en una colonia económica del imperio estadounidense y de sus aliados, los capitales trasnacionales.
Hoy la soberanía, continúa secuestrada; su ejercicio depende de la voluntad unilateral de unos pocos, locales y extranjeros, que lucran con la pobreza de las mayorías  e imponen sus criterios y prioridades. La esclavitud ha dejado de ser formal, pero no por ello es menos represiva que hace dos siglos, con el sometimiento económico de millones de naturales nacidos en este territorio. Hoy vivimos en un país de leyes, pero muchas son letra muerta; se aplican de acuerdo al criterio y los intereses de los poderosos, para beneficio de unos cuantos y perjuicio de los más débiles. La justicia sigue siendo una quimera. La inequidad en la distribución de la riqueza  es una constante en nuestro territorio. La buena Ley, la Constitución de la República,  que debiera ser superior a todo hombre, y que en su letra obliga a moderar la opulencia y la indigencia, se encuentra imposibilitada de aumentar el jornal del pobre, como sucedía hace dos cientos años.
Las graves contradicciones que vive México desde hace tres décadas, en lugar de acercarnos a los ideales de Morelos y los constituyentes de Apatzingán, nos hacen sentir cada día más distantes de la equidad y el bienestar colectivo. Lejos de haber mejorado nuestras costumbres, de abstraernos de la ignorancia, y de mantenernos al margen de la rapiña y el hurto, por la falta de oportunidades cada día más mexicanos están cayendo en estos vicios. Los poderes  político y económico han sido incapaces de corregir y mejorar estos males.

Nadie puede negar que México experimenta la más grave crisis social y económica de que tengamos memoria las actuales generaciones. Ciertamente, la peor  en el período post revolucionario.

La misma no es el resultado de la insuficiencia de recursos naturales o humanos; no es el resultado de limitaciones en nuestras capacidades; tampoco podemos atribuirla a la mala fe de terceros.

Ciertamente la crisis que enfrentamos es producto de nuestras contradicciones como sociedad, de vicios culturales que arrastramos históricamente y de otros que hemos ido adquiriendo a través de los tiempos, de la incapacidad o de la falta de voluntad para ser autocríticos y aceptar las razones de terceros, de asumir que todos quienes habitamos este país tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley y debemos acceder a las mismas oportunidades.

La crisis económica y social, que se manifiesta a través de la polarización en la distribución de la riqueza, el incremento en los índices de pobreza, el crecimiento de la delincuencia, tanto circunstancial como organizada, la falta de empleo suficientemente remunerado, de oportunidades para los jóvenes y la migración, son en buena medida el resultado de las contradicciones que arrastramos, pero también lo son de la perversión en la que ha caído nuestro sistema político y económico. Son un resultado de la corrupción y la impunidad generalizadas, que se han extendido como un cáncer social que urgentemente debemos erradicar.

Asimismo, la crisis que padecemos es el efecto de las desviaciones que hemos permitido sobre principios éticos fundamentales y de sana convivencia, de la imposición de los objetivos particulares y de grupo sobre el interés colectivo, y del uso de los recursos de la Nación para el provecho de intereses ajenos y no del conjunto de la sociedad.

Es reprobable que los partidos políticos se acusen unos a otros de la responsabilidad de los grandes males nacionales cuando las causas están a la vista. Tampoco se puede aceptar la visión necia de quienes ejercen el poder desde las más altas esferas del gobierno de la República y que pretenden culpar a los gobiernos del pasado y a quienes asumen visiones populares y de compromiso social, de ser los causantes de la anarquía que hoy vivimos en materia de inseguridad y desajustes sociales.

La política se ha degradado. Se busca imponer  visiones y posiciones de grupo por encima del interés superior de la sociedad. El ejercicio del poder se ha constituido en una obsesión fatal para quienes lo detentan. Los procesos electorales se ganan hoy por el partido que más capacidad de movilización de votantes pone en práctica el día de de la jornada electoral. Los ciudadanos no votan por quienes en conciencia consideran que mejor los puede representar; lo hacen por el mejor postor, por quien les ofrecen la despensa más abundante o el puñado de billetes más nutrido. Se medra con el hambre de la gente. El abuso del poder está presente en todas partes y a todos los niveles.

Sin intentar apologías, resulta contradictorio e injusto para las entidades federativas y para la sociedad, que el gobierno federal pretenda calificar de irresponsables a quienes en un ánimo por atender mayores demandas sociales se endeudan o se exceden en su gasto, a todas luces insuficiente, derivado de la inoperancia e inequidad de un sistema obsoleto de coordinación fiscal, cuando de manera paralela, el propio Titular del Ejecutivo Federal, solicita al Congreso de la Unión aprobar un endeudamiento adicional de 365 mil millones de pesos, como parte de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2012. Es injusto para las entidades federativas, porque si esa deuda se trasladara a las mismas, solo a Michoacán, de acuerdo a su población, le correspondería asumir 14 mil seiscientos millones de pesos. Es también injusto para la sociedad porque al cobrarse a lo chino con las participaciones federales, los supuestos compromisos financieros incumplidos por las entidades, se deja sin liquidez a las mismas, imposibilitando el pago de salarios a los trabajadores y de adeudos a proveedores, recursos de los que dependen para cubrir sus necesidades del día a día.

En este momento, como hace dos cientos años, es una prioridad inaplazable anteponer los intereses superiores de la nación.  Entender y aceptar  que todos quienes vivimos en este territorio somos mexicanos; que para lograr superar los problemas que nos aquejan requerimos del concurso de cada uno; que el ejercicio de la violencia en la lucha contra las actividades delincuenciales no genera saldos positivos para nadie, ya ésta venga de los grupos que la practican o del gobierno que la persigue; y que si bien es fundamental aplicar la Ley para restablecer el orden, también lo es contar con códigos de respeto a los derechos básicos de todo ser humano: el derecho a la vida. Hasta en las guerras más cruentas hay códigos éticos mínimos: el respeto a la población civil, a los niños, a las mujeres a los ancianos, a la familia. Todos debemos reconocer que las afectaciones que genera la delincuencia, a las pequeñas empresas y los pequeños empresarios, a quienes generan empleo, redundan en afectaciones para toda la sociedad, con las que nadie gana y todos pierden. Hasta los delincuentes más sanguinarios tienen hijos, mujeres, y ancianos, en sus familias, para quienes desean seguridad y un futuro de paz, afecto y oportunidades.

Recuperemos el espíritu de justicia social y el sueño independentista de la Constitución de Apatzingán. Esta debe ser una meta prioritaria  a lograr. Hagamos de su Bicentenario la ocasión para recuperar la esperanza perdida, de un futuro digno para nuestros hijos, nuestras familias, los michoacanos y los mexicanos todos.A nombre del Honorable Congreso del Estado de Michoacán y de los integrantes de la Septuagésima Primera Legislatura, me es grato convocar a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, al Ayuntamiento de Apatzingán, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Universidad Nacional de México, a las instituciones de educación superior en el Estado y a la sociedad en general,  a conjuntar esfuerzos para organizar las actividades cívicas y académicas que mejor convenga, para celebrar el próximo 22 de octubre del año 2014 el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Que sea esa celebración un encuentro de unidad de todos los mexicanos. Que se constituya en el crisol para el desarrollo futuro de un México independiente, tranquilo, equitativo, justo y prospero.
Muchas gracias