En teoría, desde 1996, en los Acuerdos de San Andrés, el gobierno federal se comprometió a terminar la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión de los pueblos indígenas. En la práctica, 2013 y nada. Los compromisos no han pasado del papel.
En teoría, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas -a la que México se adhirió en 2007- establece que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. En la práctica, en México hay proyectos de minería a cielo abierto, presas hidroeléctricas, parques eólicos, cambios en usos de los suelos…, que se han autorizado sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades afectadas.
En teoría, según los tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos indígenas tienen el derecho de recibir en su lengua información independiente, técnica, clara y precisa sobre los impactos ecológicos, económicos y sociales de los proyectos de desarrollo para arribar a una decisión libre y colectiva. En la práctica, no existen estos procesos que permitirían superar las políticas asistencialistas y la asimetría que se da cuando se sientan a negociar indígenas, empresarios y gobierno. Negociar entre iguales implica no sólo convencer sino también aceptar un “no” como respuesta; pero ni empresas ni gobiernos -federales, locales y municipales- parecen estar dispuestos a ello.
En teoría, deberíamos de tener leyes federales acordes con los tratados internacionales que atendieran las demandas de los movimientos indígenas por la reivindicación de sus derechos. En la práctica, en el recién firmado Pacto por México, todas las fuerzas políticas se comprometieron a expedir una nueva Ley para la Explotación Minera que “revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión”. O dicho de otra forma: gato por liebre. Muy convenientemente, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, ni lo mencionan.
Ya lo dijo Marcos citando a Eisntein: “La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona… y nadie sabe por qué”.
* Paola Zavala Saeb es integrante de *DHP, abogada, especialista en derechos humanos. Ha publicado anteriormente artículos de opinión para El Universal y Nexos en línea. Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para ONU- DH, GDF, CIDE, SCJN, TEPJF y el INMUJERES.
