Un niño mongol de tan sólo un año, dueño de parte de una importante empresa de carbón en el desierto de Gobi. Un azerbaiyano de once años que se beneficia de contratos gubernamentales con Turkmenistán y China. Una adolescente rusa que cuenta con inversiones en sistemas de pensiones canadienses y californianos, además de miles de millones de dólares en activos.
Estos son solo algunos de los casi 300 niños que, para 2020, poseían o tenían participaciones significativas en empresas de Luxemburgo, según ha revelado una investigación realizada en el marco del proyecto OpenLux.
Aunque en Luxemburgo no es ilegal que los menores sean dueños de empresas, muchos de los nombres identificados por OCCRP y sus socios hubieran tenido que prender alarmas. Entre ellos hay menores cuyos padres son oligarcas, delincuentes e individuos cercanos a figuras políticamente influyentes. Una cuarta parte de estos eran incluso más jóvenes que las empresas de las que eran propietarios.
En 2019, Luxemburgo publicó por primera vez un registro de «beneficiarios finales» – los verdaderos dueños de empresas, a diferencia de los apoderados o nominados–, con el que se pudo tener una mirada sin precedentes sobre quiénes se han favorecido con la confidencialidad financiera del país.
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