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Los 24 policías de Celaya que estaban en la narconómina presuntamente recibían cada uno, alrededor de 5 mil pesos al mes de los Caballeros Templarios.

Según las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, están bajo sospecha funcionarios municipales del Catastro y Fiscalización de ese municipio, a quienes se les pagaba entre 10 y 20 mil pesos mensuales, por ‘filtrar’ información a la delincuencia de víctimas para extorsionar y secuestrar.

El perito de la PGJE que fue detenido por servir a los Templarios, Antonio Cárdenas Venegas, recibía 8 mil pesos al mes por colaborar con información al crimen.

Los policías ministeriales de la PGJE que entraron a algunas de las 20 casas que les aseguraron a los Templarios, encontraron cajas y cajas con documentos de pagos de nómina, entre las que descubrieron los nombres de los policías y de otros funcionarios municipales.

La Procuraduría de Justicia desarticuló una poderosa red criminal en Celaya, liderada por un operador directo de Servando Gómez, alias La Tuta, se trata de Inocente Carranza Reynoso, o Samuel Reynoso García, alias El Venustiano, ex director operativo de la Policía de Zitácuaro, Michoacán.

En total hubo 10 personas detenidas, se aseguraron 250 mil pesos en efectivo, uniformes de Pemex, rollos de pequeños sellos para distinguir las películas piratas distribuidas en Celaya, una máquina contadora de dinero, armas, 40 kilos de marihuana, cocaína, dos placas policiacas y una gran cantidad de recibos de gastos que realizaba el grupo criminal.

En su lista de extorsión tenían a 500 víctimas, la mayoría empresarios de Celaya y la región.

El procurador Carlos Zamarripa Aguirre, informó que el golpe que asestó a esta organización delictiva de Michoacán, desbarató la red y el centro de operaciones, ya que habían hecho de Celaya su base.

La investigación de la Procuraduría de Justicia tenía más de seis meses en proceso.

“En la investigación que hemos hecho, hemos registrado delitos diversos de esta organización delictiva. Este era el grupo principal que desplegaba su actividad criminal en esta región. Tenían su base en Celaya, no solamente operaban ahí, pero el 90 por ciento de su actividad estaba focalizada ahí”, reveló Zamarripa, en entrevista con MILENIO.

Otros de los municipios en los que habían desplegado su actividad delictiva son Villagrán, Tarimoro, Salvatierra, Santiago Maravatío, Moroleón, Uriangato y Yuriria, entre otros.

“Yo quiero puntualizar que son más de dos docenas de funcionarios a los que les daban sobornos, y que es lo que encontramos y que estos documentos están ahí y forman parte de la averiguación previa, la veracidad de estos documentos de lo que ellos llaman nómina, lo que llaman la bitácora de servicio, y que asumen como lo que ellos llaman los sobornos a los funcionarios que pagaban, precisamente es lo que se tiene que investigar y probar”, señaló el procurador de Justicia.

En los operativos también participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.