Los diputados integrantes del Consejo de Coordinación para la implementación, seguimiento y evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Michoacán, presentaron ante el Pleno del Congreso de la LXXI Legislatura, el documento que contiene la iniciativa del nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán.

Los diputados Samuel Arturo Navarro Sánchez, Gabriela Molina Aguilar, Eligio Cuitláhuac González Farías y Jesús Ávalos Plata; integrantes, realizaron los trabajos con los que iniciaría la reglamentación en el estado para darle paso oficial a los juicios orales.


Lo anterior derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, donde las entidades federativas y la Federación están obligadas, en el plazo de 8 años, a implementar un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio que sustituya al que se encuentra vigente.

Así, en el compromiso de Michoacán con la modernización de las instituciones que conforman el sistema de seguridad pública y justicia penal para dar un mejor servicio a la ciudadanía, y en cumplimiento del mandato constitucional, avanzó hacia esta reforma que plantea la transformación de instituciones como son la policía, el ministerio público, los servicios periciales y el funcionamiento de los Juzgados Penales.

En otro punto del orden del día, se dio lectura a la comunicación por medio de la cual, el diputado Roberto Arriaga Colín se reincorpora a sus actividades legislativas a partir del día 24 de noviembre de la presente anualidad.

Además, se dio lectura a la comunicación mediante la cual el H. Ayuntamiento de La Piedad informó de la ausencia del Síndico municipal, para posteriormente, en una segunda sesión, tomara protesta Martín Ignacio Madrigal Torres como tal.

En otro punto del orden del día, el diputado Gonzalo Elvira Cabrera dio lectura a la Iniciativa de decreto que tiene la finalidad de evitar que quienes ostenten cargos de elección popular, no puedan solicitar licencia a su cargo para poder contender por otro.

En tanto, el diputado Eduardo Sánchez Martínez consideró que México vive hoy una economía global que se caracteriza por la competencia entre empresas, por lo que las distintas naciones buscan reducir sus regulaciones para atraer al mayor número de empresas para que se instalen en sus territorios y generen riqueza, a la par de empleo y capacitación para sus ciudadanos.

Así, expuso que la sobreregulación en esta materia inhibe la creación de empresas formales, por lo que propone que las adquisiciones que se realicen mediante fusión de sociedades que se lleven a cabo conforme a la Ley no deben considerarse como enajenaciones, y por ello no deben ser objeto de ningún gravamen.

Por esto, “es necesario que, con el fin de evitar posibles violaciones a los derechos constitucionales de los contribuyentes en Michoacán, se deje de considerar a la adquisición de inmuebles derivada de fusión de sociedades como objeto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles”, dijo Sánchez Martínez.

Durante la misma sesión, se aprobó el acuerdo por el que se declara improcedente la iniciativa de Ley de Vivienda y Suelo Urbano para el Estado de Michoacán y sus Municipios, elaborado por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social en el Congreso del Estado, esto luego de que en sesión del Pleno del 23 de septiembre del 2003 se diera lectura a dicha iniciativa.

El Pleno de la LXXI Legislatura autorizó al ayuntamiento de Marcos Castellanos, Michoacán, para que firme el convenio de asociación intermunicipal con los municipios de Tizapán el Alto y Santa María del Oro del Estado de Jalisco para la construcción de un relleno sanitario dentro del territorio del municipio de Mazamitla, Jalisco; esto luego de la comunicación enviada por dicho Ayuntamiento a las Comisiones de Gobernación, de Fortalecimiento Municipal y de Recursos Naturales y Medio Ambiente.