.El que Enrique Peña Nieto haya minimizado y descalificado la denuncia por delitos de lesa humanidad que interpusieron más de 23 mil ciudadanos mexicanos en contra de Felipe Calderón, por los más de 50 mil asesinatos cometidos por su gobierno durante la guerra contra el narcotráfico, reitera el desprecio y nulo interés que el ex gobernador del estado de México siempre ha tenido por el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, lo que constituye un llamado de alerta sobre lo que nos puede esperar en caso de que se llegara a convertir en presidente de la República.

Señalar que a “a un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio de esta naturaleza” sólo reafirma la tendencia del candidato del PRI a fortalecer el poder presidencial por encima de cualquier ley, incluida la Constitución, lo que refiere peligrosos visos de avasallamiento, propios de los poderes monárquicos de antaño que creíamos superados, a la vez que un pernicioso síntoma de intolerancia como la vivida durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz o el de Carlos Salinas de Gortari.

Sugerir tan sólo que el poder del presidente de la República es absoluto y no puede ser llevado a juicio por sus actos es un hecho retrógrada que va en contra de los avances que en materia de democracia se han tratado de introducir en nuestras leyes, lo que representa una regresión con la que se envía el claro mensaje de que con el PRI nuevamente en Los Pinos se fortalecería el presidencialismo absoluto, históricamente acostumbrado a pasar por encima de los poderes Judicial y Legislativo.

De consolidarse esta idea, Peña Nieto estaría avalando que los gobiernos priistas hayan recurrido al crimen como única forma de aplicar la justicia y hayan evadido asumir su responsabilidad en casos como la masacre indígena de Acteal de 1997, la matanza de estudiantes de 1968, el asesinato de mujeres en el estado de México entre 2005 y 2011, y los 50 mil muertos -la mayoría de ellos en estados gobernados por el PRI- en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.

Peña Nieto dice encabezar un PRI moderno, pero a la menor provocación demuestra que forma parte de ese viejo partido que no ha cambiado y cuyo periodo en el poder  permitió engendrar en nuestro país lo que Mario Vargas Llosa describió como la “dictadura perfecta”, cuyos perjudiciales efectos han seguido presentes en 11 años de panismo y que nuestro país, dada la conformación del actual régimen político, no resiste más.

Por ello es importante que los partidos que conformamos la izquierda mexicana consolidemos la propuesta hecha en su momento por Marcelo Ebrard respecto a impulsar los gobiernos de coalición, a fin de permitir que haya un jefe del Ejecutivo y un jefe de Gobierno, para evitar así otorgarle omnipotencia a una sola persona, como pretende Peña Nieto. Bien harían todos los candidatos a la presidencia considerar dicha propuesta, pues una postura en otro sentido sería altamente perjudicial para el modelo de democracia participativa que buscamos construir.

A T E N T A M E N T E

Hortensia Aragón Castillo

Coordinadora Nacional

Foro Nuevo Sol-PRD

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