Tras haber ganado todas las instancias en tribunales, los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II anunciaron esta mañana que reiniciarán su movilización ciudadana de manera pacÃfica, pero con todos los elementos a su alcance, con el fin de que el Gobierno del Distrito Federal, ahora sÃ, sin excusa ni pretexto de ninguna clase, cumpla con la sentencia del 7 de junio de 2010 y ordene la clausura definitiva y demolición de la gasolinera construida en Insurgentes Sur 4097.
Asimismo, exigirán ante quien corresponda, que se tomen las medidas a que haya lugar “a fin de que se castiguen los actos de omisión, error o ineficiencia o los que resulten en la aplicación de las leyes del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano en las que incurrieron funcionarios públicos y delegacionales del Distrito Federal, ante la evidencias detalladas por las altas autoridades del paÃs encargadas de proteger los derechos legÃtimos de los ciudadanos de este nuestro extraordinario paÃs. La Justicia con equidad, se ha aplicado demostrando con esta resolución, que si existeâ€, destacó su vocero Javier Méndez Guzmán.
Anunciaron que en breve iniciarán los trámites necesarios para establecer la destitución y juicio polÃtico a Higinio Chávez, Jefe Delegacional en Tlalpan, quien siempre incumplió con su deber como funcionario público al hacer caso omiso a sus demandas e incluso, al litigar en contra de ellos y a favor del empresario gasolinero.
Los vecinos de Tlalpan que iniciaron su movimiento hace 26 meses contra la instalación irregular de una gasolinera a un lado de sus viviendas, lograron ganar las tres instancias judiciales: el 7 de junio de 2010 en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el 24 de noviembre de 2010 en el 2° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 19 de octubre pasado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos desechó el recurso de revisión al amparo directo interpuesto por el dueño de la estación de servicio.
El grupo de condóminos insiste en que las autoridades deberán dejar sin efectos la Manifestación de Construcción y, al dictaminar el tribunal que se deben “regresar las cosas al estado en que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinerÃaâ€, quiere decir que no debe existir tal estación de servicio, por lo que debe demolerse.
Steven Czitrom, presidente de la mesa directiva del condominio Tlalpan II y quien agradeció el apoyo de los medios de comunicación para su movimiento, expresó que van a “urgir a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que dejen las cosas como estaban hasta antes del inicio de la construcciónâ€.
“Somos reiterativos sobre este punto porque ha ocurrido ya, en administraciones anteriores, que pese a las resoluciones de las mismas autoridades de Gobierno, clausurando las instalaciones que ponen en riesgo la vida de los vecinos como son gaseras o gasolineras, las construcciones quedan ahà y al paso de los meses mediante los clásicos subterfugios jurÃdicos que todos conocemos, y como fue en nuestro caso, estas instalaciones son puestas en servicioâ€, expresó Javier Méndez Guzmán a nombre de sus compañeros.
Recordaron que esta gasolinera comenzó a fraguarse durante la administración de Guillermo Sánchez Torres como Jefe Delegacional en Tlalpan y fue consentida por su sucesor y miembro del mismo equipo polÃtico, Higinio Chávez. Hoy Sánchez Torres es presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa y, desde allÃ, cada fin de legislatura, cuando vienen los procesos electorales y mientras todo el mundo está entretenido con las candidaturas, se realizan cambios en los usos de suelo que benefician a unos cuantos polÃticos y empresarios y dañan a la ciudad y a sus ciudadanos.
Los vecinos advirtieron: “el litigio acabó y esperamos las acciones del Gobierno de la ciudad. Caso contrario, haremos todo lo necesario que esté en nuestras manos, para que se cumplaâ€.
En su caso, el abogado Rolando Cañas Moreno destacó que el asunto de fondo ya no puede ser modificado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá emitir una nueva sentencia en los mismos términos que la anterior y reforzarla con opiniones derivadas por las revisiones posteriores.
Cañas Moreno resaltó que como un caso excepcional los tribunales aceptaron el interés legÃtimo de los ciudadanos, que si bien se encuentran contenidos en las leyes hace muchos años, difÃcilmente es acogido, salvo que haya una afectación directa al interesado.
